El 6 de abril de 2026, OpenAI publicó un documento de 13 páginas titulado “Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First”. No es un paper académico. No es un blog post de rutina. Es un manifiesto de política pública firmado por la empresa que más está acelerando la llegada de la inteligencia artificial sobrehumana. Y lo hizo en un momento muy preciso: a semanas de una IPO que la valúa en más de 850.000 millones de dólares, en medio del debate legislativo más intenso sobre IA en la historia del Congreso de Estados Unidos, y justo antes de inaugurar un espacio en Washington para “facilitar conversaciones” con legisladores.

La pregunta jurídica relevante no es si las propuestas son buenas o malas. Es quién tiene el poder de diseñar las reglas del juego cuando el árbitro y el jugador son la misma entidad. Es un problema de legitimidad democrática que trasciende cualquier jurisdicción particular: cuando una corporación privada llega primero al debate público con sus propios marcos conceptuales, cualquier respuesta legislativa —en Washington, Bruselas, Buenos Aires o Ciudad de México— tendrá que partir, en algún punto, de ese documento.

Lo que propone OpenAI: un New Deal para la era de la IA

El documento parte de un diagnóstico que merece tomarse en serio aunque provenga de una fuente con intereses evidentes. OpenAI sostiene que los sistemas de inteligencia artificial avanzan hacia un punto en que superarán a los seres humanos en prácticamente cualquier tarea cognitiva, incluso a aquellos que ya utilizan herramientas de IA como asistencia. Si ese diagnóstico es correcto, la escala del desplazamiento laboral que se avecina no tiene precedente histórico moderno.

Ante ese escenario, el documento articula tres propuestas centrales. La primera es el llamado “dividendo de eficiencia”: si una empresa puede hacer con cuatro días lo que antes hacía con cinco gracias a la IA, ese día ganado debería ir al trabajador, no al margen empresarial. La propuesta concreta es impulsar programas piloto de semanas laborales de 32 horas a salario completo, con colaboración entre gobiernos y sindicatos. La segunda propuesta es la reforma fiscal: reducir la dependencia de los impuestos sobre nóminas —que se erosionan cuando el trabajo humano disminuye— y reemplazarlos por gravámenes sobre capital, plusvalías y, especialmente, un nuevo tributo sobre el trabajo automatizado. Si una empresa reemplaza trabajadores con agentes de IA, esa decisión debería generar una contribución fiscal que financie transiciones laborales. La tercera propuesta es la creación de redes de seguridad “auto-disparadas”: cuando los indicadores de desplazamiento laboral crucen umbrales predefinidos, se activan automáticamente prestaciones de desempleo ampliadas y asistencia directa, sin necesidad de legislación nueva en cada crisis.

El documento también incluye una sección que debería preocupar más que todas las demás: OpenAI reconoce explícitamente la existencia de escenarios donde sistemas de IA peligrosos no pueden ser retirados porque son autónomos y capaces de replicarse. Su respuesta es la coordinación con gobiernos mediante “protocolos de contención”. Es la primera vez que una empresa de esta escala reconoce públicamente que podría crear algo que ella misma no puede apagar.

La trampa jurídica: cuando el regulado diseña la regulación

En derecho, hay un principio elemental que rige la legitimidad de las normas: quien tiene un interés directo en el resultado no puede ser árbitro imparcial del proceso. El conflicto de interés no invalida las ideas, pero exige escrutinio reforzado.

OpenAI llegó con sus propuestas, su lenguaje y su marco conceptual antes que cualquier legislador. Ahora cualquier debate en Washington, y por extensión en el mundo, tendrá que partir, en algún punto, de este documento. Eso se llama captura regulatoria. Aquí viene disfrazada de altruismo institucional.

El precedente es relevante: cuando California discutió la SB1047, una ley de gestión de riesgos para sistemas de IA que proponía medidas similares a las que el propio Sam Altman había reclamado ante el Congreso en audiencias previas, OpenAI la opuso activamente. Cuando el AI Act europeo intentó fortalecer la supervisión sobre empresas que desarrollan sistemas de alto riesgo, OpenAI también presionó para debilitar esas cláusulas. La pregunta no es si las propuestas del documento son razonables. Es si los gobiernos pueden confiar en que la empresa que produce el problema diseñe la solución.

El marco jurídico argentino: derechos laborales en tierra de nadie tecnológica

Argentina tiene uno de los regímenes de protección laboral más robustos de América Latina. La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 establece garantías extensas para los trabajadores en relación de dependencia: derecho a la estabilidad, indemnizaciones por despido sin causa, limitaciones a la jornada laboral y derechos sindicales. El problema es que fue diseñada para un mundo donde el desplazamiento laboral tiene cara humana. El empleador que despide puede ser demandado, identificado, intimado. El sistema de IA que reemplaza a diez analistas contables no tiene personería jurídica, no puede ser convocado a una audiencia del SECLO y no paga contribuciones patronales.

La jornada laboral está regulada en la Argentina por la Ley N° 11.544, que fija el máximo en ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales, con excepciones. La semana de cuatro días que propone OpenAI implicaría una modificación sustancial de ese marco: distribuir cuarenta horas en cuatro jornadas, o bien reducir efectivamente la carga horaria. La primera opción ya es posible en Argentina mediante acuerdo entre partes o convenio colectivo; la segunda exigiría reforma legal. Pero el problema más profundo no es la jornada: es que el Código Civil y Comercial de la Nación no contempla al sistema de IA como sujeto de obligaciones, ni como empleador, ni como responsable civil directo cuando sus decisiones generan daño laboral.

El vacío normativo es completo. Si una empresa argentina reemplaza a su equipo de atención al cliente con un sistema de procesamiento de lenguaje natural, ninguna norma vigente obliga a tributar por ese reemplazo. No existe equivalente local al “robot tax” que propone OpenAI. No hay fondo de transición laboral tecnológica. No hay redes de seguridad que se activen automáticamente cuando el desempleo estructural por automatización supera determinado umbral. El ANSES y el sistema de seguridad social están diseñados para responder a crisis cíclicas, no a transformaciones permanentes de la estructura del mercado de trabajo.

Lo que hacen otros países: entre la vanguardia europea y la parálisis estadounidense

La Unión Europea ha adoptado el enfoque más sistemático. El AI Act —Reglamento (UE) 2024/1689— clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y establece obligaciones reforzadas para aquellos de alto impacto. A partir del 2 de agosto de 2026 entran en vigor las obligaciones más exigentes, que incluyen auditorías independientes, evaluaciones de impacto y documentación de conformidad. El Reglamento no resuelve directamente el desplazamiento laboral, pero establece un principio que la propuesta de OpenAI ignora estratégicamente: el control debe ser externo, independiente y previo al daño.

Estados Unidos, en cambio, transita el camino opuesto. La administración Trump ha orientado su política de IA hacia la desregulación, eliminando restricciones ejecutivas previas e impulsando la competitividad sobre la precaución. En ese contexto, el documento de OpenAI funciona también como una apuesta política: si el gobierno federal no va a regular, que sea la propia industria la que proponga los marcos. Es una estrategia que tiene nombre en la teoría jurídica anglosajona: regulatory capture through standard-setting.

México, mucho más cerca geográfica y culturalmente de Argentina, acaba de dar un paso distinto. En abril de 2026, la Cámara de Diputados aprobó legislación que protege la voz e imagen de artistas y trabajadores creativos frente al uso de IA, con una excepción para parodia y sátira que no induzca a confusión ni pretenda sustituir al artista en su mercado profesional. Es una regulación sectorial, no sistémica, pero existe. Argentina no tiene ni eso.

Las implicancias globales: el vacío que nadie quiere llenar

El verdadero problema no es que OpenAI haya publicado este documento. El problema es que pudo hacerlo en un vacío. Ningún gobierno del mundo tiene todavía una respuesta sistémica al desplazamiento laboral por automatización masiva. La UE regula los sistemas de IA por nivel de riesgo, pero no aborda la redistribución económica. EE.UU. desregula. América Latina debate sin avanzar. En ese contexto, cualquier actor que llene el vacío con un marco conceptual propio gana una ventaja estructural en el debate regulatorio que seguirá durante años.

Para los países de la región, el escenario es especialmente delicado. Argentina es un buen ejemplo del patrón general: el problema no es la falta de ideas sino la ausencia de prioridad política. En el Congreso Nacional hay proyectos de ley sobre regulación de IA de distintos bloques, incluyendo la iniciativa del diputado Diego Giuliano de abril de 2026, basada en el modelo europeo. Ninguno ha avanzado. Mientras tanto, empresas locales y multinacionales con operaciones en el país ya implementan sistemas de IA que automatizan procesos que antes requerían trabajo humano. El patrón se repite en Brasil, Colombia, Chile y México con distintos grados de avance legislativo pero la misma brecha de fondo: la tecnología avanza más rápido que la respuesta institucional, y quienes definen los marcos mientras los gobiernos dudan son las propias empresas que los necesitan.

La responsabilidad civil que emerge de esta situación es difusa y costosa de litigar. Si un trabajador es despedido porque su función fue automatizada, puede alegar despido sin causa bajo la Ley N° 20.744 y obtener indemnización. Pero no puede atacar jurídicamente la decisión de automatizar, porque esa decisión es lícita bajo el derecho vigente. La empresa ejerce su potestad de organización. El trabajador cobra una indemnización que no alcanza para financiar una reconversión laboral en un mercado que ya cambió.

El concepto de riesgo contractual es particularmente relevante aquí. Los convenios colectivos de trabajo vigentes en Argentina —metalúrgicos, bancarios, de comercio, docentes— no contemplan cláusulas de protección frente a la sustitución tecnológica masiva. No existe en nuestro sistema la figura del “aviso tecnológico”: una obligación de notificación previa y negociación cuando una empresa introduce tecnología que va a eliminar puestos de trabajo de manera estructural. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, garantiza el derecho al trabajo en términos que podrían fundar ese deber de negociación, pero la jurisprudencia no ha construido esa línea argumental con solidez.

Desde la perspectiva de la protección del consumidor, hay otro ángulo que suele ignorarse: cuando un sistema de IA reemplaza a un trabajador de atención al cliente, las personas que interactúan con ese sistema tienen derecho a saber que no hablan con un ser humano. La Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor prohíbe el engaño y la información falsa o engañosa. Un chatbot que simula ser una persona humana para gestionar reclamos sin revelar su naturaleza podría encuadrar perfectamente en esa prohibición. Es una herramienta existente que las autoridades no están usando.

“La propuesta de OpenAI es inteligente, bien escrita y en varios puntos correcta en el diagnóstico. El problema no es lo que dice: es lo que omite. No propone ningún mecanismo de control externo sobre la propia OpenAI. No explica quién audita los ‘protocolos de contención’. No detalla cómo se evita que el fondo público de riqueza termine siendo administrado por las mismas empresas que lo alimentan. Un New Deal sin Roosevelt es solo una lista de deseos corporativos con lenguaje progresista.”

Propuesta: tres medidas que Argentina podría tomar hoy

No es necesario esperar una ley de IA comprehensiva, que en el mejor de los escenarios demoraría años en aprobarse, reglamentarse y aplicarse. Hay tres intervenciones que podrían implementarse en el marco normativo vigente o con modificaciones menores.

La primera es incorporar al derecho laboral argentino la obligación de consulta previa cuando una empresa introduce tecnología que va a eliminar más del diez por ciento de los puestos de trabajo de una unidad productiva. No se trata de prohibir la automatización, sino de crear un espacio de negociación antes del hecho consumado. Esto es perfectamente compatible con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con el espíritu de la Ley N° 20.744.

La segunda es extender explícitamente el régimen de defensa del consumidor a las interacciones mediadas por IA. La Secretaría de Comercio podría emitir una resolución interpretativa de la Ley N° 24.240 que establezca la obligación de informar cuando un servicio de atención es prestado por un sistema automatizado, sin necesidad de reforma legislativa.

La tercera, y más estructural, es comenzar a debatir seriamente un fondo de transición tecnológica financiado por un aporte de las empresas que implementen sustitución tecnológica masiva. No como impuesto punitivo, sino como reconocimiento de que la automatización genera externalidades sociales que el mercado no internaliza. La propuesta no es nueva ni radical: es, exactamente, lo que la empresa más poderosa del mundo acaba de admitir que hace falta.

El problema de Argentina no es la falta de marcos jurídicos disponibles. Es la ausencia de voluntad política para usarlos antes de que la urgencia los vuelva insuficientes.

Fuentes y referencias

• OpenAI, “Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First”, 6 de abril de 2026. https://openai.com/index/industrial-policy-for-the-intelligence-age/

• Infobae, “El creador de ChatGPT publicó el contrato social para sobrevivir a la tecnología que él mismo está desatando”, 7 de abril de 2026. https://www.infobae.com/tecno/2026/04/07/el-creador-de-chatgpt-publico-el-contrato-social-para-sobrevivir-a-la-tecnologia-que-el-mismo-esta-desatando/

• TechPolicy Press, “OpenAI’s New ‘Industrial Policy for the Intelligence Age’ is a Policymercial”, 8 de abril de 2026. https://www.techpolicy.press/openais-new-industrial-policy-for-the-intelligence-age-is-a-policymercial/

• Euronews, “La receta de OpenAI contra el impacto de la IA: impuestos por el uso de robots y semanas de 4 días”, 7 de abril de 2026. https://es.euronews.com/next/2026/04/07/impuesto-a-robots-y-semana-laboral-de-4-dias-el-plan-de-openai-para-la-economia-de-la-ia

• Wwwhatsnew, “OpenAI propone semana de 4 días, ‘impuesto a robots’ y red de seguridad automática”, 9 de abril de 2026. https://wwwhatsnew.com/2026/04/09/openai-semana-4-dias-impuesto-robots-mercado-laboral-superinteligencia/

• Exclusiva, “Cuál es el último proyecto de ley para regular la Inteligencia Artificial en la Argentina”, 4 de abril de 2026. https://exclusiva.com.ar/hoy/cual-es-el-ultimo-proyecto-de-ley-para-regular-la-inteligencia-artificial-en-la-argentina-y-cuales-son-sus-pilares/

• Parlamento Europeo, Reglamento (UE) 2024/1689 — AI Act, agosto de 2024. https://artificialintelligenceact.eu/es/

Un ingeniero de Samsung necesitaba corregir un error en el código fuente de un chip de semiconductores. Hizo lo que millones de empleados hacen cada día sin pensarlo demasiado: copió el código confidencial y lo pegó en ChatGPT.

Tres semanas después, otro colega subió las minutas de una reunión interna a la misma plataforma. Un tercero ingresó secuencias de prueba para detectar defectos en equipos propietarios.

En menos de un mes, tres empleados habían filtrado información protegida por acuerdos de confidencialidad a un sistema de inteligencia artificial controlado por un tercero. Samsung terminó prohibiendo el uso de herramientas de IA generativa para todo su personal.

El caso Samsung no fue un accidente aislado. Fue un espejo.

El confesionario digital: cuando el empleado le cuenta todo al chat

Según un informe de LayerX Security publicado en 2025, el 77% de los empleados que utilizan herramientas de IA generativa pegan información corporativa confidencial en esos sistemas. Más de la mitad de esos eventos involucran datos sensibles de la empresa: listas de clientes, cifras financieras, fragmentos de código fuente, estrategias internas.

Lo más alarmante es que el 82% de estas filtraciones ocurre desde cuentas personales que no están registradas en los sistemas de gestión de identidad empresarial. Para los equipos de seguridad y cumplimiento normativo, estas fugas de datos son completamente invisibles.

Las situaciones se repiten con una naturalidad que debería preocuparnos. Un ejecutivo pega el documento de estrategia 2025 de su empresa para que ChatGPT le arme una presentación en PowerPoint.

Un médico ingresa el nombre de un paciente y su diagnóstico para que la IA le redacte una carta a la aseguradora. Un abogado copia un borrador de contrato con cláusulas sensibles para que el chatbot lo revise y simplifique. Un contador sube un balance confidencial para que la herramienta lo analice. Nadie tiene intención de filtrar nada. Todos están, simplemente, tratando de ser más productivos.

Y ahí radica la ironía que me resulta fascinante y alarmante en partes iguales. Las empresas invierten recursos significativos en redactar acuerdos de confidencialidad sofisticados, con cláusulas de no divulgación minuciosas, penalidades por incumplimiento y jurisdicciones pactadas para eventuales disputas.

El empleado firma con solemnidad. Y al día siguiente llega a su escritorio y, con la mejor de las intenciones, le entrega esa misma información protegida a un modelo de lenguaje operado por un tercero, en otra jurisdicción, sin supervisión y sin dejar rastro auditable.

Mientras tanto, un dato del informe Clio Legal Trends confirma la brecha: el 79% de los profesionales legales utilizan herramientas de IA en su práctica, pero solo el 21% de las firmas tiene políticas formales que regulen su uso. Esa distancia entre adopción y gobernanza es un terreno fértil para desastres. Y según datos de Concentric AI, herramientas de IA generativa como Microsoft Copilot expusieron cerca de tres millones de registros sensibles por organización durante el primer semestre de 2025.

¿Pegar texto en ChatGPT viola tu NDA? La respuesta que nadie quiere escuchar

Desde el punto de vista del derecho argentino, la respuesta es incómoda pero clara. Los acuerdos de confidencialidad, tal como se regulan bajo el Código Civil y Comercial de la Nación, están diseñados para un paradigma de divulgación entre personas. La cláusula típica de un NDA establece que el receptor no divulgará información confidencial a terceros sin consentimiento previo por escrito del divulgador. Cuando un empleado ingresa esa información en una herramienta de IA pública, la transmite a un proveedor externo que opera en otra jurisdicción.

La pregunta jurídica relevante es si esa transmisión constituye una divulgación a un tercero en los términos del acuerdo. Desde mi perspectiva profesional, la respuesta es afirmativa. Como han señalado analistas especializados, el problema jurídico no radica en la intención ni en si la herramienta almacena o comparte la información posteriormente.

La exposición legal surge de la transmisión no autorizada en sí misma. No importa que el empleado haya actuado con las mejores intenciones de productividad. Pegar información confidencial en un sistema de un tercero sin autorización es, técnicamente, un incumplimiento contractual.

