La batalla por regular la inteligencia artificial: cuando el federalismo se pone a prueba
Buenos Aires da un paso adelante mientras Washington quiere frenar a los estados.
Mientras la administración Trump redacta una orden ejecutiva para impedir que los estados norteamericanos regulen la inteligencia artificial, del otro lado del continente la Provincia de Buenos Aires acaba de convertirse en la primera jurisdicción argentina en establecer un marco normativo para estas tecnologías. La coincidencia temporal no es casual: revela una tensión que atraviesa a todas las federaciones del mundo.
El experimento estadounidense: cuando Big Tech escribe las reglas
La semana pasada, el borrador de una orden ejecutiva titulada “Eliminating State Law Obstruction of National AI Policy” sacudió el debate regulatorio en Estados Unidos. El documento instruye al Fiscal General a crear un “AI Litigation Task Force” con una única misión: demandar a los estados que aprueben leyes sobre inteligencia artificial.
El mecanismo es brutal en su simplicidad: si California o Colorado insisten en regular cómo las empresas desarrollan y despliegan sistemas de IA, el Departamento de Justicia los llevará a los tribunales alegando que esas normas interfieren inconstitucionalmente con el comercio interestatal. Y por si eso no fuera suficiente, se amenaza con retirar fondos federales de banda ancha a las jurisdicciones “desobedientes”.
Lo revelador es el contexto. Esta orden ejecutiva surge días después de una cena en la Casa Blanca donde Trump recibió a Jensen Huang de Nvidia, Greg Brockman de OpenAI y al omnipresente Elon Musk. La conexión entre las donaciones de estas empresas y las políticas que las benefician ya ni siquiera intenta disimularse.
El Senado dice que no (pero el ejecutivo insiste)
Aquí viene lo jurídicamente interesante: el Congreso ya rechazó esta idea. En julio, el Senado votó 99 a 1 para eliminar una moratoria de diez años sobre regulaciones estatales de IA que se había incluido en el paquete presupuestario republicano. Noventa y nueve a uno. Eso no es una derrota menor; es un mensaje inequívoco del poder legislativo.
Sin embargo, la administración busca ahora lograr por decreto lo que no consiguió por ley. Y aquí es donde un abogado constitucionalista argentino levanta las cejas: ¿puede el ejecutivo instruir al poder judicial federal para demandar sistemáticamente a los estados? ¿No estamos ante un uso instrumental de la justicia que socava el equilibrio de poderes?
El gobernador de Florida, Ron DeSantis —difícilmente un progresista— calificó la medida como “abuso del gobierno federal” y advirtió que dejar la regulación de la IA exclusivamente en manos de Washington equivale a “subsidiar a Big Tech”. Cuando republicanos y demócratas coinciden en que algo está mal, probablemente algo esté muy mal.
Mientras tanto, en Buenos Aires...
En un giro que parece diseñado para contrastar con el caos estadounidense, la Provincia de Buenos Aires publicó la Resolución 9/2025, estableciendo el primer marco regulatorio subnacional de inteligencia artificial en Argentina.
La norma es técnicamente sólida. Crea un Registro Provincial de Inteligencia Artificial donde deben inscribirse todos los sistemas utilizados por la administración pública. Clasifica las tecnologías por niveles de riesgo —un enfoque similar al de la Unión Europea— y prohíbe expresamente usos “inaceptables”. Obliga a los organismos a informar cuando los ciudadanos interactúan con sistemas automatizados.
Desde una perspectiva jurídica, lo más relevante es que Buenos Aires no esperó al Congreso Nacional. Actuó dentro de su esfera de competencias —la administración pública provincial— y sentó un precedente que probablemente impulse a otras jurisdicciones a seguir el mismo camino.
La lección para Argentina: regular desde abajo
El contraste entre ambos países ofrece una lección valiosa para quienes seguimos el derecho tecnológico en Argentina. En Estados Unidos, la ausencia de legislación federal creó un vacío que los estados están llenando con iniciativas propias. California aprobó la SB 53 sobre transparencia en modelos de frontera; Colorado sancionó protecciones al consumidor específicas para IA. Y ahora el gobierno federal quiere retrotraer todo ese avance.