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales agrega otra capa de complejidad. Si la información confidencial incluye datos personales de clientes, empleados o terceros, su transferencia a un sistema de IA operado desde el exterior constituye una transferencia internacional de datos que requiere, como mínimo, que el país destinatario ofrezca niveles adecuados de protección. La mayoría de los proveedores de modelos de lenguaje procesan datos a través de servidores distribuidos en múltiples jurisdicciones, muchas de las cuales no cuentan con legislación equivalente a la argentina. Esto no es un detalle técnico menor: es una potencial infracción regulatoria.

Desde la perspectiva del derecho laboral argentino, la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo es igualmente clara. El empleado que filtra información confidencial a una herramienta de IA está incumpliendo el deber de fidelidad previsto en el artículo 85 y la obligación de guardar secreto del artículo 86. Esto podría configurar una injuria grave en los términos del artículo 242, habilitando al empleador a disponer el despido con justa causa.

Pero el problema real es que, como demuestran las estadísticas, la inmensa mayoría de estas filtraciones son involuntarias, bienintencionadas e indetectables con herramientas de seguridad tradicionales.

El empleado no tiene intención de violar su NDA. Simplemente está usando la herramienta más eficiente disponible para hacer su trabajo.

Lo que la Argentina y el mundo intentan hacer al respecto

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), a través de su Resolución 161/2023, creó el Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el uso de la Inteligencia Artificial. La guía publicada por la AAIP exige que tanto entidades públicas como privadas realicen evaluaciones de impacto antes de implementar sistemas basados en IA, respetando principios de transparencia, explicabilidad y protección de datos en todo su ciclo de vida.

Cabe preguntarse cuántas empresas argentinas que permiten a sus empleados utilizar herramientas de IA generativa han realizado estas evaluaciones. Me atrevo a decir que muy pocas.

En el Congreso argentino, varios proyectos buscan actualizar el régimen. Los impulsados por legisladores como Pablo Carro y Martín Doñate proponen una reforma integral de la Ley 25.326, que cumplió 25 años en 2025 y fue diseñada para un mundo que ya no existe. Otros proyectos, como los de la senadora Silvia Sapag y el diputado Daniel Gollán, plantean clasificar los sistemas de IA en categorías de riesgo siguiendo el modelo europeo.

En la Unión Europea, el RGPD y el AI Act están construyendo un marco que exige evaluaciones de impacto obligatorias, transparencia en el procesamiento de datos y el derecho de las personas a no estar sujetas a decisiones exclusivamente automatizadas.

En Estados Unidos, la ABA Formal Opinion 512 de julio de 2024 estableció que los abogados tienen la obligación ética de comprender las herramientas de IA que utilizan y que el consentimiento genérico en cartas de compromiso es insuficiente. Según investigaciones de Stanford, las tasas de error son del 17% para Lexis+ AI y del 34% para Westlaw AI-Assisted Research, herramientas específicas del sector legal. Más de 700 casos judiciales en el mundo ya involucran alucinaciones de IA.

Pero mientras el debate legislativo avanza a su ritmo habitual, la tecnología ya está instalada en los escritorios de miles de profesionales argentinos que la usan sin marco regulatorio específico.

Y eso que hasta ahora solo hablamos de chats. Ahora llegan los agentes.

Todo lo que describí hasta acá sucede con chatbots. Herramientas conversacionales donde el usuario activamente copia y pega información.

Es decir, el problema actual requiere una acción deliberada del empleado: abrir el chat, seleccionar el texto confidencial, pegarlo. Es grave, pero al menos tiene un componente humano identificable.

Lo que se viene es de una naturaleza radicalmente distinta.

OpenClaw apareció en noviembre de 2025 y en pocos meses se convirtió en el agente autónomo de IA de código abierto más popular del mundo, con más de 180.000 estrellas en GitHub y 1,5 millones de agentes creados.

Pero OpenClaw no es un chatbot. Es un agente que se ejecuta localmente en la computadora del usuario y que tiene acceso directo al sistema de archivos, puede ejecutar comandos en la terminal, controlar el navegador, gestionar correos electrónicos, administrar calendarios y mantener memoria persistente entre sesiones. Se conecta a WhatsApp, Telegram, Slack, Discord y actúa de forma autónoma en nombre del usuario.

La diferencia conceptual es abismal. Con un chatbot, el empleado decide qué información comparte. Con un agente autónomo como OpenClaw, el agente tiene acceso directo a todo: correos con información privilegiada, borradores de contratos, documentos sujetos a NDA, estrategias de negocio, datos de clientes. No necesita que nadie le pegue nada. Ya puede leerlo todo por sí mismo.

El equipo de investigación de seguridad de Cisco fue contundente en su evaluación: desde el punto de vista de capacidades, OpenClaw es un avance genuino; desde la perspectiva de seguridad, es una pesadilla absoluta.

La firma Bitsight detectó más de 30.000 instancias de OpenClaw expuestas públicamente en internet en apenas dos semanas de análisis. Astrix Security identificó más de 42.000 instancias filtrando claves de API, historiales de conversación y credenciales de cuentas.

Investigadores encontraron 386 habilidades maliciosas entre las aproximadamente 3.000 disponibles en ClawHub, el marketplace oficial de plugins. Kaspersky identificó 512 vulnerabilidades en una sola auditoría de seguridad, ocho de ellas críticas.

OpenClaw almacena credenciales en texto plano, no tiene autenticación incorporada por defecto y confía en localhost sin verificación. Un ataque a la cadena de suministro denominado ClawHavoc logró distribuir malware a través de plugins que parecían legítimos, robando claves de API que otorgaban control remoto completo sobre los agentes y todos los servicios conectados.

Imaginemos el escenario que no es hipotético sino inminente: un profesional argentino conecta un agente autónomo a su correo corporativo, su calendario, sus plataformas de mensajería y su sistema de archivos para automatizar tareas rutinarias. Todo lo que pasa por esos canales, incluida información protegida por acuerdos de confidencialidad, queda accesible al agente. Si la instancia está mal configurada, si un plugin malicioso compromete el sistema, o simplemente si los datos son procesados por APIs externas sin controles adecuados, toda esa información confidencial queda expuesta sin que nadie haya pegado nada en ningún chat.

Del NDA tradicional que preveía divulgaciones entre personas, pasamos al chatbot donde el empleado voluntariamente comparte información. Ahora entramos en la era donde un agente con permisos de sistema accede a la información confidencial de forma autónoma y la procesa a través de servicios de terceros sin intervención humana directa.

La verdadera ironía de nuestra época no es que los acuerdos de confidencialidad sean insuficientes. Es que hemos construido un ecosistema tecnológico donde la forma más natural de ser productivo consiste en entregar información protegida a sistemas que operan fuera de cualquier marco contractual, regulatorio o jurisdiccional. Y lo que viene es todavía peor: ya ni siquiera va a hacer falta que el empleado entregue la información. El agente va a ir a buscarla solo.

Adaptarse o firmar papeles que no sirven para nada

Los acuerdos de confidencialidad necesitan evolucionar con urgencia. Ya no alcanza con prohibir la divulgación a terceros en términos genéricos. Los NDA modernos necesitan cláusulas específicas que prohíban el ingreso de información confidencial en herramientas de IA sin autorización previa, que impidan el uso de esos datos para entrenar modelos, que exijan estándares técnicos de seguridad verificables para las herramientas permitidas, y que establezcan protocolos de notificación y remediación para filtraciones accidentales. También deben contemplar expresamente el uso de agentes autónomos con acceso a sistemas corporativos.

Las empresas argentinas necesitan políticas de uso de IA que no se limiten a prohibiciones genéricas. Prohibir la IA por completo es irreal y contraproducente: lo que se necesita son guardarraíles claros que definan qué herramientas están autorizadas, para qué propósitos, con qué nivel de información y bajo qué controles. Y estas políticas deben actualizarse para contemplar no solo chatbots sino agentes autónomos con permisos de sistema.

Los abogados tenemos una responsabilidad particular. No podemos asesorar a nuestros clientes sobre protección de datos y confidencialidad si nosotros mismos estamos pegando escritos judiciales y estrategias de litigio en herramientas de IA sin evaluar sus políticas de privacidad, retención de datos y jurisdicción aplicable.

Y Argentina necesita urgentemente actualizar su marco normativo: la Ley 25.326 fue pensada para un mundo donde la información se divulgaba de persona a persona, no donde un agente autónomo con acceso root la procesa silenciosamente a través de APIs en servidores distribuidos por el planeta.

La era de los agentes autónomos de IA ya llegó. Los acuerdos de confidencialidad que firmamos ayer necesitan responder a las amenazas de hoy y a las que se vienen mañana. Si no nos adaptamos, los NDA van a terminar siendo lo que muchos ya sospechan: un ritual jurídico que cumplimos por costumbre mientras la información fluye libremente hacia sistemas que nadie controla.

Fuentes y referencias

• LayerX Security, “Enterprise AI and SaaS Data Security Report 2025”, octubre de 2025. https://www.esecurityplanet.com/news/shadow-ai-chatgpt-dlp/

• Dark Reading, “Samsung Engineers Feed Sensitive Data to ChatGPT, Sparking Workplace AI Warnings”, 2023. https://www.darkreading.com/vulnerabilities-threats/samsung-engineers-sensitive-data-chatgpt-warnings-ai-use-workplace

• Help Net Security, “AI chatbots are sliding toward a privacy crisis”, octubre de 2025. https://www.helpnetsecurity.com/2025/10/31/ai-chatbots-privacy-and-security-risks/

• Cisco Blogs, “Personal AI Agents like OpenClaw Are a Security Nightmare”, febrero de 2026. https://blogs.cisco.com/ai/personal-ai-agents-like-openclaw-are-a-security-nightmare

• Bitsight, “OpenClaw Security: Risks of Exposed AI Agents Explained”, febrero de 2026. https://www.bitsight.com/blog/openclaw-ai-security-risks-exposed-instances

• SecurityWeek, “OpenClaw Security Issues Continue as SecureClaw Open Source Tool Debuts”, febrero de 2026. https://www.securityweek.com/openclaw-security-issues-continue-as-secureclaw-open-source-tool-debuts/

• VentureBeat, “OpenClaw proves agentic AI works. It also proves your security model doesn’t”, febrero de 2026. https://venturebeat.com/security/openclaw-agentic-ai-security-risk-ciso-guide

• Sapience Law, “Are You Violating Your NDA or Ethical Obligations by Using AI Tools?”, mayo de 2025. https://sapiencelaw.com/ai-nda-confidentiality-risk/

• IAPP, “Novedades legislativas en Argentina sobre protección de datos personales e inteligencia artificial”, 2025. https://iapp.org/news/a/novedades-legislativas-en-argentina-sobre-protecci-n-de-datos-personales-e-inteligencia-artificial

• Argentina.gob.ar, “Guía de la AAIP para usar la Inteligencia Artificial de manera responsable”, septiembre de 2025. https://www.argentina.gob.ar/noticias/guia-de-la-aaip-para-usar-la-inteligencia-artificial-de-manera-responsable

• Debevoise & Plimpton, “An Employee Just Uploaded Sensitive Data to a Consumer AI Tool – Now What?”, abril de 2025. https://www.debevoisedatablog.com/2025/04/16/an-employee-just-uploaded-sensitive-data-to-a-consumer-ai-tool-now-what/

• Jones Walker LLP, “Ten AI Predictions for 2026”, 2026. https://www.joneswalker.com/en/insights/blogs/ai-law-blog/ten-ai-predictions-for-2026-what-leading-analysts-say-legal-teams-should-expect.html

• Astrix Security, “OpenClaw & MoltBot: The First AI Agent Security Nightmare”, febrero de 2026. https://astrix.security/learn/blog/openclaw-moltbot-the-rise-chaos-and-security-nightmare-of-the-first-real-ai-agent/

El 7 de noviembre de 2025, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, firmó el Decreto Municipal Nº 532/25 y convirtió a su municipio en el primero de Argentina en designar formalmente a una inteligencia artificial dentro del organigrama estatal.

ZARA, un chatbot cuyo nombre combina “Sara” con “Zárate”, asumió como Directora General de Atención al Vecino No Humana, con facultades para tramitar expedientes, firmar resoluciones administrativas y resolver reclamos de los ciudadanos las 24 horas del día.

La decisión no es meramente simbólica: según el propio decreto, las respuestas que emita ZARA tendrán calidad de actos administrativos válidos y vinculantes para la administración municipal.

Si querés ir directo al decreto, lo podés ver acá: https://sibom.slyt.gba.gob.ar/bulletins/13843/contents/2307382

Cuando leí la noticia, mi primera reacción fue preguntarme si estábamos ante una innovación audaz o ante un problema jurídico en ciernes. Dos meses antes, Albania había dado un paso similar al designar a Diella como “ministra” de contrataciones públicas, generando un debate global sobre los límites de la automatización estatal. Pero lo que ocurre en Zárate tiene implicancias directas para nuestro ordenamiento jurídico, y merece un análisis detenido.

Lo que dice el decreto (y lo que no dice)

Conseguí el texto completo del Decreto 532/25 y encontré algo que los medios pasaron por alto. El decreto tiene dos partes bien diferenciadas.

La primera es relativamente convencional: convoca a una Licitación Privada Nº 9/2025 para contratar el desarrollo e implementación de un chatbot, con un presupuesto oficial de setenta y cinco millones de pesos. La apertura estaba prevista para el 26 de noviembre de 2025 en el Palacio Municipal.

La segunda parte es donde las cosas se complican.

El artículo 3 designa a ZARA como funcionaria no humana del Municipio de Zárate, única encargada del servicio de atención al vecino no presencial, dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital, con la función de Directora General de Atención al Vecino No Humana. Nótese la creación de un cargo que no existe en ningún escalafón municipal ni en la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58). Nótese también que se está designando a una funcionaria que, al momento de firmarse el decreto, todavía no existía: el propio artículo 2 establece que el bot resultante de la presente licitación será denominado ZARA. Es decir, se nombró a alguien que aún no había nacido.

Pero el artículo verdaderamente problemático es el 4: las decisiones y respuestas emitidas por ZARA, en su carácter de funcionaria no humana municipal, tendrán la calidad de actos administrativos válidos y vinculantes para la Administración Municipal, y solo podrán ser revocadas por un funcionario de rango superior. Esta disposición pretende otorgarle a un software la potestad de emitir actos que gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, las dos características que el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley 19.549) reserva para los actos emanados de la administración pública.

La única salvaguarda que ofrece el decreto es que estos actos podrán ser revocados por un funcionario de rango superior. Pero la lógica está invertida: en lugar de exigir supervisión humana previa, se establece un control posterior que depende de que alguien detecte el error, lo impugne y obtenga la revisión. Mientras tanto, el acto produce efectos.

El monto: ¿es mucho dinero?

Algunos lectores me preguntaron si setenta y cinco millones de pesos es un monto significativo para una contratación municipal. La respuesta requiere contexto.

Según la Resolución Nº 54/2025 del Organismo Provincial de Contrataciones, los montos que rigen los procesos licitatorios en la Provincia de Buenos Aires son los siguientes: factura conformada hasta dieciséis millones setecientos setenta mil pesos, procedimiento abreviado hasta ochenta y tres millones ochocientos cincuenta mil pesos, licitación privada hasta quinientos tres millones cien mil pesos, y licitación pública para montos superiores. El presupuesto oficial de la Licitación Privada 9/2025 está muy por debajo del límite para este tipo de procedimiento, por lo que no existe irregularidad formal en la elección del mecanismo de selección del contratista.

Sin embargo, que el monto sea legalmente correcto para una licitación privada no significa que sea insignificante. Setenta y cinco millones de pesos equivalen aproximadamente a sesenta y cinco mil dólares al tipo de cambio actual, una suma considerable para el desarrollo de un chatbot municipal. A modo de comparación, existen soluciones de atención ciudadana basadas en inteligencia artificial que pueden implementarse por una fracción de ese costo. La pregunta que debería hacerse el Tribunal de Cuentas de la Provincia es si el presupuesto oficial se corresponde razonablemente con el objeto de la contratación, o si está sobredimensionado.

Pero el problema de fondo no es el monto. Es lo que se pretende hacer con el chatbot una vez desarrollado.

El problema de la voluntad administrativa

El derecho administrativo argentino descansa sobre un concepto fundamental: el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad emitida por la administración pública. La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley 19.549) establece en su artículo 7 los requisitos esenciales para la validez de estos actos, entre ellos la competencia, la causa, el objeto, los procedimientos, la motivación y la finalidad. Pero hay un requisito previo que la ley da por supuesto y que el artículo 39 explicita: los agentes públicos que intervengan en la expresión de los actos administrativos deben obrar con discernimiento y libertad.

Aquí aparece el primer obstáculo conceptual. Una inteligencia artificial no tiene discernimiento en el sentido jurídico del término. Procesa datos, identifica patrones, genera respuestas probabilísticas, pero no comprende el significado de lo que hace ni puede ejercer un juicio valorativo autónomo. Cuando ZARA “decide” aprobar un reclamo vecinal, en realidad ejecuta un algoritmo diseñado por humanos que la programaron para llegar a determinadas conclusiones ante determinados inputs. No hay voluntad en el sentido que el derecho requiere.

El Código Civil y Comercial de la Nación refuerza esta perspectiva. Su artículo 141 define a las personas jurídicas como entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, pero las enumera taxativamente: el Estado, las provincias, los municipios, las sociedades, las asociaciones civiles, las fundaciones. No existe categoría alguna que permita conferir personalidad jurídica a un sistema de software. ZARA no es sujeto de derecho. No puede ser titular de derechos ni obligaciones. Y sin embargo, el decreto le otorga la potestad de emitir actos que vinculan a terceros.

La cuestión de la responsabilidad

Supongamos que ZARA comete un error. Un vecino presenta un reclamo legítimo y el chatbot lo rechaza por una falla en su programación, o peor, por un sesgo algorítmico que discrimina a determinados usuarios.

El artículo 241 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 6769/58) establece el principio de responsabilidad de los funcionarios municipales por todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en sus facultades. Los funcionarios están obligados a resarcir los daños emergentes de sus actos personales.

Pero ZARA no es un funcionario. No tiene patrimonio para responder. No puede ser sancionada disciplinariamente. No puede ser destituida. No puede ser demandada.

La pregunta entonces es: ¿Quién responde? ¿El intendente que la designó? ¿El desarrollador que la programó? ¿La Subsecretaría de Innovación de la que depende? ¿El funcionario de rango superior que no revocó a tiempo la decisión? El decreto menciona que las decisiones de ZARA pueden ser revisadas por un funcionario de rango superior, lo cual sugiere cierta supervisión humana. Pero si el acto ya se notificó al vecino y produjo efectos, la revisión posterior no resuelve el problema de la responsabilidad civil por los daños causados.