En Argentina tenemos al menos nueve proyectos de ley sobre IA en el Congreso Nacional, varios de los cuales perdieron estado parlamentario sin siquiera ser debatidos. La Disposición 2/2023 de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información estableció “Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable”, pero son exactamente eso: recomendaciones, no obligaciones.
Ante la parálisis legislativa nacional, la iniciativa bonaerense marca un camino posible. Las provincias argentinas tienen competencias sobre sus propias administraciones públicas, sobre protección del consumidor en sus jurisdicciones, sobre educación y salud provinciales. Nada impide que Córdoba, Santa Fe o Mendoza sigan el ejemplo de Buenos Aires.
El riesgo de no hacer nada
Lo que está en juego no es abstracto. La IA ya interviene en decisiones que afectan derechos fundamentales: algoritmos que filtran currículums, sistemas que asignan turnos médicos, herramientas que moderan contenido en redes sociales. Sin regulación, los afectados por decisiones algorítmicas erróneas o discriminatorias no tienen a quién reclamar.
El argumento de que la regulación frena la innovación merece ser examinado con escepticismo. La Unión Europea aprobó el AI Act, el marco regulatorio más ambicioso del mundo, y las empresas tecnológicas siguen operando allí sin mayores inconvenientes. Lo que las empresas realmente quieren no es ausencia de regulación sino regulación favorable, diseñada a su medida.
Conclusión: el federalismo como oportunidad
Para Argentina, el debate estadounidense debería funcionar como advertencia y como inspiración. Advertencia porque muestra hasta dónde puede llegar la presión corporativa sobre las instituciones democráticas. Inspiración porque demuestra que los estados subnacionales pueden actuar cuando los gobiernos centrales no lo hacen.
La Resolución 9/2025 de Buenos Aires es un primer paso modesto pero significativo. Ahora corresponde a otras provincias evaluar si quieren sumarse a ese camino, y al Congreso Nacional decidir si finalmente asume su responsabilidad de establecer un marco integral.
Mientras tanto, seguiremos observando cómo se desarrolla el experimento estadounidense. Si la orden ejecutiva de Trump prospera, veremos por primera vez a un gobierno federal usando su aparato judicial para impedir que jurisdicciones locales protejan a sus ciudadanos frente a tecnologías potencialmente riesgosas. Las implicancias para el constitucionalismo federal —y para la democracia misma— son profundas.
Fuentes y referencias
Sobre la orden ejecutiva de Trump y el conflicto federal-estatal en EE.UU.:
CNN Business (20/11/2025): “Trump renews effort to block states from regulating AI, raising alarms about safety“
CNBC (20/11/2025): “White House crafting executive order to thwart state AI laws“
The Washington Post (19/11/2025): “White House drafts order directing Justice Department to sue states that pass AI regulations“
TechCrunch (22/11/2025): “Trump administration might not fight state AI regulations after all“
PBS NewsHour (20/11/2025): “Trump considers order to override state regulations on artificial intelligence“
Center for American Progress (19/11/2025): “Moratoriums and Federal Preemption of State Artificial Intelligence Laws Pose Serious Risks“
Sobre la Resolución 9/2025 de la Provincia de Buenos Aires:
El Argentino Diario (23/11/2025): “Buenos Aires establece la primera regulación oficial de inteligencia artificial en Argentina“
Sobre el estado de la regulación de IA en Argentina:
Biblioteca del Congreso de la Nación (Julio 2025): “Dossier Legislativo: Inteligencia Artificial“
Allende & Brea (Marzo 2025): “Iniciativas legislativas y normativa sobre Inteligencia Artificial en América Latina“
WSC Legal (Abril 2025): “Regulación de la Inteligencia Artificial en Argentina“
DataGénero (Febrero 2025): “En Argentina ¿se busca regular la Inteligencia Artificial?“
Canal E / Perfil (02/07/2025): “Argentina discute su primera ley marco sobre inteligencia artificial: ¿qué está en juego?“