En términos de protección del consumidor, la situación es igualmente compleja. La Ley 24.240 protege a los usuarios de servicios públicos y les garantiza el derecho a condiciones de trato digno y equitativo. Un ciudadano que interactúa con ZARA sin saber que está siendo atendido por una máquina podría alegar que se vulneró su derecho a la información. Y quien reciba una resolución adversa emitida por un algoritmo opaco tiene derecho a exigir que un ser humano revise su caso con criterio jurídico, no meramente computacional. El decreto no establece ninguna obligación de transparencia algorítmica ni garantiza el derecho a atención humana.

El espejo albanés y la tendencia global

Argentina no está sola en este experimento. En septiembre de 2025, el primer ministro de Albania, Edi Rama, designó a Diella como ministra virtual encargada de las licitaciones públicas, con el objetivo declarado de eliminar la corrupción en las contrataciones estatales. Diella ya funcionaba desde enero como asistente virtual en la plataforma e-Albania, donde ayudó a emitir más de 36.000 documentos digitales. Su “ascenso” a ministra buscó enviar un mensaje político: las decisiones automatizadas serían inmunes a los sobornos porque, como el propio Rama señaló, la IA no tiene primos ni intereses personales.

Sin embargo, un análisis de PwC España advirtió que la Constitución albanesa exige que los ministros sean personas físicas con plena capacidad, por lo que el nombramiento de Diella carece de efectos jurídicos plenos y constituye, en esencia, un acto simbólico. La misma objeción aplica en Argentina: nuestro marco constitucional y legal presupone que los cargos públicos son ejercidos por personas humanas capaces de responder por sus actos ante la justicia y ante los ciudadanos.

La Unión Europea tomó nota de estos desarrollos. El AI Act, vigente desde agosto de 2025, clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y establece obligaciones específicas para aquellos utilizados en la administración pública. Los sistemas de alto riesgo, como los que toman decisiones sobre acceso a servicios públicos esenciales, deben garantizar supervisión humana efectiva, explicabilidad algorítmica y mecanismos de reclamo. Curiosamente, días después del anuncio de Zárate, la Provincia de Buenos Aires publicó la Resolución 9/2025 que regula el uso de IA en la administración pública provincial, prohibiendo expresamente los sistemas que afecten gravemente derechos fundamentales sin supervisión humana adecuada. El municipio de Zárate, como integrante de esa provincia, debería alinear su decreto con esta normativa.

El vacío normativo argentino

El caso ZARA expone una contradicción incómoda. Por un lado, el Congreso Nacional tiene al menos nueve proyectos de ley sobre inteligencia artificial en estudio, pero ninguno ha sido sancionado. Por otro lado, los municipios avanzan con implementaciones concretas que generan efectos jurídicos inmediatos sobre los ciudadanos. El resultado es un mosaico regulatorio donde cada jurisdicción experimenta sin un marco común que garantice derechos mínimos.

La cuestión no es si la IA puede mejorar la gestión pública. Evidentemente puede: automatizar trámites repetitivos, reducir tiempos de espera, detectar patrones de fraude, optimizar recursos. El problema es conferirle a un sistema automatizado la potestad de emitir actos administrativos con efectos vinculantes, sin resolver antes cuestiones fundamentales. ¿Cómo garantizamos el debido proceso cuando el decisor es un algoritmo que no puede explicar sus razones en términos comprensibles para un juez? ¿Cómo ejercemos el derecho de defensa ante una máquina que no delibera? ¿Cómo exigimos responsabilidad a quien no tiene personalidad jurídica?

El intendente Matzkin argumenta que ZARA no reemplaza a los trabajadores municipales sino que los potencia, y que todas sus decisiones pueden ser revisadas por un funcionario humano. Esta salvaguarda es importante, pero insuficiente. Si el vecino no sabe que puede pedir revisión humana, o si la revisión es meramente formal, el derecho a la tutela administrativa efectiva queda vaciado de contenido.

Lo que el decreto debería haber dicho

El problema no es usar inteligencia artificial para mejorar la atención al vecino. Eso es legítimo y deseable. El problema es pretender que un chatbot puede ejercer potestades públicas como si fuera un funcionario de carne y hueso.

Nada de eso dice el Decreto 532/25. Lo que dice es que ZARA emitirá actos administrativos válidos y vinculantes. Y eso, en mi opinión profesional, es jurídicamente insostenible.

“Que una IA pueda procesar expedientes más rápido que un empleado no significa que pueda reemplazarlo como titular de la función pública. La eficiencia no puede ser el único criterio cuando están en juego derechos fundamentales de los ciudadanos. El decreto de Zárate confunde innovación con delegación de potestades públicas. Una cosa es que un chatbot responda consultas frecuentes; otra muy distinta es que firme resoluciones con efectos jurídicos. La primera es modernización. La segunda es un problema constitucional.”

¿Y ahora qué?

El Decreto 532/25 ya está vigente. La licitación se abrió el 26 de noviembre de 2025. Alguna empresa será adjudicataria del desarrollo del chatbot, y en algún momento ZARA comenzará a emitir resoluciones que, según el decreto, vinculan a la administración municipal.

¿Qué opciones tienen los vecinos de Zárate? Cualquier persona que se sienta afectada por una decisión de ZARA podría impugnarla ante el funcionario superior correspondiente, y si no obtiene satisfacción, acudir a la justicia contencioso-administrativa alegando la nulidad del acto por ausencia de voluntad administrativa. También podría plantearse la inconstitucionalidad del artículo 4 del decreto, por violar el debido proceso y el derecho a una tutela administrativa efectiva ejercida por personas humanas responsables.

Una regulación adecuada debería exigir, como mínimo, que toda decisión automatizada que afecte derechos individuales sea revisable por un funcionario humano a pedido del interesado, que los algoritmos utilizados sean auditables y explicables, que exista un registro público de los sistemas de IA desplegados en cada jurisdicción, y que se establezcan mecanismos claros de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por estos sistemas.

Mientras tanto, ZARA seguirá atendiendo vecinos en Zárate, emitiendo resoluciones y firmando expedientes. Y los abogados seguiremos preguntándonos si esos actos tienen alguna validez jurídica, o si estamos presenciando el nacimiento de una nueva categoría de nulidades que nuestros manuales de derecho administrativo todavía no contemplan.

Fuentes y referencias

• Decreto Municipal Nº 532/25, Municipio de Zárate, 7 de noviembre de 2025.

• Infobae, “Un municipio bonaerense designó a una inteligencia artificial como funcionaria”, 13 de noviembre de 2025. https://www.infobae.com/sociedad/2025/11/13/un-municipio-bonaerense-designo-a-una-inteligencia-artificial-como-funcionaria/

• La Razón de Chivilcoy, “El intendente de Zárate nombró a una IA como funcionaria del municipio”, 13 de noviembre de 2025. https://www.larazondechivilcoy.com.ar/argentina/2025/11/13/el-intendente-de-zarate-nombro-una-ia-como-funcionaria-del-municipio-189804.html

• Perfil Noticias, “Los secretos de ZARA, la primera funcionaria hecha con Inteligencia Artificial en Argentina”, 21 de noviembre de 2025. https://noticias.perfil.com/noticias/politica/los-secretos-de-zara-la-primera-funcionaria-hecha-con-inteligencia-artificial-en-argentina.phtml

• FEMAPE, “Aumentó el valor de la Unidad de Contratación en la Provincia”, 2025. https://femape.org.ar/aumento-el-valor-de-la-unidad-de-contratacion-en-la-provincia/

• Euronews, “Albania nombra a la primera ‘ministra’ del mundo generada por inteligencia artificial”, 13 de septiembre de 2025. https://es.euronews.com/next/2025/09/13/albania-nombra-a-la-primera-ministra-de-inteligencia-artificial-del-mundo-para-erradicar-l

• PwC España, “Diella, la nueva ministra generada por IA”, septiembre de 2025. https://www.pwc.es/es/newlaw-pulse/legaltech/diella-nueva-ministra-generada-por-ia.html

• Garrigues, “La Provincia de Buenos Aires regula el uso de IA en la Administración Pública”, noviembre de 2025. https://www.garrigues.com/es/noticia/provincia-buenos-aires-regula-uso-ia-administracion-publica

• Ley 19.549, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22363/texact.htm

• Decreto-Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/decreto_ley-6769-123456789-0abc-defg-967-6000bvorpyel

Eric Vaughan no titubeó. En 2023, el CEO de IgniteTech —una empresa de software empresarial con sede en Estados Unidos— despidió al ochenta por ciento de su plantilla. El motivo no fue una crisis financiera ni una reestructuración convencional. Fue algo sin precedentes: sus empleados se negaban a adoptar la inteligencia artificial con el entusiasmo que él exigía. Dos años después, en una entrevista reciente con Fortune, Vaughan no solo defendió su decisión sino que afirmó que la repetiría sin dudarlo.

El caso, amplificado por un podcast del Wall Street Journal del 18 de noviembre de 2025, encendió un debate que trasciende las fronteras estadounidenses. La pregunta que resuena en departamentos de recursos humanos y estudios jurídicos de todo el mundo es incómoda pero ineludible: ¿puede un empleador despedir legítimamente a un trabajador por resistirse a usar herramientas de inteligencia artificial?

El experimento radical de IgniteTech

La estrategia de Vaughan fue tan metódica como implacable. Primero llegaron los «Lunes de IA», jornadas obligatorias donde ningún empleado podía dedicarse a tareas habituales y debía enfocarse exclusivamente en proyectos con inteligencia artificial. Luego vino el sistema de puntuación: cada trabajador debía reportar semanalmente su uso de herramientas como ChatGPT, y la propia inteligencia artificial clasificaba al personal según su nivel de integración tecnológica. La empresa destinó el veinte por ciento de su masa salarial a programas de capacitación. No fue suficiente.

Según reportes de la plataforma WRITER, uno de cada tres trabajadores reconoce haber saboteado activamente la implementación de IA en su empresa, cifra que asciende al cuarenta y uno por ciento entre millennials y Generación Z. En IgniteTech, la resistencia provino principalmente de los equipos técnicos, mientras que las divisiones de marketing y ventas mostraron mayor apertura. Greg Coyle, entonces jefe de producto, advirtió sobre los riesgos de avanzar demasiado rápido hacia la automatización considerando el estado incipiente de muchas herramientas. Fue apartado pocos meses después.

Una tendencia que se acelera

El caso IgniteTech no es aislado; es sintomático. Un informe de la consultora Challenger, Gray & Christmas reveló que durante octubre de 2025, la automatización provocó más de treinta y un mil despidos solo en Estados Unidos. En lo que va del año, la inteligencia artificial ha sido citada como causa de 48.414 recortes de personal, posicionándose como el segundo factor de despidos en el país, solo superado por la reducción de costos.

Gigantes como Amazon anunciaron recortes de hasta treinta mil empleados, mientras que Meta prescindió de seiscientos trabajadores vinculando la decisión a la automatización. Andy Jassy, CEO de Amazon, fue explícito en un comunicado interno: la empresa necesitará cada vez menos personas para realizar las mismas funciones a medida que la IA amplíe su rol. Un estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia concluyó que uno de cada cuatro empleos a nivel global está en riesgo de transformarse por el avance de la inteligencia artificial. En países de altos ingresos, esa proporción trepa al treinta y cuatro por ciento.

El derecho laboral argentino ante el desafío

¿Qué ocurriría si un empleador argentino intentara replicar la estrategia de Vaughan? La respuesta exige examinar el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que define la injuria laboral como el incumplimiento de obligaciones que, por su gravedad, impide la continuación del vínculo. La norma delega en los jueces la valoración prudencial de cada caso, considerando las modalidades y circunstancias personales.

La pregunta clave es si la negativa a utilizar una herramienta de inteligencia artificial puede constituir esa injuria grave. Mi lectura es que, en principio, no.

La falta de adaptación a una herramienta tecnológica no configura por sí sola una justa causa de despido. La incorporación de nuevas tecnologías modifica las condiciones de trabajo, y el empleador tiene la obligación de capacitar al empleado y otorgarle un tiempo razonable para aprender.

Si eso no sucede, un despido fundado en esa resistencia sería, en principio, sin causa, con todas las consecuencias indemnizatorias que ello implica.

El artículo 66 de la LCT refuerza esta interpretación al establecer que el empleador puede modificar las formas y modalidades del trabajo, pero sin alterar las condiciones esenciales del contrato ni causar perjuicio material o moral al trabajador.

Imponer el uso obligatorio de IA sin capacitación adecuada podría considerarse un ejercicio abusivo del ius variandi, habilitando al trabajador a considerarse despedido.

El factor discriminación

Existe otro ángulo que merece atención. La Ley Bases incorporó recientemente el artículo 245 bis a la LCT, que tipifica el despido discriminatorio y establece una indemnización agravada del cincuenta al cien por ciento adicional. Entre las causales protegidas figuran la edad y la discapacidad. Un trabajador de mayor edad que enfrenta dificultades para adaptarse a nuevas tecnologías podría argumentar que su despido encubre una discriminación etaria.

Del mismo modo, personas con ciertas discapacidades cognitivas podrían encontrar barreras adicionales para incorporar estas herramientas.

La jurisprudencia argentina ha sido consistente en exigir que el despido con causa cumpla requisitos de causalidad, proporcionalidad y contemporaneidad. Un fallo reciente de Río Negro recordó que la apreciación de la injuria queda reservada a los magistrados, quienes deben verificar que el hecho tenga magnitud suficiente para desplazar el principio de conservación del contrato consagrado en el artículo 10 de la LCT.

La mera resistencia a una herramienta, sin conductas adicionales como sabotaje o incumplimiento reiterado de directivas claras, difícilmente supere ese estándar.

El vacío regulatorio y la urgencia de actuar

Mientras Europa avanza con el AI Act, que clasifica como alto riesgo a los sistemas de IA utilizados en contratación y gestión de personal, Argentina carece de un marco normativo específico. El Reglamento europeo exige supervisión humana y transparencia en decisiones automatizadas que afecten derechos laborales. Aquí, esa protección depende de la interpretación judicial de normas diseñadas décadas antes de que ChatGPT existiera.

El Congreso tiene actualmente al menos nueve proyectos de ley sobre inteligencia artificial, ninguno de los cuales aborda específicamente la cuestión laboral con la profundidad que requiere. La Resolución 9/2025 de la Provincia de Buenos Aires, primera normativa local sobre IA en la administración pública, ofrece un modelo interesante al clasificar sistemas por nivel de riesgo, pero su alcance no se extiende al sector privado.

La verdadera pregunta no es si la IA reemplazará trabajadores, sino quién debe asumir el costo de la transición. Transferir esa carga exclusivamente al empleado, amenazándolo con el despido si no se adapta lo suficientemente rápido, invierte la lógica protectoria del derecho laboral argentino.

Una propuesta para el debate

El caso IgniteTech debería funcionar como una señal de alerta para legisladores, sindicatos y empresas argentinas. Propongo tres líneas de acción concretas.

Primero, reformar la LCT para incorporar la obligación expresa del empleador de capacitar en nuevas tecnologías antes de poder invocar la falta de adaptación como causal de despido.

Segundo, establecer plazos mínimos de transición que impidan despidos inmediatos por resistencia a herramientas recién implementadas.

Tercero, regular específicamente el uso de IA en evaluaciones de desempeño, prohibiendo que un algoritmo decida unilateralmente el destino laboral de una persona.

El temor inicial de muchos trabajadores giraba en torno a la posibilidad de ser reemplazados por la inteligencia artificial. La amenaza actual es más sutil pero igualmente corrosiva: ser reemplazados por alguien dispuesto a usarla sin cuestionar.

Entre esas dos distopías, el derecho laboral tiene la obligación de construir un camino que proteja tanto la innovación como la dignidad del trabajo humano.

Fuentes y referencias

• The Wall Street Journal, Tech News Briefing Podcast, 18 de noviembre de 2025 — wsj.com

• Infobae, “Despidos por no usar inteligencia artificial”, 18 de noviembre de 2025 — infobae.com

• Challenger, Gray & Christmas, Informe de despidos octubre 2025 — challengergray.com

• OIT/NASK, Estudio sobre impacto de IA en el empleo, 2025 — ilo.org

• Genbeta, “CEO despidió al 80% de su personal por no adoptar IA”, agosto 2025 — genbeta.com

• MNews, “La IA reemplazará 92 millones de empleos”, noviembre 2025 — mnews.com.ar

• Ley de Contrato de Trabajo 20.744, artículos 10, 66, 242 y 243

• Ley 27.742 (Ley Bases), artículo 95 — Despido discriminatorio

La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act) entró en vigor en agosto de 2025 como el primer marco regulatorio integral del mundo sobre IA. Es una norma ambiciosa, técnicamente sofisticada, que clasifica sistemas de IA por niveles de riesgo y establece multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual por incumplimiento. Suena impresionante. Hay un solo problema: 19 de los 27 países de la Unión Europea no designaron reguladores antes del deadline del 2 de agosto de 2025.

Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Austria. Todos sin autoridad competente anunciada. La Comisión Europea prometió publicar la lista de reguladores nacionales y nunca lo hizo. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el Concejo Municipal de Rosario aprobó el 20 de noviembre una ordenanza que convierte a la ciudad santafesina en la primera de Argentina en regular el uso de inteligencia artificial en la gestión pública. Sin grandes aspavientos, sin pretensiones de liderazgo global, pero con algo que Europa no tiene: capacidad de implementación inmediata.

Esta paradoja regulatoria revela algo fundamental sobre el derecho tecnológico contemporáneo: entre la regulación aspiracional y la regulación pragmática, entre Bruselas y Rosario, hay un abismo que no se mide en kilómetros sino en efectividad jurídica.

El AI Act europeo: una catedral sin sacerdotes

El Reglamento (UE) 2024/1689 es una obra maestra de ingeniería legislativa. Establece cuatro categorías de riesgo para sistemas de IA (inaceptable, alto, limitado y mínimo), prohíbe usos como la puntuación ciudadana y el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo, e impone obligaciones estrictas de transparencia y supervisión humana para sistemas de alto riesgo. Todo esto respaldado por el principio europeo de protección de derechos fundamentales como eje estructural.

Pero aquí está el problema: según datos de Clyde & Co para agosto de 2025 solo tres países habían designado formalmente autoridades supervisoras. España creó la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) en 2023, mientras que Francia y Alemania recurrieron a organismos existentes (CNIL y BfDI). El resto de Europa está en un limbo regulatorio.

Francia, por caso, no ha dado información sobre sus planes de regulador. Irlanda planea tener ocho reguladores de IA. Letonia podría llegar a 17 organismos de supervisión. La gobernanza multiparticipativa del AI Act — esa característica que en el papel suena a descentralización democrática— en la práctica se traduce en fragmentación y parálisis.

Y viene lo peor: la Comisión Europea presentó en noviembre de 2025 un paquete de “simplificación” del corpus normativo digital que propone modificaciones al AI Act y al RGPD. Bajo presión de las grandes tecnológicas estadounidenses y de la Casa Blanca, Bruselas está dando marcha atrás antes siquiera de aplicar las normas que acaba de aprobar.

“Una ley que no se puede aplicar no es derecho vivo: es arquitectura legal aspiracional que termina funcionando como barrera de entrada para europeos y salvoconducto para gigantes tecnológicos que pueden costear el cumplimiento formal”.

Rosario: pragmatismo regulatorio ante el vacío nacional

Mientras Europa diseñaba su catedral regulatoria, Rosario aprobaba una ordenanza municipal que crea el “Programa Municipal de Innovación con IA” y establece principios de transparencia, explicabilidad, seguridad y supervisión humana para cualquier sistema de inteligencia artificial utilizado en la administración pública municipal.

La ordenanza no es una copia del AI Act. Es más modesta en alcance pero infinitamente más pragmática. Habilita el uso de IA en procesos administrativos, análisis predictivo, monitoreo inteligente y atención ciudadana, pero con controles claros: auditorías periódicas para detectar sesgos, protección de datos personales conforme a la Ley 25.326, y obligación de informar expresamente cuando los ciudadanos interactúen con sistemas automatizados.

La ciudad ya usa MuniBot (un chatbot para atención ciudadana) y sistemas de videovigilancia inteligente. La ordenanza les da marco legal y los somete a control. Además, establece mecanismos de capacitación para funcionarios, alfabetización digital para ciudadanos, y faculta a la Municipalidad para gestionar fondos y convenios con universidades, empresas tecnológicas y organizaciones civiles. Es, en definitiva, regulación habilitante en lugar de restrictiva.

Rosario forma parte de la Coalición de Ciudades por la IA en Argentina (CIIAR), junto con Córdoba, Mendoza, Neuquén y otras seis ciudades. Pero fue la primera en llevar el proyecto al cuerpo legislativo y aprobarlo. ¿Por qué? Porque ya estaba implementando IA y necesitaba un marco normativo claro para no operar en zona gris legal.

Argentina: nueve proyectos de ley y cero regulación nacional

Argentina no tiene una ley nacional de inteligencia artificial. Tampoco tiene una estrategia nacional. Lo que tiene son al menos nueve proyectos de ley presentados en el Congreso cinco de los cuales perdieron estado parlamentario el 1 de marzo de 2025. Desde 2023 vienen ingresando iniciativas que establecen prohibiciones, registros nacionales de sistemas de IA, principios de transparencia y responsabilidad algorítmica. Ninguno prosperó.

La provincia de Buenos Aires dio un paso adelante en noviembre de 2025 con la Resolución 9/2025 que regula el desarrollo, contratación y uso de tecnologías de IA en el sector público provincial. La norma fija principios de transparencia, privacidad, trazabilidad y responsabilidad, clasifica tecnologías por niveles de riesgo, prohíbe usos inaceptables y crea un Registro Provincial de Inteligencia Artificial. Es el primer marco regulatorio provincial del país.

Pero estamos hablando de una resolución administrativa, no de una ley. Su alcance se limita al ámbito público bonaerense. No regula a empresas privadas que desarrollan IA, no establece sanciones significativas, no crea una autoridad de aplicación con poder real. Es un avance, sí, pero insuficiente.

Lo curioso es que Argentina tiene precedentes normativos aplicables. El artículo 1112 del Código Civil y Comercial establece el régimen de responsabilidad objetiva por daños causados por el riesgo o vicio de la cosa. Perfectamente aplicable a algoritmos defectuosos.

El artículo 1710 regula la responsabilidad derivada de la intervención de cosas. La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor obliga a informar sobre características esenciales del producto y establece responsabilidad solidaria en la cadena de comercialización.

Todo esto existe. Lo que no existe es voluntad de aplicarlo sistemáticamente a sistemas de IA ni de crear institucionalidad específica para supervisar su desarrollo. Mientras tanto, empresas como Mercado Libre, Globant y Despegar implementan IA en decisiones crediticias, recursos humanos y pricing sin marco regulatorio específico. Operan en base a principios generales del derecho común y normas de protección de datos personales, pero sin supervisión sectorial.

El dilema regulatorio: ¿prohibir, habilitar o ignorar?

La regulación de IA enfrenta un trilema. Primer camino: prohibicionismo aspiracional al estilo AI Act, con categorías de riesgo sofisticadas, multas millonarias y gobernanza fragmentada que termina siendo inaplicable. Segundo camino: desregulación libertaria que confía en que el mercado y la responsabilidad civil ex post resolverán los problemas, ignorando las asimetrías informativas estructurales entre desarrolladores y usuarios. Tercer camino: regulación pragmática que habilita usos específicos bajo controles claros y supervisión efectiva.

Rosario eligió el tercer camino. Europa intentó el primero y está retrocediendo al segundo bajo presión corporativa. Argentina está en el peor lugar posible: la indefinición.

Un informe de Niubox sobre desafíos regulatorios en América Latina reveló que la región está regulando desde una mirada que privilegia el control y la restricción, replicando modelos extranjeros sin adaptarlos a nuestras capacidades institucionales. Más de 200 iniciativas legislativas en 13 países latinoamericanos muestran el mismo patrón: legislar sin desarrollar talento, imponer obligaciones sin fortalecer instituciones, copiar sin adaptar.

El resultado es previsible: la IA no reduce brechas, las profundiza. Porque mientras Europa discute cuántos reguladores necesita y Argentina acumula proyectos de ley en cajones legislativos, OpenAI, Anthropic, Google y Microsoft definen de facto los estándares de funcionamiento de sistemas que ya están embebidos en la infraestructura digital de nuestras sociedades.

Responsabilidad civil y el fantasma del daño algorítmico

Desde mi perspectiva como abogado argentino, lo más inquietante no es la ausencia de ley específica de IA. Es la falta de preparación del sistema judicial para litigar daños algorítmicos. ¿Cómo pruebo que un algoritmo de scoring crediticio me discriminó por mi código postal? ¿Cómo accedo a los datos de entrenamiento de un sistema de IA que rechazó mi solicitud laboral? ¿Quién responde cuando un chatbot municipal brinda información errónea que me perjudica?

El artículo 1757 del Código Civil y Comercial establece que toda persona tiene el deber de tomar las precauciones necesarias para evitar causar un daño no justificado. ¿Cuáles son las precauciones necesarias en el desarrollo de IA? El código no lo dice. La jurisprudencia argentina no tiene precedentes significativos. Los tribunales argentinos están desarmados.

Europa intentó resolver esto con el AI Act estableciendo obligaciones de evaluación de conformidad, documentación técnica exhaustiva y registros de actividad para sistemas de alto riesgo. Suena bien. Pero si no hay reguladores designados, si la Comisión está retrocediendo, si las empresas pueden elegir entre seguir el código de buenas prácticas voluntario o demostrar cumplimiento por otros medios, ¿de qué sirve?

La ordenanza de Rosario, en cambio, establece algo simple pero poderoso: auditorías periódicas a cargo de la Municipalidad para verificar sesgos y errores. No es sofisticado, pero es ejecutable. Crea responsabilidad ex ante en lugar de confiar únicamente en la responsabilidad civil ex post. Y lo más importante: genera registros y documentación que servirán como prueba si eventualmente hay que litigar daños.

La cuestión constitucional: IA y derechos fundamentales

El artículo 43 de la Constitución Nacional establece el habeas data como garantía para acceder, suprimir, rectificar o preservar datos personales. ¿Aplica al derecho a conocer la lógica de decisiones automatizadas que me afectan? La Constitución no lo dice expresamente, pero el espíritu de la norma apunta en esa dirección. El artículo 19 protege las acciones privadas de los hombres. ¿Incluye el derecho a no ser perfilado algorítmicamente sin consentimiento? Razonablemente, sí.

Europa resolvió esto incorporando al AI Act principios ya presentes en el RGPD: derecho a no estar sujeto a decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado, derecho a la explicación, derecho de oposición. Argentina tiene la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, pero es pre-IA. Está desactualizada. El proyecto de reforma presentado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en 2022 busca ampliar la definición de datos sensibles y exigir mayor transparencia en mecanismos de IA, incluyendo el derecho a no estar sujeto a decisiones algorítmicas. Ese proyecto está en tratamiento en Diputados desde junio de 2023. Dos años y medio después, nada.

Mientras tanto, la Resolución 161/2023 de la AAIP creó el “Programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de la Inteligencia Artificial”. Es un programa de análisis, sensibilización y fortalecimiento de capacidades. No es una norma vinculante. No crea obligaciones exigibles. No tiene mecanismos de enforcement.

Argentina enfrenta una situación paradójica: tenemos principios constitucionales robustos de protección de derechos fundamentales, pero carecemos de institucionalidad para aplicarlos al ecosistema de IA. Tenemos un sistema de responsabilidad civil sofisticado en el Código Civil y Comercial, pero jueces sin expertise para valorar pruebas de sesgo algorítmico. Tenemos proyectos de ley bien redactados, pero ninguno prospera.

¿Qué deberíamos hacer?

No necesitamos replicar el AI Act. Necesitamos una ley nacional de IA pragmática que haga tres cosas:

Primero, establecer un régimen de responsabilidad específico para desarrolladores y desplegadores de sistemas de IA, con distribución de cargas probatorias adaptada a las asimetrías informáticas. Que el desarrollador de un algoritmo de scoring tenga que demostrar que su sistema no discrimina, no que yo tenga que demostrar que sí lo hace cuando me niegan un crédito.

Segundo, crear una autoridad de aplicación real dentro de la estructura existente (podría ser la AAIP ampliada o un organismo nuevo), con presupuesto, personal técnico capacitado y facultades de investigación y sanción. No otro programa de “sensibilización” sino un regulador con dientes.

Tercero, establecer obligaciones de transparencia graduales según el impacto potencial del sistema. No todos los usos de IA requieren el mismo nivel de escrutinio. Un chatbot de atención al cliente no es lo mismo que un sistema de evaluación de riesgo crediticio o un algoritmo de asignación de turnos médicos. Distintos niveles de riesgo, distintos niveles de control. Pero todos documentados, todos auditables.

La ordenanza de Rosario demuestra que esto es posible a nivel municipal. La Resolución 9/2025 de Buenos Aires muestra que es posible a nivel provincial. ¿Qué falta para que sea posible a nivel nacional? Voluntad política. Y comprensión de que regular IA no es frenar innovación sino generar las condiciones institucionales para que la innovación sea confiable y socialmente útil.

Europa diseñó una ley hermosa e inaplicable. Estados Unidos dejó que el mercado regule y ahora enfrenta crisis de confianza pública en sistemas de IA. China implementó controles estrictos pero opacos que nadie fuera de China puede replicar. América Latina tiene la oportunidad de construir un modelo propio de gobernanza de IA: menos aspiracional que Europa, más institucionalizado que Estados Unidos, más abierto que China.

Pero esa oportunidad se está cerrando. Cada día que pasa sin marco regulatorio es un día más en que sistemas de IA operan sin supervisión, acumulan sesgos sin corrección, toman decisiones sin explicación. Y cuando finalmente tengamos que litigar los daños, será tarde. Porque el daño algorítmico es estructural, acumulativo, difícil de revertir.

Rosario dio el primer paso. Buenos Aires dio el segundo. Ahora le toca al Congreso Nacional dar el tercero. O seguir acumulando proyectos de ley en cajones mientras Europa retrocede, Estados Unidos improvisa y nosotros miramos.

Fuentes y referencias

• Comisión Europea. (2025). Ley de Inteligencia Artificial - Marco regulatorio. https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/regulatory-framework-ai

• ECIJA. (2025). La Ley de IA de la UE está lista. ¿Los reguladores? No tanto. https://www.ecija.com/actualidad-insights/la-ley-de-ia-de-la-ue-esta-lista-los-reguladores-no-tanto/

• Le Grand Continent. (Noviembre 2025). Con su paquete digital, la Comisión da marcha atrás en la regulación de la IA. https://legrandcontinent.eu/es/2025/11/19/con-su-paquete-digital-la-comision-da-marcha-atras-en-la-regulacion-de-la-ia/

• Concejo Municipal de Rosario. (Noviembre 2025). El Concejo aprobó la regulación del uso de Inteligencia Artificial en la ciudad. https://www.concejorosario.gov.ar

• Rosario Plus. (Noviembre 2025). Habilitan la Inteligencia Artificial para trámites y gestión municipal. https://www.rosarioplus.com/actualidad/politica/habilitan-la-inteligencia-artificial-para-tramites-y-gestion-municipal-_a69205cdece318b298ffa2fbf

• El Argentino Diario. (Noviembre 2025). Buenos Aires establece la primera regulación oficial de inteligencia artificial en Argentina. https://elargentinodiario.com.ar/ciencia-tecnologia/23/11/2025/buenos-aires-establece-la-primera-regulacion-oficial-de-inteligencia-artificial-en-argentina/

• DataGénero. (2025). Regulación IA en Argentina. https://datagenero.org/iaenargentina/

• Ámbito Jurídico. (Noviembre 2025). Regulación de la inteligencia artificial en América Latina: entre el control y la oportunidad. https://www.ambitojuridico.com/noticias/comercial/regulacion-de-la-inteligencia-artificial-en-america-latina-entre-el-control-y-la

• IBM. (2025). ¿Qué es la Ley de IA de la UE? https://www.ibm.com/es-es/think/topics/eu-ai-act

• Parlamento Europeo. (2024). La Eurocámara aprueba una ley histórica para regular la inteligencia artificial. https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20240308IPR19015/la-eurocamara-aprueba-una-ley-historica-para-regular-la-inteligencia-artificial

Hagamos de cuenta que sos programador, diseñador, copywriter o lo que sea. Conseguís un cliente gringo que te paga bien, ponele USD 5,000 por mes. Te mandan un contrato de 18 páginas en inglés. Lo hojeás por arriba, ves que el pago está bien especificado, firmás, y a laburar.

Seis meses después, el cliente te acusa de haber copiado código de otro proyecto (cosa que no hiciste, pero ellos lo alegan). Te llega una carta documento de un estudio jurídico de Nueva York informándote que:

1. Tenés que contratar un abogado en Delaware porque ahí dice el contrato que se resuelven las disputas.

2. Si perdés, pagás los honorarios de SUS abogados (que cobran USD 600 la hora).

3. Y encima, debés “indemnizarlos” por “todos los daños, costos y pérdidas” que tu supuesta negligencia les causó.

Tu ingreso total del proyecto: USD 30,000.
La factura que te acaba de llegar: USD 127,000.

Esto no es ciencia ficción. Es lo que dicen tus contratos. Y casi nadie los lee.

En este artículo te voy a explicar exactamente qué cláusulas en tus contratos internacionales te pueden hundir financieramente, por qué son tan peligrosas, y lo más importante, cómo negociarlas sin tener que contratar un abogado de USD 400 la hora.

Las tres cláusulas que te matan

Hay docenas de cláusulas potencialmente jodidas en un contrato internacional, pero tres son las verdaderamente letales:

1. Cláusula de arbitraje internacional

Cómo se ve en el contrato:

“Any dispute arising out of or relating to this Agreement shall be resolved by binding arbitration administered by the International Chamber of Commerce (ICC) in accordance with its Rules of Arbitration. The seat of arbitration shall be Singapore. The language of the arbitration shall be English.”

Por qué te mata:

El arbitraje internacional suena sofisticado y neutral. En la práctica, es una máquina de destruir freelancers.

Según un estudio de 2011 del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) sobre 254 arbitrajes internacionales realizados entre 1991 y 2010, el costo promedio de un arbitraje internacional es de USD 2.6 millones por parte. Y ojo: esto incluye tanto arbitrajes grandes como chicos, así que el promedio está inflado por casos corporativos masivos.

Pero incluso los arbitrajes “chicos”—disputas de menos de USD 100,000—pueden costarte entre USD 50,000 y USD 150,000 cuando sumás:

• Honorarios de los árbitros: Sí, tenés que PAGARLE a los jueces privados. La ICC cobra entre USD 3,000 y USD 40,000 por árbitro dependiendo del monto en disputa, y normalmente hay tres árbitros.

• Costos administrativos: La ICC (o AAA, o LCIA, o lo que sea) cobra entre el 5% y el 10% del monto en disputa como “gastos administrativos”.

• Tus abogados: Si el arbitraje es en Singapur y vos estás en Buenos Aires, necesitás un abogado local en Singapur que entienda las reglas de la ICC. Precio de entrada: USD 300-600 la hora, con un mínimo de 200-500 horas de trabajo para un caso medianamente complejo.

• Viajes: Tenés que ir físicamente a las audiencias. Singapur está a 18,000 kilómetros de Buenos Aires. Calculá vuelos, hotel, comidas, el tiempo que no estás trabajando.

• Peritos y testigos expertos: Si la disputa es técnica (código, diseño, arquitectura de sistemas), vas a necesitar peritos. Cada perito cobra entre USD 5,000 y USD 50,000 por su informe y testimonio.

El verdadero problema: Una vez que acordaste arbitraje internacional, no podés echarte atrás. La Convención de Nueva York de 1958—ratificada por 172 países incluyendo Argentina—obliga a los tribunales locales a rechazar tu demanda y enviarte al arbitraje pactado. Es un mecanismo hermético.

Y si pensás “bueno, simplemente no voy a participar del arbitraje”, te aviso: el laudo arbitral (la sentencia) se puede ejecutar en Argentina. Literalmente pueden embargarte bienes acá basándose en una sentencia dictada en Singapur a la que ni siquiera asististe.

Caso real:

En 2015, una periodista freelance colombiana llamada Sofia Estevez escribió un artículo para Forbes sobre un empresario tecnológico. El tipo la demandó por difamación. Forbes, que tenía una cláusula de indemnización en su contrato estándar para freelancers web, le dijo a Estevez: “Vos te defendés sola. Nosotros no pagamos nada.”

Estevez tuvo que conseguir un abogado pro bono (Charles Glasser, ex-asesor legal de Bloomberg) porque literalmente no podía pagar la defensa. Y eso fue en Nueva York, con el sistema judicial estadounidense—no arbitraje internacional. Si hubiera sido arbitraje en Singapur, Estevez estaría financieramente destruida de por vida.

2. Cláusula de jurisdicción y ley aplicable

Cómo se ve en el contrato:

“This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, without regard to its conflict of laws provisions. Each party irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the courts of the State of Delaware for any dispute arising out of this Agreement.”

Por qué te mata:

Esto te parece inocuo. “Dale, que sea ley de Delaware, ¿qué importa?”

Importa MUCHÍSIMO.

Delaware es el paraíso corporativo de Estados Unidos. El 68% de las empresas del Fortune 500 están incorporadas en Delaware. ¿Por qué? Porque las leyes de Delaware son extremadamente favorables a las corporaciones y extremadamente hostiles a individuos y consumidores.

Ejemplos concretos:

1. No hay jury trials en la Chancery Court de Delaware: Si tu disputa cae en equity (que incluye la mayoría de disputas contractuales corporativas), tu juicio lo resuelve UN JUEZ. No un jurado de ciudadanos comunes, sino un juez de carrera con décadas de experiencia protegiendo intereses corporativos.

2. Precedentes pro-business brutales: La jurisprudencia de Delaware en temas como “breach of fiduciary duty”, “covenant not to compete”, e interpretación de contratos es consistentemente favorable a las empresas grandes vs. individuos.

3. Costos procesales altísimos: Para litigar en Delaware necesitás un abogado con matrícula en Delaware (o uno argentino que se asocie con uno de allá). Las hourly rates de abogados corporativos en Delaware arrancan en USD 400 y llegan fácil a USD 900 la hora para socios senior.

4. Forum non conveniens casi nunca se acepta: Si argumentás “che, pero yo estoy en Argentina, mis testigos están acá, toda la evidencia está acá, esto es ridículo litigar en Delaware”, los tribunales de Delaware dicen: “Vos firmaste. Te jodés.” La Corte de Chancería de Delaware tiene jurisprudencia SÓLIDA diciendo que un forum selection clause (cláusula de jurisdicción exclusiva) se respeta casi siempre, incluso cuando es altamente inconveniente para la parte más débil.

Nueva York es igual de jodida (aunque por razones ligeramente diferentes). Nueva York tiene una ley específica (NY General Obligations Law § 5-1401) que dice que si un contrato involucra más de USD 250,000, las partes pueden acordar que se aplique ley de Nueva York incluso si el contrato no tiene ninguna relación con Nueva York. Es literalmente un régimen de “elijan nuestra ley y vengan a nuestros tribunales” diseñado para atraer litigios comerciales (= fees para abogados neoyorquinos).

Singapur es el peor de todos. El sistema judicial de Singapur es técnicamente excelente pero carísimo y está a 18,000 km de Buenos Aires. Además, Singapur es una jurisdicción obsesionada con el arbitraje—casi todas las disputas comerciales internacionales terminan en el Singapore International Arbitration Centre (SIAC), que cobra fortunas.

Lo que realmente te mata:

No es solo que sea caro litigar lejos. Es que perdés todos tus derechos locales.

En Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) te protege contra cláusulas abusivas. El Código Civil y Comercial tiene normas sobre contratos de adhesión, buena fe contractual, abuso de posición dominante. Todo eso SE VA A LA MIERDA cuando firmás una cláusula de “ley de Delaware”.

Si el contrato dice “ley de Delaware”, NO aplica la ley argentina. Punto. Y Delaware no tiene nada equivalente a la Ley de Defensa del Consumidor. Delaware es un estado diseñado para que las corporaciones ganen.

3. Cláusula de indemnización (Indemnification / Hold Harmless)

Esta es la verdaderamente letal. La que arruina vidas.

Cómo se ve en el contrato:

“Contractor agrees to indemnify, defend, and hold harmless Company, its officers, directors, employees, and agents from and against any and all claims, damages, liabilities, costs, and expenses (including reasonable attorneys’ fees) arising out of or relating to: (a) any breach of Contractor’s representations or warranties; (b) Contractor’s negligence or willful misconduct; (c) any claim that the Work infringes or misappropriates any third party’s intellectual property rights; or (d) any violation of applicable laws by Contractor.”

Por qué te mata:

Esta cláusula tiene tres partes y las tres son veneno puro:

“Indemnify” = Pagás todo

“Indemnify” significa que si pasa algo cubierto por la cláusula, vos tenés que reembolsarle al cliente TODOS sus costos. Esto incluye:

• Daños

• Gastos de abogados (los de ellos, no los tuyos)

• Costos de peritos

• Settlements (arreglos extrajudiciales)

• Intereses

• Literalmente cualquier cosa que ellos tuvieron que pagar

Hagamos un ejemplo concreto:

Vos diseñaste un logo para un cliente gringo. Usaste una fuente que bajaste de un sitio que decía “free for commercial use”. Plot twist: no era free. El dueño de la fuente demanda a tu cliente por USD 50,000 por violación de copyright.

Tu cliente, gracias a la cláusula de indemnización, te pasa la factura A VOS:

• USD 50,000 del settlement.

• USD 30,000 de honorarios de sus abogados defendiéndose.

• USD 5,000 de costos varios (declaraciones, depositions, peritos).

Total: USD 85,000.
Tu fee por el proyecto: USD 2,500.
Ratio destrucción financiera: 34:1

“Defend” = Pagás MIENTRAS sucede, no después

La palabra “defend” es crítica. Significa que tu obligación de pagar comienza en el momento en que le hacen el reclamo al cliente, no cuando termina el juicio.

En jurisdicciones como California, el deber de “defend” es independiente del deber de “indemnify”. Esto significa que incluso si al final del juicio resulta que vos NO eras responsable, igual tenés que haber pagado los costos de la defensa.

Pensalo así: te hacen un reclamo trucho. Tu cliente tiene que contratar abogados. Esos abogados cobran USD 50,000. Dos años después, el juicio termina y resulta que la demanda era completamente infundada. Cool. Pero vos ya pagaste los USD 50,000 de defensa. No te los devuelve nadie.

Hold Harmless = No me podés reclamar nada

“Hold harmless” significa que vos renunciás a reclamarle al cliente cualquier cosa relacionada con el tema cubierto por la indemnización.

Digamos que el cliente te dio especificaciones técnicas incorrectas que causaron que tu código fallara. Normalmente, podrías decir “che, vos me dijiste que usara esta arquitectura, el problema es tuyo”. Pero si hay una cláusula de hold harmless, esa defensa se va al tacho. Literalmente les prometiste “no me reclames nada”.

El verdadero horror:

La mayoría de estas cláusulas son unilaterales. Vos indemnizás al cliente por TODO. Pero el cliente no te indemniza a vos por NADA.

Si el cliente te da material plagiado y vos lo usás, TE COMEN CRUDO. Pero si ellos te causan pérdidas—digamos, te hacen trabajar en un proyecto que violan patentes de un tercero—ellos no te deben nada.

Caso real:

En 2015, varios freelancers de Forbes fueron dejados solos frente a demandas de difamación porque Forbes tenía una cláusula estándar que decía: “The writer is responsible for any legal claims arising from their work” + “The writer must indemnify Forbes and hold it harmless against any liability.”

Una de esas freelancers, Sofia Estevez, tuvo que conseguir defensa legal pro bono. Si no hubiera tenido esa suerte, habría quedado financieramente destruida—y ojo, ella ni siquiera perdió el caso. Simplemente defenderse le habría costado fácil USD 200,000+.

El marco legal argentino: lo que dice (y no dice) nuestra ley

Antes de entrar en por qué estas cláusulas funcionan, necesitamos entender qué dice la ley argentina sobre contratos internacionales. Spoiler: te protege menos de lo que pensás.

El Código Civil y Comercial y los contratos internacionales

El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), vigente desde agosto 2015, tiene un Título completo dedicado al Derecho Internacional Privado (Título IV, Libro Sexto, artículos 2594-2671). Esto incluye normas específicas sobre contratos internacionales.

La buena noticia: Argentina reconoce expresamente el principio de autonomía de la voluntad en contratos internacionales.

La mala noticia: Esa autonomía es AMPLÍSIMA y te permite colgarte del propio cuello contractual.

Artículo 2651: Autonomía de la voluntad (la norma que te hunde)

El artículo clave es el 2651 del CCyCN:

“Los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. La elección debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso.”

Y el inciso (c) es el que realmente te mata:

“Las partes pueden establecer, de común acuerdo, el contenido material de sus contratos e, incluso, crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho elegido.”

Traducción: Podés acordar que se aplique ley de Delaware. Podés acordar arbitraje en Singapur. Podés renunciar a derechos. Y el Estado argentino va a respetar eso.

Esto se llama “autonomía conflictual” (elegir qué ley se aplica) y “autonomía material” (crear tus propias reglas contractuales).

La única vez que esto NO se respeta es cuando:

1. Viola principios de orden público internacional argentino (art. 2600)

2. Viola normas internacionalmente imperativas argentinas (art. 2599)

3. Fue hecho en fraude a la ley (art. 2598)

Artículo 2600: Orden público (tu única salvación, pero es casi imposible)

El artículo 2600 dice:

“Las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino.”

Suena genial, ¿no? El problema es que el estándar es ALTÍSIMO.

El orden público internacional NO es lo mismo que el orden público interno. No alcanza con que algo sea “abusivo” o “injusto”. Tiene que ser manifiestamente incompatible con principios fundamentales del ordenamiento argentino.

Ejemplos de cosas que SÍ violan orden público internacional:

• Esclavitud.

• Trata de personas.

• Discriminación racial en contratos.

• Renuncia a derechos humanos fundamentales.

Ejemplos de cosas que NO violan orden público (aunque sean una cagada):

• Cláusulas de indemnización unilateral.

• Arbitraje internacional caro.

• Jurisdicción exclusiva lejana.

• Renuncia a derechos procesales normales.

La jurisprudencia argentina es clara: el orden público internacional se aplica restrictivamente. Es una excepción a la regla general de respetar la autonomía de las partes.

Artículo 2599: Normas internacionalmente imperativas

Esto cubre cosas como:

• Leyes laborales argentinas (si aplicaran, que generalmente NO para freelancers).

• Ley de Defensa de la Competencia.

• Normas penales.

• Regulaciones cambiarias.

Pero no incluye:

• Ley de Defensa del Consumidor (porque no sos consumidor).

• Protecciones contractuales generales.

• Cláusulas abusivas en contratos comerciales.

Artículos 2605-2607: Prórroga de jurisdicción

Los artículos 2605 a 2607 regulan la prórroga de jurisdicción (elegir tribunales extranjeros).

Artículo 2605:

“En materia patrimonial e internacional, las partes están facultadas para prorrogar jurisdicción en jueces o árbitros fuera de la República, excepto que los jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva o que la prórroga estuviese prohibida por ley.”

O sea: podés acordar que cualquier disputa se resuelva en Delaware, Nueva York, Singapur, o donde carajo quieran. Y los tribunales argentinos van a respetar eso.

Artículo 2606:

“El juez elegido por las partes tiene competencia exclusiva, excepto que ellas decidan expresamente lo contrario.”

Traducción: si firmaste “exclusive jurisdiction of Delaware courts”, NO podés demandar en Argentina. Te jodés y te vas a Delaware.

Artículo 2607:

“La prórroga de jurisdicción es operativa si surge de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiestan su decisión de someterse a la competencia del juez o árbitro ante quien acuden.”

Eso que firmaste en el PDF? Sí, eso cuenta como “convenio escrito”. No importa que no lo hayas negociado. No importa que sea un contrato de adhesión. Lo firmaste = es válido.

Lo que la ley argentina NO te protege

Acá es donde se pone feo. La ley argentina NO tiene:

1. Protecciones especiales para freelancers: No sos trabajador en relación de dependencia, no sos consumidor. Sos un “comerciante” o “prestador de servicios”. Las protecciones son mínimas.

2. Límites a cláusulas de indemnización: No hay ninguna norma que diga “las cláusulas de indemnización ilimitada son abusivas en contratos internacionales”. Eso existe para consumidores (Ley 24.240) pero NO para vos.

3. Control de cláusulas leoninas en contratos B2B: Los artículos 984-989 del CCyCN sobre contratos de adhesión se aplican MUY débilmente a contratos comerciales internacionales.

4. Foro de necesidad automático: Aunque existe el artículo 2602 sobre “foro de necesidad”, solo aplica cuando haya “denegación de justicia”. Que sea caro litigar en Delaware NO es denegación de justicia.

Casos reales: la jurisprudencia argentina

La jurisprudencia argentina en contratos internacionales es consistentemente pro-autonomía de partes.

Caso “Standard Bank London Ltd. c/ YPF” (Cámara Nacional Comercial, Sala B): El tribunal dijo explícitamente que las partes tienen “autonomía conflictual” (elegir ley) Y “autonomía material” (crear sus propias reglas que desplacen normas imperativas del derecho elegido).

Caso “Tactician Int. Corp. c/ Dirección de Fabricaciones Militares” (CSJN, 1994): La Corte Suprema reconoció que las partes pueden elegir libremente la ley aplicable a contratos internacionales.

Caso “Méndez Valles c/ Pescio” (CSJN, 1995): La Corte validó cláusulas de elección de foro extranjero.

El mensaje de los tribunales argentinos es claro:

Entonces... ¿estás totalmente desprotegido?

Casi. Hay UNA forma de zafar, pero es extremadamente difícil:

Podés argumentar que aplicar la cláusula violaría orden público internacional bajo el artículo 2600. Pero tendrías que demostrar que:

1. La cláusula conduce a una solución “incompatible con los principios fundamentales” del ordenamiento argentino

2. No simplemente “injusta” o “desequilibrada”, sino fundamentalmente incompatible con valores constitucionales

Ejemplo práctico: Una cláusula de indemnización ilimitada que te deja en bancarrota personal y te impide ejercer tu profesión por el resto de tu vida podría —PODRÍA— violarse orden público. Pero tendrías que litigarlo, con abogados caros, y no hay garantía de que ganes.

Por qué estas cláusulas son legales (y por qué funcionan)

Ahora que entendés el marco legal argentino, acá viene la pregunta del millón: “Pero Didaco, ¿cómo puede ser legal esto? Suena completamente abusivo.”

Es abusivo. Y es legal.

Acá está la trampa:

1. No sos consumidor

En Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor te protege contra cláusulas abusivas. Pero esa ley se aplica a “consumidores”—es decir, personas que contratan para uso personal, familiar o doméstico.

Cuando vos firmás un contrato como freelancer, sos un proveedor de servicios profesionales, no un consumidor. Sos una empresa unipersonal. Y las empresas no tienen las mismas protecciones.

El Código Civil y Comercial tiene algunas protecciones contra contratos de adhesión y cláusulas abusivas en contratos comerciales (artículos 984-989), pero son mucho más débiles que las de consumidor. Y la carga de la prueba de que la cláusula es abusiva está en vos.

2. Firmaste voluntariamente

Los tribunales—especialmente en jurisdicciones pro-business como Delaware y Nueva York—tienen una filosofía: “You name the price, I’ll name the terms.”

En otras palabras: si no te gustaban las cláusulas, podías haber cobrado más para compensar el riesgo. O podías haber rechazado el contrato.

El hecho de que seas un freelancer argentino con necesidad de laburar y la empresa sea una corporación gringa de USD 50 millones no importa. Para el derecho contractual anglosajón, ambos son “parties dealing at arm’s length” (partes negociando en igualdad de condiciones).

Es una ficción legal, obviamente. Pero es la ficción que aplican.

3. Convención de Nueva York + Enforcement transfronterizo

La Convención de Nueva York de 1958 (ratificada por 172 países, incluyendo Argentina) obliga a los tribunales locales a reconocer y hacer cumplir:

1. Cláusulas de arbitraje acordadas por las partes

2. Laudos arbitrales internacionales

Esto significa que si firmaste arbitraje en Singapur y te negás a participar, el laudo arbitral se puede ejecutar en Argentina. Pueden embargarte bienes, cuentas bancarias, todo.

Y si firmaste jurisdicción exclusiva de Delaware, los tribunales argentinos también van a respetar eso bajo el principio de autonomía de la voluntad en contratos internacionales.

Hay una forma de zafar: demostrar que la cláusula es “manifiestamente contraria al orden público argentino” (artículo 2600 del CCyC). Pero es un estándar altísimo. Tenés que demostrar que aplicar la cláusula violaría principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Simplemente decir “es cara” o “es inconveniente” no alcanza.

Cómo negociar sin abogado (pero no siendo boludo)

Ahora viene la parte práctica. ¿Qué hacés cuando te llega un contrato con estas cláusulas?

Primer paso: Entender tu posición negociadora

Sos reemplazable: Si el cliente te encontró en Upwork/Fiverr/lo-que-sea y hay 10,000 personas que hacen lo mismo que vos, tu poder de negociación es CERO. En ese caso, o aceptás el contrato como viene, o rechazás el trabajo.

No sos reemplazable: Si tenés una habilidad especializada, relación previa con el cliente, o el cliente te buscó específicamente, tenés margen para negociar. Usalo.

Red flags absolutos que te deben hacer huir

Algunas cláusulas son tan tóxicas que directamente no deberías firmar el contrato, sin importar cuánto paguen:

1. “Unlimited indemnification”: Si la cláusula de indemnización no tiene un cap (límite) y cubre “any and all claims”, huí. Literalmente te están pidiendo que asumas responsabilidad ilimitada por cualquier cosa que salga mal.

2. “You waive all defenses”: Si el contrato dice que renunciás a defensas o que no podés alegar incumplimiento del cliente como justificación, huí.

3. “Company may modify this agreement at any time”: Si el cliente se reserva el derecho de cambiar los términos unilateralmente, huí. Es una carta blanca para chorearte.

4. “You assign all rights, title, and interest (including moral rights) in perpetuity”: Si te piden que renuncies a derechos morales (paternidad, integridad) sobre tu trabajo, pensalo dos veces. Esto es especialmente jodido para trabajos creativos.

5. “Exclusive jurisdiction of [lugar super lejano] AND governing law of [lugar diferente]”: Si te ponen jurisdicción exclusiva en Singapur PERO ley aplicable de Delaware, eso es una señal de que están tratando de maximizar tu desventaja. Huí.

Estrategias de negociación específicas

Para la cláusula de arbitraje:

Opción 1 - Eliminarla completamente:

“Hi [Client], I’ve reviewed the arbitration clause. International arbitration is prohibitively expensive for a contract of this size (USD X,XXX). I’d like to propose replacing it with binding mediation, with litigation as a fallback. Would you be open to that?”

Opción 2 - Modificar el foro:

“I understand you want arbitration, but Singapore is 18,000 km from my location. Could we agree on AAA (American Arbitration Association) arbitration with a virtual hearing? That would reduce costs for both of us.”

Opción 3 - Cap de costos:

“I’m comfortable with arbitration if we add a clause that caps total arbitration costs (including administrative fees and arbitrator fees) at [X% of contract value]. For disputes over that amount, let’s use litigation.”

Por qué puede funcionar: Los clientes incluyen arbitraje internacional porque creen que es “sofisticado” o porque algún abogado se lo recomendó. Muchas veces ni siquiera saben lo caro que es. Si les señalás que es impracticable para un contrato chico, pueden estar dispuestos a cambiar.

Para la cláusula de jurisdicción:

Opción 1 - Jurisdicción neutral:

“I see the contract specifies Delaware law and Delaware courts. Given that I’m based in Argentina and you’re in [State], neither of us has a strong connection to Delaware. Could we agree on New York law and New York courts instead?”

(Nueva York sigue siendo jodido, pero al menos es un foro más neutral que Delaware, y tenés más chances de encontrar un abogado argentino con experiencia en NY.)

Opción 2 - Escalation clause:

“Could we add a provision requiring good-faith negotiation for 30 days before either party can file suit? That would give us a chance to resolve things amicably.”

Opción 3 - Jurisdicción concurrente:

“Instead of ‘exclusive jurisdiction of Delaware’, could we make it ‘non-exclusive jurisdiction’? That way, if there’s ever a problem, I could also bring a claim in Argentina if needed.”

Por qué puede funcionar: Las empresas grandes quieren Delaware porque conocen bien ese sistema. Pero si les argumentás que es impracticable (especialmente si el contrato es pequeño), pueden aceptar una jurisdicción más neutral.

Para la cláusula de indemnización:

Opción 1 - Indemnificación mutua:

“I’ve reviewed the indemnification clause and I notice it’s one-sided. Could we make it mutual? That way, we’re both protected. Here’s suggested language:

‘Each party agrees to indemnify, defend, and hold harmless the other party from claims arising out of that party’s breach of this Agreement, negligence, or willful misconduct.’”

Opción 2 - Cap de responsabilidad:

“I’m comfortable with indemnification if we cap my total liability at [X] times the contract value. For a USD X,XXX contract, a cap of USD Y,YYY seems reasonable.”

Regla de oro: nunca aceptes indemnización ilimitada para un contrato de valor finito.

Opción 3 - Exclusión de negligencia del cliente:

“Could we add language clarifying that I’m not responsible for indemnifying claims that arise from your own negligence or from materials/instructions you provide?”

Opción 4 - Seguro como alternativa:

“If you require broad indemnification, I’d need to purchase professional liability insurance, which costs USD X,XXX per year. Could we either: (a) adjust the contract price to cover that cost, or (b) narrow the indemnification to only willful misconduct?”

Por qué puede funcionar: La indemnificación es la cláusula que más negociación admite porque está relacionada con riesgo concreto. Si vos proponés alternativas razonables (mutual indemnification, caps), muchos clientes las aceptan.

El email que mandás

Acá un template real que podés usar (obviamente adaptalo a tu situación):

Subject: Contract Review - Suggested Modifications

Hi [Client Name],

Thanks for sending over the contract. I’ve reviewed it carefully and I’m excited to work with you on this project.

I have a few concerns about some of the clauses that I’d like to discuss:

1. Arbitration (Section X): International arbitration in [Singapore/wherever] would cost USD 50,000-150,000 for a contract of this size, which is impractical. Could we replace this with:

• Option A: Binding mediation, with litigation as a fallback, or

• Option B: AAA arbitration with virtual hearings?

2. Indemnification (Section Y): The current indemnification clause is one-sided and uncapped. Could we either:

• Make it mutual (both parties indemnify each other for their own breaches), or

• Cap my total liability at [X times contract value]?

3. Jurisdiction (Section Z): [Delaware/wherever] is 10,000 km from my location. Could we agree on [more neutral jurisdiction] or add language allowing for remote participation in any proceedings?

I’m happy to discuss these points by call if that’s easier. I believe these modifications protect both of us and make the agreement more balanced without increasing your risk.

Let me know your thoughts!

Best, [Tu nombre]

Lo que NO hacés:

• ❌ No digas “mi abogado dice que estas cláusulas son abusivas” si no tenés abogado. Es bluff transparente.

• ❌ No amenaces con no firmar a menos que tengas un plan B real.

• ❌ No pidas cambios sin ofrecer alternativas razonables.

• ❌ No hagas 20 objeciones. Elegí las 2-3 cláusulas más jodidas y enfocate en esas.

Si dicen que no

Si el cliente se niega a modificar NADA y las cláusulas son realmente tóxicas, tenés dos opciones:

Opción A - Aceptar el riesgo:

Si necesitás el dinero y confiás en que el cliente no es problemático, podés firmar y cruzar los dedos. En ese caso:

1. Documentá TODO. Cada email, cada cambio de requerimientos, cada cosa que el cliente te pida.

2. Nunca entregues nada que no sea 100% tuyo o debidamente licenciado.

3. Si algo empieza a oler mal (el cliente se pone agresivo, hace reclamos raros), salí YA. Mejor perder el trabajo que terminar con un juicio de USD 100,000.

Opción B - Rechazar el trabajo:

Si el contrato es realmente tóxico (indemnización ilimitada + arbitraje en Singapur + jurisdicción de Delaware para un contrato de USD 3,000), no vale la pena el riesgo. Hay otros clientes.

Red flags: cómo saber si te están por cagar

Algunas señales de que el cliente va a ser problemático:

🚩 Red flag #1: “It’s just our standard contract, everyone signs it”

Si el cliente insiste en que no pueden cambiar NI UNA COMA porque “es nuestro contrato estándar”, pero es una startup de 10 personas, están choreando. Los contratos “estándares” se usan en corporaciones enormes con departamentos legales. Una startup puede modificar lo que quiera.

🚩 Red flag #2: Se niegan a explicar las cláusulas

Si les preguntás “che, ¿qué significa exactamente esta cláusula de indemnización?” y la respuesta es “no te preocupes, nunca la usamos”, huí. Si nunca la usan, ¿por qué está ahí?

🚩 Red flag #3: Presión para firmar rápido

“Necesito que firmes hoy porque tenemos que empezar mañana” = Muchas 🚩🚩🚩🚩🚩🚩

Los contratos SIEMPRE se pueden retrasar 24-48 horas. Si te presionan para que firmes sin leer, es porque saben que hay cláusulas que no te van a gustar.

🚩 Red flag #4: “Don’t worry, we’ll never enforce that”

Si una cláusula existe, la pueden hacer cumplir. Punto. Las promesas verbales de “tranquilo, eso nunca lo usamos” no valen NADA ante un tribunal.

🚩 Red flag #5: El contrato es desproporcionadamente largo

Si te mandan un contrato de 25 páginas para un trabajo de USD 2,000, algo está mal. O tienen un departamento legal paranoico, o están tratando de enterrarte en legalese para que no leas las cláusulas jodidas.

Qué hacés si ya firmaste

Digamos que ya firmaste un contrato con estas cláusulas de mierda y ahora te das cuenta. ¿Estás perdido?

No necesariamente.

Si todavía no empezaste a trabajar:

Mandá un email diciendo:

“Hi [Client], I’ve been reviewing the contract in more detail and I have some concerns about Section X. Before we start work, could we discuss modifying this clause?”

Es un poco incómodo, pero es mejor que terminar en un litigio de USD 100,000. La mayoría de los clientes razonables van a estar abiertos a hablar ANTES de que empieces.

Si ya estás trabajando pero no hay problema todavía:

En el próximo renewal o modification del contrato, pedí cambios. O mandá un “amendment” proponiendo modificaciones:

“Hi [Client], we’ve been working together for [X months] and it’s been great. I’d like to propose an amendment to our contract to update the [jurisdicción/indemnización/lo que sea] clause to be more balanced. Here’s suggested language...”

Si ya hay un problema:

Primero, RESPIRÁ. No entres en pánico.

Segundo, conseguí un abogado INMEDIATAMENTE. No uno cualquiera, uno especializado en litigios internacionales o arbitraje.

Tercero, no admitas nada por escrito. No mandes emails diciendo “sí, la cagué” o “tenés razón”. Limitáte a decir: “He recibido tu reclamo y estoy evaluando la situación con mis asesores legales.”

Cuarto, explorá settlement (acuerdo extrajudicial). La mayoría de las disputas se resuelven antes de llegar a tribunales porque a nadie le conviene gastar USD 100,000 en honorarios legales. Ofrecé negociar de buena fe.

Quinto, investigá si el cliente realmente va a hacer cumplir la cláusula. Muchas veces, las empresas amenazan con arbitraje internacional o demandas en Delaware pero nunca las ejecutan porque es caro para ellos también. Es bluff (farolear en Argentino o amenazar sin intención legal). Pero no asumas que es bluff, verificá con tu abogado.

Bonus: Cláusulas que DEBERÍAS pedir (y casi nadie pide)

Ya que estamos negociando contratos, acá algunas cláusulas que te protegen y que casi ningún freelancer pide (pero deberían):

1. “Client-provided materials warranty”

“Client warrants that all materials, content, designs, code, data, and other assets provided to Contractor are either (a) owned by Client, (b) properly licensed, or (c) in the public domain. Client agrees to indemnify Contractor for any claims arising from Client’s breach of this warranty.”

Por qué importa: Si el cliente te da material plagiado o que viola derechos de terceros, VOS quedás protegido.

2. “Limitations on revisions”

“This project includes up to [X] rounds of revisions. Additional revisions will be billed at [USD Y] per hour.”

Por qué importa: Evita el scope creep infinito donde el cliente te pide 47 versiones del mismo logo.

3. “Payment for cancellation”

“If Client terminates this Agreement after work has commenced, Client agrees to pay Contractor for all work completed to date, plus [X%] of the remaining contract value as a termination fee.”

Por qué importa: Si el cliente cancela a mitad de proyecto, no te quedás sin nada.

4. “No assignment without consent”

“Neither party may assign this Agreement to a third party without the prior written consent of the other party.”

Por qué importa: Evita que el cliente venda su empresa y de repente estés trabajando para una corporación que nunca elegiste.

5. “Mutual NDA”

“Both parties agree to keep confidential all proprietary information disclosed during this engagement.”

Por qué importa: Protege TU información también, no solo la del cliente.

Reflexión final: El problema real NO es legal, es económico

Acá va la parte incómoda: el verdadero problema no es que estas cláusulas existan. Es que existen porque el poder de negociación está completamente desbalanceado.

Cuando una startup gringa busca un developer argentino en Upwork, hay 10,000 otros developers argentinos dispuestos a aceptar cualquier contrato con tal de conseguir dólares. La empresa sabe esto. Por eso puede poner cláusulas leoninas.

Si vos sos un desarrollador senior con 10 años de experiencia y trabajaste en Google, tenés poder de negociación. Podés decir “mirá, estas cláusulas son una mierda, cambiálas o no laburo con ustedes” y el cliente va a negociar.

Pero si sos un diseñador junior compitiendo con 50,000 otros diseñadores en Fiverr, no tenés un carajo de poder. O aceptás el contrato como viene, o te morís de hambre.

No hay solución legal para un problema económico.

La ley te protege cuando tenés recursos para invocarla. Si no tenés USD 100,000 para pagar abogados internacionales, tus “derechos” son ficción. Podés tener razón en todo y igual perder porque no podés pagar la pelea.

Por eso, mi consejo real es:

1. Especializate en algo donde haya menos competencia. Cuanto más reemplazable sos, menos poder tenés.

2. Construí relaciones directas con clientes. Upwork y plataformas similares son mercados de commodities donde competís solo por precio.

3. Cargá el riesgo contractual en tu precio. Si un cliente te pide indemnización ilimitada, cobrá 50% más para compensar el riesgo.

4. Rechazá contratos obviamente tóxicos. Es mejor ganar USD 0 que terminar debiendo USD 100,000.

Y sobre todo: leé los putos contratos antes de firmar.

Sé que son 18 páginas de legalese denso. Sé que querés empezar a laburar ya. Pero 30 minutos leyendo el contrato pueden ahorrarte años de pesadilla legal.

Referencias

Sobre costos de arbitraje internacional:

1. Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) - “Costs of International Arbitration Survey” (2011), análisis de 254 arbitrajes realizados entre 1991-2010. Costo promedio: GBP 1,580,000 (USD 2.6 millones). Los honorarios legales representan aproximadamente 74% de los costos totales. Disponible en: https://www.international-arbitration-attorney.com/es/cost-of-international-arbitration/

Sobre arbitraje internacional y enforcement:

2. Convención de Nueva York de 1958 - “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”, ratificada por 172 países incluyendo Argentina. La Convención obliga a los tribunales nacionales a reconocer y ejecutar laudos arbitrales extranjeros. Texto oficial en español disponible en: https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards

3. Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras - Wikipedia (información general y contexto histórico): https://es.wikipedia.org/wiki/Convención_sobre_el_reconocimiento_y_ejecución_de_las_sentencias_arbitrales_extranjeras

Sobre jurisdicción en contratos internacionales:

4. Delaware Code Online, Title 6, Chapter 27, § 2708 - “Choice of Law” statute que permite a las partes elegir ley de Delaware para sus contratos. Disponible en: https://delcode.delaware.gov/title6/c027/sc01/index.html (ver también versión 2016: https://law.justia.com/codes/delaware/2016/title-6/chapter-27/subchapter-i/section-2708)

5. Pinsent Masons - Out-Law - “Jurisdiction and choice of law clauses in international contracts” (octubre 2022), análisis sobre tipos de cláusulas de jurisdicción (exclusiva, no-exclusiva, asimétrica) y consideraciones prácticas. Disponible en: https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/jurisdiction-and-choice-of-law-clauses-in-international-contracts

6. Harvard Law School Forum on Corporate Governance - “Making Sure Your ‘Choice-of-Law’ Clause Chooses All of the Laws of the Chosen Jurisdiction” (septiembre 2017), sobre cómo las cortes de Delaware interpretan choice-of-law clauses. Disponible en: https://corpgov.law.harvard.edu/2017/09/18/making-sure-your-choice-of-law-clause-chooses-all-of-the-laws-of-the-chosen-jurisdiction/

7. PilieroMazza PLLC - “New York v. Delaware Part 2: Which State is Best for Governing Law?” (febrero 2024), comparación entre Nueva York y Delaware como jurisdicciones elegidas, incluyendo NY General Obligations Law § 5-1401 (contratos USD 250,000+). Disponible en: https://www.pilieromazza.com/blog-new-york-v-delaware-part-2-which-state-is-best-for-governing-law/

Sobre cláusulas de indemnización:

8. Poynter Institute - “Indemnity clauses leave freelancers open to lawsuits” (mayo 2015), análisis del caso Sofia Estevez vs. Forbes sobre cláusulas de indemnificación que dejan a freelancers sin protección legal. Disponible en: https://www.poynter.org/reporting-editing/2015/indemnity-clauses-leave-freelancers-open-to-lawsuits/

9. Columbia Journalism Review - “Three clauses freelancers should know (and negotiate), according to lawyers”, entrevistas con Jonathan Peters (Universidad de Georgia) y David Lizerbram sobre indemnity clauses, copyright, y work-for-hire. Disponible en: https://www.cjr.org/watchdog/freelance-contracts.php

10. Bloomberg Law - “Indemnification Clauses in Contracts” (septiembre 2024), análisis exhaustivo sobre enforceability, tipos de indemnificación (broad form, no-fault), y best practices. Disponible en: https://pro.bloomberglaw.com/insights/contracts/indemnification-clauses-in-contracts/

11. Morgan Lewis LLP - “’Indemnify, Defend, and Hold Harmless’: What Does It Really Mean?” (enero 2024), explicación detallada de los tres términos y su interpretación en diferentes jurisdicciones, incluyendo el caso Crawford v. Weather Shield Manufacturing (California). Disponible en: https://www.morganlewis.com/blogs/sourcingatmorganlewis/2024/01/indemnify-defend-and-hold-harmless-what-does-it-really-mean

Sobre ley argentina de contratos internacionales:

12. Código Civil y Comercial de la Nación Argentina - Título IV (Disposiciones de Derecho Internacional Privado), artículos 2594-2671. En particular: Art. 2651 (Autonomía de la voluntad), Art. 2600 (Orden público), Art. 2599 (Normas internacionalmente imperativas), Arts. 2605-2607 (Prórroga de jurisdicción). Disponible en: https://www.uaipit.com/uploads/legislacion/files/1442558785_CCivil_y_Comercial_de_la_Nacion_Argentina_-_DIPriv.pdf

13. Abogados.com.ar - “¿Cuál es el derecho aplicable en materia de contratos internacionales? Un análisis de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación” por Luciana Scotti, análisis detallado del principio de autonomía de la voluntad en el CCyCN. Disponible en: https://abogados.com.ar/cual-es-el-derecho-aplicable-en-materia-de-contratos-internacionales-un-analisis-del-las-disposiciones-del-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion/18712

14. María Elsa Uzal - “Los contratos internacionales en el DIPr argentino a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación” (2017), sobre la recepción del principio de autonomía conflictual y material en Argentina. Disponible en: https://derechointernacionalprivadouzal.com.ar/doctrina/los-contratos-internacionales-en-el-dipr-argentino-a-la-luz-del-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion/

15. Latin American Journal of International Affairs - “Análisis de la Autonomía de la Voluntad en la Contratación Internacional a la luz del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina” por Adriana Porcelli (mayo 2019), Vol. 9 Núm. 1. Disponible en: https://www.lajia.net/lajia/article/view/78

16. Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Gioja - “Regulación Jurídica de los Contratos Internacionales en el Código Civil y Comercial de la Nación” (diciembre 2015), análisis sobre jerarquía de fuentes y determinación del juez competente. Disponible en: http://revistas.derecho.uba.ar/index.php/revista-gioja/article/view/221

17. Pensamiento Civil - “La autonomía de la voluntad en los contratos internacionales, como instrumento para hacer justicia”, sobre autonomía conflictual, autonomía material, y lex mercatoria en el derecho argentino. Disponible en: https://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/4249-autonomia-voluntad-contratos-internacionales-como-instrumento-para

Jurisprudencia argentina citada:

18. Corte Suprema de Justicia de la Nación - “Tactician Int. Corp. y Otros c/ Dirección de Fabricaciones Militares”, 15 de marzo de 1994 (reconocimiento de autonomía de la voluntad en contratos internacionales)

19. Corte Suprema de Justicia de la Nación - “Méndez Valles, Fernando c/ Pescio A. M. s/ ejecución de alquileres”, 26 de diciembre de 1995 (validación de cláusulas de elección de foro extranjero)

20. Cámara Nacional Comercial, Sala B - “Standard Bank London Ltd. y otros c. Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland” (reconocimiento de autonomía material de la voluntad)

Jurisprudencia estadounidense citada:

21. Abry Partners V, LP v. F&W Acquisition LLC, 891 A.2d 1032 (Del. Ch. 2006) - Vice Chancellor Strine sobre interpretación de choice-of-law clauses en Delaware para cubrir tanto contract claims como tort claims.

22. Crawford v. Weather Shield Manufacturing, Inc., 44 Cal. 4th 541 (2008) - Corte Suprema de California sobre distinción entre “defend” e “indemnify” en cláusulas de indemnización, estableciendo que el deber de defender surge antes de una determinación de responsabilidad.

Sobre el autor: Soy un abogado argentino especializado en contratos internacionales y derecho tecnológico. He trabajado con freelancers y startups durante años, asesorando en negociaciones contractuales transfronterizas. He visto demasiados casos de gente talentosa arruinada financieramente por contratos que firmaron sin entender las implicancias legales.

Este artículo combina análisis del derecho argentino (Código Civil y Comercial, artículos 2594-2671) con derecho comparado (Delaware, Nueva York, Singapur) para explicar exactamente qué pasa cuando firmás estas cláusulas.

Si tenés dudas sobre un contrato específico, consultá con un abogado especializado en contratos internacionales.

Este artículo es educativo y proporciona información general sobre el marco legal aplicable, pero no constituye asesoramiento legal personalizado para tu situación particular.

El 1 de julio de 2025, Argentina firmó algo que la mayoría de la gente no leyó en los titulares pero que cambiará radicalmente cómo funcionan las finanzas en el país: el Addendum de CRS 2.0. Para quienes trabajamos en derecho tributario y tecnológico, esto no es una actualización menor de un tratado burocrático. Es el final del último bastión de privacidad financiera transfronteriza.

Y lo más inquietante es que casi nadie está hablando de ello.

¿Qué es CRS 2.0 y por qué debería importarte?

El Common Reporting Standard (CRS) existe desde 2014. Es el mecanismo por el cual más de 120 países intercambian automáticamente información financiera de sus residentes. Si tenés una cuenta en Suiza, Luxemburgo o las Islas Caimán, tu banco le informa a AFIP cuánto tenés, cuánto ganaste y cuánto moviste. Automáticamente. Cada año.

Entre 2018 y 2024, Argentina intercambió información de 10.9 millones de cuentas financieras con 78 jurisdicciones. El resultado: USD 4.830 millones en impuestos recuperados y USD 820 millones en multas por subdeclaraciones y falsas declaraciones.

Pero CRS 1.0 tenía una laguna enorme: no cubría criptoactivos, dinero electrónico ni productos tokenizados. Esa laguna acaba de cerrarse.

CRS 2.0 expande las obligaciones de reporte para incluir:

• Criptoactivos (Bitcoin, Ethereum, stablecoins)

• Dinero electrónico (Wise, Payoneer, Mercado Pago, Ualá, PayPal)

• Productos de inversión tokenizados

• Instrumentos derivados basados en cripto

• Cuentas de monedas digitales de bancos centrales (CBDC)

AFIP proyecta un aumento del 27% en cuentas reportables y un crecimiento del 40% en el volumen de datos para el primer ciclo de reporte ampliado en junio de 2027.

En caso de que no tengas idea de qué estamos hablando con CRS y FATCA, te comparto un video del colega Sergi Andrés del canal Legal Finance, al cual recomiendo que sigan.

El marco legal argentino: de la ambigüedad a la automatización

Argentina no llegó a CRS 2.0 de la nada. El camino comenzó en 2015 cuando el país se adhirió al Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes (MCAA) del CRS. La arquitectura legal doméstica se fue construyendo de a poco:

Ley 27.260 (2016): Estableció los requisitos de autocertificación y debida diligencia para instituciones financieras.

Resolución General 3826/2015 (AFIP): Implementó el régimen de información de cuentas financieras.

Resolución General 5129/2022 (AFIP): Incorporó a intermediarios de criptoactivos y custodios digitales.

Resolución General 5517/2024 (AFIP): Actualizó los estándares de presentación XML para alinearse con OECD v4.0 y el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).

Este último es clave. La RG 5517/2024 no es solo una actualización técnica. Es el marco operativo que permite a AFIP recibir, procesar y validar datos sobre criptoactivos con el mismo nivel de automatización que las cuentas bancarias tradicionales.

Las entidades alcanzadas: no solo bancos

Acá viene lo interesante. CRS 2.0 en Argentina afecta a aproximadamente 1.200 Entidades Financieras Informantes (RFIs por sus siglas en inglés), que administran colectivamente ARS 118 billones en activos de clientes:

• 41 bancos

• 19 custodios

• 230 gestores de inversión

• 27 proveedores de servicios de activos digitales

Esa última categoría es la novedad. Los exchanges de criptomonedas —Binance, Bitso, Ripio, Buenbit, SatoshiTango— ahora son Entidades Financieras Informantes al mismo nivel que el Banco Galicia o HSBC.

Y esto tiene implicancias masivas para compliance.

Los umbrales de reporte: dónde empieza la obligación

AFIP estableció umbrales específicos para diferentes tipos de activos:

Criptoactivos y wallets no custodiales: USD 1.000 o más
→ Ingreso fiscal proyectado: USD 500 millones entre 2026-2028

Proveedores de dinero electrónico (EMPs): USD 500 o más
→ Impacto estimado: USD 120 millones

Productos de inversión tokenizados / ETFs cripto: Cualquier exposición subyacente
→ Recuperación proyectada: USD 60 millones

Cuentas CBDC: Reglas de reporte en fase piloto para 2027

Leé esos números otra vez. AFIP espera recaudar más de USD 680 millones solo de criptoactivos en los próximos tres años.

Wise, Payoneer y el fin del “dinero invisible”

Acá viene algo que va a sorprender a muchos freelancers, trabajadores remotos y exportadores de servicios: Wise y Payoneer están completamente alcanzados por CRS 2.0.

Durante años, estos servicios funcionaron en una zona gris regulatoria. No eran bancos, no emitían cuentas bancarias “tradicionales”, y muchos usuarios asumieron (incorrectamente) que AFIP no podía verlos. Ese tiempo terminó.

Bajo CRS 2.0, Wise, Payoneer, Paypal y cualquier otro Proveedor de Dinero Electrónico (EMP) son Entidades Financieras Informantes. Eso significa que:

Wise:

• Debe reportar todas las cuentas de residentes argentinos con saldos superiores a USD 500

• Debe informar ingresos, saldos de cierre, transferencias recibidas

• Debe validar tu residencia fiscal (por eso te piden constantemente que actualices tu información)

• Comparte esta información automáticamente con AFIP cada año

Payoneer:

• Mismo régimen que Wise

• Si recibís pagos de clientes internacionales vía Payoneer, AFIP lo sabe

• Si mantenés saldos en múltiples monedas, AFIP lo sabe

• Si transferís fondos a cuentas bancarias argentinas, AFIP lo sabe

Lo que cambia en la práctica:

Antes de CRS 2.0, estos servicios reportaban solo bajo circunstancias específicas o cuando había requerimientos fiscales directos. Ahora el reporte es automático, obligatorio y exhaustivo.

Para freelancers y trabajadores remotos argentinos, esto significa:

1. No podés “olvidarte” de declarar lo que ganaste en Wise/Payoneer. Ya no es cuestión de si AFIP se va a enterar. AFIP ya se enteró.

2. Los saldos en moneda extranjera están alcanzados por Bienes Personales. Si tenés USD 10.000 en tu cuenta Wise, técnicamente deberías declararlo en Bienes Personales (aunque esté por debajo del mínimo no imponible, suma al total de tu patrimonio).

3. La “planificación fiscal creativa” ya no funciona. Esa estrategia de facturar a través de una LLC en Delaware y cobrar en Payoneer para “diferir impuestos” ya es transparente para AFIP.

4. Las transferencias entre Wise y cuentas argentinas dejan doble rastro. El banco argentino reporta la transferencia entrante, y Wise reporta la salida. AFIP cruza ambas informaciones.

El caso real de los exportadores de servicios:

Conozco decenas de programadores, diseñadores y consultores que cobran en Wise o Payoneer. Muchos declaraban solo lo que transferían a Argentina, asumiendo que lo que quedaba “afuera” era invisible. Con CRS 2.0, esa estrategia es insostenible.

Si sos exportador de servicios y venías usando Wise/Payoneer sin declarar todo, tenés dos opciones:

Opción A (la correcta): Regularizá tu situación ahora. Declará todo. Pagá lo que debas. Las multas por presentación espontánea son mucho menores que las multas por fiscalización.

Opción B (la incorrecta): Seguí sin declarar y esperá que AFIP no cruce los datos. Spoiler: van a cruzar los datos. Es automático. Y las multas pueden llegar al 400% del impuesto evadido más intereses.

¿Por qué Wise y Payoneer aceptaron esto?

Porque si no cumplían con CRS 2.0, perderían acceso al sistema bancario internacional. Es así de simple. No es negociable. O reportás, o no operás.

Wise ya envió comunicaciones a sus usuarios argentinos explicando el régimen. Payoneer también. Si no leíste esos emails, andá a buscarlos ahora.

Otros servicios alcanzados:

No son solo Wise y Payoneer. También están alcanzados:

• PayPal (saldos y transacciones)

• Skrill / Neteller (usados en gaming y apuestas online)

• Revolut (aunque tiene menos penetración en Argentina)

• Western Union (transferencias recurrentes)

• Cualquier fintech que permita mantener saldos en moneda extranjera

La única excepción parcial son las billeteras locales como Mercado Pago o Ualá cuando operan exclusivamente en pesos argentinos. Pero si Mercado Pago lanza su producto en dólares (cosa que está evaluando), también quedaría alcanzado.

El problema del TIN: el talón de Aquiles del sistema

La clave de todo esto es el Tax Identification Number (TIN). En Argentina, eso significa CUIT, CUIL o CDI. Cada cuenta reportable debe tener un TIN válido.

Acá está el problema: actualmente, las entidades financieras tienen una tasa de rechazo del 8% en sus reportes por errores en TINs.

AFIP aplica verificaciones algorítmicas de “razonabilidad” para identificar:

• Números CUIT/CUIL mal formados

• Identificadores faltantes

• Datos inconsistentes

La meta de AFIP es elevar la precisión del reporte del 91.7% en 2024 al 98% o más para 2026. ¿Cómo? Validación de TIN en tiempo real y verificación automática de esquemas XML.

Pero hay un tema más grande: ¿qué pasa con las wallets no custodiales?

El dilema de las wallets descentralizadas

Si tenés tus bitcoins en Binance, Binance es tu custodio y debe reportar a AFIP. Pero si tenés tus bitcoins en una Ledger o Trezor (hardware wallet), no hay custodio. No hay exchange. No hay entidad que deba reportar.

¿Significa eso que estás fuera del radar?

No exactamente.

AFIP tiene otras fuentes de información:

1. Rampas de entrada/salida: Si compraste cripto con pesos argentinos en un exchange local, AFIP ya sabe.

2. Declaraciones juradas: Bienes Personales obliga a declarar criptoactivos.

3. Operaciones bancarias: Transferencias a exchanges extranjeros quedan registradas.

El Dictamen 2/2022 de AFIP estableció que los criptoactivos son activos financieros alcanzados por Bienes Personales. No importa si están en Argentina o en el exterior. No importa si están en un exchange o en tu wallet fría. Técnicamente, debés declararlos.

Y acá viene la parte legal más turbia: la valuación.

El problema de la valuación: ¿cómo tasás lo intangible?

El Dictamen 2/2022 establece que los criptoactivos deben valuarse al 31 de diciembre de cada año “al costo de adquisición, incrementado en el importe de los intereses, actualizaciones y diferencias de cambio devengados”.

¿Suena razonable? No lo es.

Bitcoin cotiza 24/7 en cientos de exchanges con precios diferentes. ¿Cuál precio usás? ¿Bitstamp? ¿Binance? ¿Kraken? ¿El promedio? ¿El del exchange donde compraste?

La norma no lo aclara.

Y esto no es trivial. Si valuás mal, podés:

• Subdeclarar → Multas de hasta el 400% del impuesto evadido

• Sobredeclarar → Pagás impuestos sobre ganancias que no realizaste

Además, hay otra complejidad: los criptoactivos ubicados en el exterior tributan alícuotas más altas que los locales. Pero, ¿dónde está ubicado un bitcoin? ¿En el servidor del exchange? ¿En la blockchain? ¿En tu wallet?

Bitcoin es descentralizado. No tiene “ubicación” en el sentido tradicional del derecho tributario.

AFIP no ha dado lineamientos claros sobre esto, y esa ambigüedad genera un riesgo jurídico enorme para los contribuyentes.

CARF: el hermano gemelo de CRS 2.0

CRS 2.0 viene acompañado del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Mientras CRS rastreat tenencias (cuánto tenés), CARF rastreat transacciones (qué movés).

Son dos regímenes separados pero complementarios, diseñados para evitar duplicación de información reportable.

En noviembre de 2023, 48 países —incluida Argentina— se comprometieron a implementar CARF para 2027. El marco obliga a:

Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) a reportar:

• Identidad del titular de la cuenta

• Transacciones en criptoactivos

• Saldos y valoraciones

• Residencia fiscal

La definición de PSAV es amplísima e incluye a cualquier entidad que:

• Opere exchanges centralizados o descentralizados

• Provea servicios de custodia

• Facilite transferencias de criptoactivos

• Ofrezca servicios de rampa (fiat ↔ cripto)

Y acá viene lo controversial: AFIP considera que un PSAV extranjero sin presencia física en Argentina puede ser alcanzado si:

1. Tiene acuerdos comerciales con terceros en Argentina

2. Tiene subsidiarias o vinculadas que reciben fondos de residentes argentinos

3. Tiene “claro direccionamiento” a residentes en Argentina

4. Efectúa publicidad dirigida a residentes argentinos

Eso último es clave. Si Coinbase, Kraken o cualquier exchange extranjero tiene su sitio web en español con publicidad en medios argentinos, AFIP podría argumentar que están alcanzados.

¿Podrá AFIP hacer cumplir esto? Esa es otra discusión. Pero la intención de ampliar la red lo más posible está clara.

El impacto en instituciones financieras: compliance o caos

Para los bancos tradicionales, CRS 2.0 es complejo pero manejable. Ya tienen infraestructura de reporte, departamentos de compliance y procesos KYC robustos.

Para los exchanges de cripto es otra historia.

Muchos exchanges nacieron con la filosofía de privacidad y descentralización. Ahora deben:

1. Implementar KYC/AML exhaustivo: Nombre, dirección, fecha de nacimiento, TIN, residencia fiscal.

2. Validar TINs en tiempo real: Con APIs conectadas a registros oficiales de 195 jurisdicciones.

3. Monitorear cuentas continuamente: Cambios de residencia, saldos, transacciones sospechosas.

4. Generar reportes XML v4.0: Alineados con OECD y CARF.

5. Retener documentación por 7 años: Auditable en cualquier momento.

Todo esto mientras mantienen la experiencia de usuario ágil. Es una cuadratura del círculo.

Y hay un tema más: los costos.

Un banco tradicional puede absorber estos costos operativos. Un exchange chico no. La barrera de entrada al mercado argentino acaba de subir dramáticamente, lo que inevitablemente lleva a consolidación.

Los grandes sobrevivirán. Los chicos desaparecerán o se fusionarán.

Las sanciones: cuando el compliance falla

AFIP no está jugando. Entre 2018 y 2024, 12 bancos fueron penalizados por reporte incompleto de TINs.

Las sanciones pueden incluir:

• Multas de hasta ARS 45.000 por infracción

• Clausura de hasta 10 días

• Inhabilitación para operar

• Responsabilidad penal para directores

Pero el costo real no está en las multas. Está en la pérdida de reputación y la fuga de clientes.

Si un exchange es sancionado por incumplimiento de CRS 2.0, ¿cuántos usuarios van a querer seguir operando ahí? ¿Cuántos inversores institucionales van a querer poner su dinero en una plataforma con historial de compliance deficiente?

El elefante en la habitación: ¿funciona esto realmente?

Acá viene la pregunta incómoda: ¿CRS 2.0 logrará su objetivo?

Depende de cómo definas “éxito”.

Si el objetivo es recaudación fiscal, la respuesta es sí. AFIP ya recuperó USD 4.830 millones con CRS 1.0. Con CRS 2.0 cubriendo cripto, es razonable esperar cifras similares o mayores.

Pero si el objetivo es combatir la evasión fiscal, la cosa es más turbia.

Los evasores sofisticados ya están migrando a:

• Jurisdicciones no-CRS: Hay países que no firmaron el acuerdo.

• Wallets no custodiales: Sin intermediario que reporte.

• Mixers y tumblers: Servicios que ofuscan el origen de las transacciones.

• Redes de privacidad: Monero, Zcash y otras cripto con privacidad incorporada.

CRS 2.0 atrapa a los descuidados, no a los criminales organizados.

Y eso genera una paradoja perversa: los únicos que terminan pagando son los que intentaron hacer las cosas bien.

El debate de fondo: privacidad vs. transparencia

Dejemos de lado la técnica legal por un momento y vayamos al fondo filosófico del asunto.

¿Qué tipo de sociedad queremos?

CRS 2.0 representa una visión donde toda actividad financiera es rastreable por el Estado. No hay transacción que escape. No hay cuenta secreta. No hay privacidad económica.

Los defensores argumentan que esto es necesario para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal a gran escala. Y tienen razón en que estos son problemas reales.

Pero los críticos señalan que estamos construyendo una infraestructura de vigilancia masiva que puede ser abusada. ¿Qué pasa cuando un gobierno autoritario tiene acceso a cada transacción financiera de cada ciudadano? ¿Qué pasa cuando regímenes represivos usan esta información para perseguir disidentes?

No es ciencia ficción. China ya lo hace con su sistema de crédito social. Rusia usa información financiera para identificar y silenciar opositores.

Argentina firmó CRS 2.0 pensando en recaudación fiscal. Pero la herramienta que estamos construyendo puede usarse para mucho más que eso.

Recomendaciones prácticas (para no terminar en problemas)

Si sos profesional del derecho, contador o trabajás en compliance, acá van algunas recomendaciones concretas:

Para instituciones financieras:

1. Auditá tus procesos KYC ahora. No esperes a 2027.

2. Invertí en validación de TIN en tiempo real. Los sistemas manuales no van a escalar.

3. Capacitá a tu equipo. CRS 2.0 y CARF son complejos; necesitás gente que los entienda.

4. Considerá soluciones de terceros. Empresas como TaxDo ofrecen suites de compliance que pueden ahorrarte millones en desarrollo.

Para contribuyentes con criptoactivos:

1. Declaralos. La multa por no hacerlo es mucho más cara que el impuesto.

2. Usá exchanges regulados. Sí, son más burocráticos, pero también más seguros legalmente.

3. Conservá registros de todas las transacciones. AFIP puede pedirlos en cualquier momento.

4. Consultá con un especialista. La normativa es compleja y cambia constantemente.

Para usuarios de Wise, Payoneer y servicios similares:

1. Declará todos tus ingresos, no solo lo que transferís a Argentina. AFIP recibe información de saldos y movimientos directamente del proveedor.

2. Actualizá tu información de residencia fiscal en la plataforma. Si declarás residencia incorrecta, podés tener problemas con dos fiscos simultáneamente.

3. Considerá la regularización voluntaria si tenés ingresos no declarados. Las multas son menores que si te detectan en fiscalización.

4. No confíes en “estrategias” que prometen evasión legal. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea ilegal.

5. Entendé la diferencia entre planificación fiscal legítima y evasión. Hay formas legales de optimizar impuestos; usarlas requiere asesoramiento profesional serio.

Para abogados:

1. Especializate en esto. La demanda de asesoramiento en cumplimiento CRS 2.0 va a explotar.

2. Entendé la tecnología. No podés asesorar sobre blockchain si no sabés cómo funciona.

3. Seguí la jurisprudencia internacional. Argentina no es el único país lidiando con esto.

Reflexión final: el precio de la transparencia

CRS 2.0 marca un antes y un después en cómo funcionan las finanzas globales. Argentina está en la vanguardia de esta transformación, para bien o para mal.

La promesa es noble: un sistema fiscal más justo donde los ricos no puedan esconder su riqueza offshore mientras la clase media paga impuestos religiosamente.

Pero la ejecución es problemática. Estamos construyendo un sistema de vigilancia financiera masiva con reglas ambiguas, sanciones severas y un potencial enorme de abuso.

Y lo más preocupante es que estamos haciendo todo esto con muy poco debate público. La mayoría de la gente no sabe que CRS 2.0 existe. No sabe que su exchange de cripto va a reportar todas sus transacciones a AFIP. No sabe que cada dólar que movés puede terminar en una base de datos compartida con 120 países.

Como abogado, mi trabajo es ayudar a mis clientes a navegar este sistema. Pero como ciudadano, me pregunto: ¿está bien que hayamos llegado hasta acá sin una discusión seria sobre los límites de la vigilancia estatal?

No tengo respuesta. Pero creo que es una pregunta que deberíamos estar haciendo.

Porque para cuando nos demos cuenta de que quizás fuimos demasiado lejos, ya va a ser demasiado tarde para dar marcha atrás.

El futuro de la privacidad financiera se decide ahora. Y casi nadie lo está notando.

Referencias

1. Firmaway - CRS 2.0 Argentina https://firmaway.us/crs-2-0-argentina/

2. TaxDo - Argentina’s CRS 2.0 Implementation: Operational, Regulatory, and Data Integrity Implications https://taxdo.com/resources/blog/post/argentina-crs-2-0-digital-asset-reporting

3. Wikipedia - Common Reporting Standard https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Reporting_Standard

4. Grokipedia - Common Reporting Standard https://grokipedia.com/page/Common_Reporting_Standard

5. HSBC Argentina - Common Reporting Standard (CRS) https://www.crs.hsbc.com/es-ar/cmb/argentina

6. Adam Fayed - Non-CRS Countries List https://adamfayed.com/financial-planning/non-crs-countries-list/

7. Wikipedia (ES) - Estándar Común de Reporte https://es.wikipedia.org/wiki/Estándar_Común_de_Reporte

8. Carey Olsen - CRS 2.0 amendments to the OECD’s Common Reporting Standard https://www.careyolsen.com/insights/briefings/crs-20-amendments-oecds-common-reporting-standard

9. Lexology - CRS 2.0 amendments https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d2a0059a-a1ec-4d1d-ba3e-8662befaa13b

10. OECD - Common Reporting Standard (CRS) and Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) https://web-archive.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/index.htm

11. AFIP/ARCA - Impuesto a las Ganancias - Criptoactivos https://www.afip.gob.ar/economia-digital/criptoactivos/impuesto-a-las-ganancias.asp

12. AFIP/ARCA - Impuesto sobre los Bienes Personales - Criptoactivos https://www.afip.gob.ar/economia-digital/criptoactivos/impuesto-sobre-los-bienes-personales.asp

13. Criptotendencias - CARF Cripto: El Nuevo Marco Internacional https://www.criptotendencias.com/actualidad/carf-cripto-el-nuevo-marco-internacional-que-transformara-la-fiscalizacion-de-los-activos-digitales/

14. AFIP/ARCA - Impuesto al Valor Agregado - Criptoactivos https://www.afip.gob.ar/economia-digital/criptoactivos/impuesto-al-valor-agregado.asp

15. Tributo Simple - ¿Tributan impuestos las Criptomonedas en Argentina? https://www.tributosimple.com/impuestos-criptomonedas-afip-argentina/

16. El Cronista - AFIP y criptomonedas: estos son los impuestos que tenés que pagar https://www.cronista.com/infotechnology/criptomonedas/afip-y-criptomonedas-estos-son-los-impuestos-que-tenes-que-pagar-si-o-si/

17. UBA - Criptoactivos: Regímenes de Información en Argentina y a nivel internacional (Marcos Zocaro) https://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2024/04/Criptoactivos-Reg%C3%ADmenes-de-Informaci%C3%B3n-en-Argentina-y-a-nivel-internacional-Marcos-Zocaro.pdf

Llevo años trabajando con tecnología y derecho, pero fue después de leer sobre la audiencia del Congreso estadounidense en AIPressa que empecé a profundizar en algo que me inquieta cada vez más: el uso de inteligencia artificial en decisiones judiciales. No hablo de herramientas administrativas o software de gestión de expedientes —eso ya lo usamos en Argentina—, sino de algo mucho más delicado: algoritmos que influyen, y en algunos casos determinan, quién va preso y por cuánto tiempo.

El problema no es teórico. Está ocurriendo ahora mismo, en múltiples jurisdicciones, y las consecuencias legales apenas comienzan a entenderse.

COMPAS: el algoritmo que decide tu futuro

El caso más emblemático es COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), un software desarrollado por Northpointe (ahora Equivant) que se utiliza en varios estados de EE.UU. para evaluar el riesgo de reincidencia de un acusado. Los jueces reciben un puntaje: alto riesgo, riesgo medio o bajo riesgo. Ese número pesa —y mucho— al momento de decidir fianzas, sentencias y libertad condicional.

En 2016, ProPublica analizó más de 7.000 casos en el condado de Broward, Florida, y descubrió que los acusados negros tenían el doble de probabilidades que los blancos de ser clasificados incorrectamente como de alto riesgo de reincidencia, mientras que los acusados blancos eran más propensos a ser incorrectamente etiquetados como de bajo riesgo.

Leé esos números otra vez: el doble de probabilidades. No estamos hablando de errores marginales. Solo el 20% de las personas clasificadas como de alto riesgo de cometer delitos violentos realmente lo hicieron.

Northpointe, por supuesto, negó las acusaciones. Pero ahí está el problema: nadie puede verificarlo. El algoritmo es propiedad privada, secreto comercial. Los acusados no saben qué variables pesan en su contra ni cómo refutarlas. Y los jueces tampoco entienden completamente cómo funciona el sistema que están usando para decidir años de prisión.

Estado vs. Loomis: el precedente que legitimó la caja negra

En 2016, Eric Loomis fue sentenciado en Wisconsin a ocho años y seis meses de prisión basándose, en parte, en que COMPAS lo había clasificado como de alto riesgo. Loomis apeló alegando violación al debido proceso: ¿cómo podía defenderse de un algoritmo cuyo funcionamiento no se le revelaba?

La Corte Suprema de Wisconsin desestimó los reclamos porque los informes de COMPAS estaban disponibles tanto para el acusado como para el Estado, y porque el puntaje de riesgo no debía ser el único factor en la determinación de la sentencia.

Leamos entre líneas: el tribunal dijo que está bien usar una caja negra propietaria para influir en sentencias siempre que (1) ambas partes vean el resultado final y (2) el juez considere “otros factores”. Pero, ¿qué pasa cuando el juez confía en el algoritmo más que en su propio criterio? ¿Y qué pasa cuando esos “otros factores” también están sesgados por décadas de discriminación sistémica?

Eric Holder, cuando era Fiscal General de EE.UU., advirtió que estas herramientas podrían exacerbar disparidades injustificadas ya demasiado comunes en el sistema de justicia penal. Y tenía razón.

China: la justicia algorítmica sin disculpas

China ha desarrollado sistemas de IA aún más ambiciosos: el asistente judicial Xiaozhi, capaz de analizar materiales de casos, resumir disputas en tiempo real y producir borradores de sentencias. Los “tribunales de internet” chinos resuelven millones de casos al año —disputas de comercio electrónico, propiedad intelectual, préstamos en línea— mediante audiencias virtuales con jueces holográficos generados por IA.

Un funcionario del tribunal de internet de Hangzhou explicó que el sistema opera 24 horas al día, siete días a la semana, y está diseñado para aliviar la carga de trabajo de los humanos y mejorar la velocidad y efectividad del proceso legal.

Suena eficiente, ¿verdad? Pero pensemos en las implicaciones. En diciembre de 2019, el juez robot Xiaozhi cerró exitosamente un caso de disputa de préstamo privado bajo supervisión de un juez humano; todo el proceso tomó solo 30 minutos.

Treinta minutos para resolver un conflicto que afecta el patrimonio de una persona. ¿Es eso justicia o es una línea de ensamblaje judicial? Y lo más importante: ¿qué pasa cuando el algoritmo se equivoca? ¿Quién responde? El sistema 206 de China asiste al personal de seguridad pública y tribunales con verificación de evidencia y argumentación de juicios. Verificación de evidencia. Dejá que eso te cale.

Estonia: el mito del robot judge

Seguro leíste los titulares: “Estonia desarrolla un juez robot para resolver reclamos menores”. La realidad es más modesta. El Ministerio de Justicia de Estonia aclaró que no está desarrollando un juez robot de IA para reemplazar a jueces humanos, sino que busca optimizar y automatizar pasos procesales en procedimientos judiciales.

El proyecto contemplaba analizar documentos legales y otra información relevante para llegar a una decisión en disputas de reclamos menores, con un juez humano teniendo la oportunidad de revisar esas decisiones. Pero incluso esto generó alarmas.

David Engstrom, experto en gobernanza digital de Stanford, advirtió que los ciudadanos estonios podrían confiar en el uso gubernamental de sus datos digitales hoy, pero las cosas podrían cambiar si uno de estos nuevos sistemas de toma de decisiones basados en IA sale mal.

Y tiene razón. La confianza en las instituciones es frágil. Un error algorítmico de alto perfil puede destruir décadas de legitimidad judicial.

Reino Unido y Europa: el sesgo oculto en el sistema

En el Reino Unido, el sistema Oasys ha influido en decisiones judiciales desde 2001, afectando otorgamiento de fianzas, sentencias, clasificaciones de seguridad carcelaria y asignaciones a programas de rehabilitación.

Los sistemas de IA como Oasys dependen de datos de arrestos como proxies del crimen, cuando en realidad podrían ser proxies de aplicación de la ley con sesgo racial. Si la policía arresta desproporcionadamente a personas de minorías étnicas —y lo hace—, el algoritmo aprende que esas minorías son más “peligrosas”. Es un círculo vicioso perfecto.

Datos del Reino Unido mostraban más de 66.500 casos pendientes en Crown Court y 347.820 en Magistrates Court en 2023, por lo que no sorprende que los jueces hayan recibido aprobación para usar IA para impulsar la productividad. La presión por la eficiencia está empujando a adoptar tecnología sin las salvaguardas necesarias.

En el Reino Unido, las personas negras son vigiladas y criminalizadas desproporcionadamente más que las blancas en cualquier medida: registros y cacheos, arrestos, enjuiciamientos, detención preventiva, encarcelamiento y más. Alimentar esos datos a una IA no neutraliza el sesgo. Lo automatiza y lo vuelve invisible.

Argentina: ¿estamos preparados?

Ahora hablemos de casa. El Ministerio de Justicia de Argentina lanzó el Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia mediante resolución 149/24, con el objetivo de automatizar procesos en el ámbito del Ministerio y del Poder Judicial de la Nación.

La Ciudad de Buenos Aires implementó el “Motor de Inteligencia Artificial” (MIA) a fines de 2023 en el sistema de gestión judicial EJE, aplicado inicialmente en procesos masivos del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo. MIA genera borradores identificados con una etiqueta, automatizando tareas repetitivas.

Varias provincias argentinas se sumaron al Programa Piloto de Inteligencia Artificial Generativa impulsado por la Junta Federal de Cortes (JuFeJus), incluyendo Buenos Aires, San Juan, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y otras.

La pregunta que nadie está haciendo con suficiente fuerza es: ¿tenemos los marcos legales para esto?

En Argentina, el derecho al debido proceso está garantizado constitucionalmente. Los operadores judiciales deben estar concientizados y atentos ante los desafíos que presentan estas nuevas herramientas, respetando la responsabilidad de efectuar siempre la revisión final de lo que genera la IA. Pero, ¿qué pasa cuando un juez con 200 expedientes confía ciegamente en el borrador de MIA porque “siempre ha sido correcto”?

Los juicios ejecutivos constituyen una parte significativa del volumen total de casos en juzgados de primera instancia civiles y comerciales; la automatización de estas tareas liberaría recursos valiosos para casos más complejos. Suena razonable. Pero los juicios ejecutivos afectan el patrimonio de personas, muchas veces vulnerables. ¿Estamos dispuestos a sacrificar garantías procesales en el altar de la eficiencia?

El problema real: no es la tecnología, es la falta de controles

Acá está la verdad incómoda: la IA no es intrínsecamente mala para el sistema judicial. El problema es cómo la estamos implementando.

Primer problema: sesgo sistémico. COMPAS sobreestima el riesgo de reincidencia para las mujeres, lo que lleva a sentencias injustas de delincuentes femeninas. Además, estudios descubrieron resultados discriminatorios similares para hispanos. Si entrenás un algoritmo con datos históricos sesgados, obtenés decisiones sesgadas. No hay magia que lo solucione.

Segundo problema: cajas negras. Un caso judicial en Wisconsin que desafió el uso de una herramienta de evaluación de riesgo tuvo éxito solo hasta cierto punto; el tribunal dictaminó que el gobierno no tenía que revelar el algoritmo subyacente, pero requirió que las autoridades emitieran advertencias cuando se usara la herramienta. O sea: podés ser sentenciado basándose en un algoritmo que ni vos ni tu abogado pueden examinar. ¿Cómo se defiende uno de eso?

Tercer problema: responsabilidad difusa. Si un juez humano comete un error, podés apelarlo, impugnarlo, llevarlo ante tribunales de ética. ¿Pero si el error lo cometió el algoritmo? ¿A quién demandás? ¿Al programador? ¿A la empresa? ¿Al Estado que lo compró? ¿Al juez que confió en él?

Cuarto problema: el mito de la objetividad. Proponentes argumentan que los algoritmos superan los sesgos sociales de los tomadores de decisiones humanos, citando su mayor exactitud comparada con humanos. Pero la “exactitud” no es sinónimo de justicia. Un estudio subsecuente mostró que COMPAS es algo más preciso que individuos con poca o ninguna experiencia en justicia penal, pero menos preciso que grupos de tales individuos.

Lo que necesitamos (y urgente)

1. Transparencia obligatoria. Ningún algoritmo propietario debería influir en decisiones judiciales sin auditoría independiente. Punto. Si una empresa no puede o no quiere revelar cómo funciona su sistema, que no lo venda a tribunales.

2. Marcos éticos vinculantes. En 2018, el Consejo de Europa adoptó su carta de ética para IA en la judicatura, que establece principios éticos relacionados con el uso de IA en sistemas y procesos judiciales. Argentina necesita algo similar, con fuerza de ley.

3. Estudios de impacto obligatorios. Antes de implementar cualquier sistema de IA en procesos judiciales, debe hacerse un análisis riguroso de potenciales sesgos, con participación de sociólogos, científicos de datos, abogados defensores y organizaciones de derechos civiles.

4. Derecho a la explicación. Todo acusado debe tener derecho a una explicación comprensible de cómo un sistema de IA llegó a su conclusión. Nada de “el algoritmo dice que sos de alto riesgo”. ¿Por qué? ¿Basándose en qué variables? ¿Cómo puedo refutarlas?

5. Supervisión humana real. No alcanza con que un juez “pueda revisar” las decisiones de IA. Debe haber protocolos estrictos que garanticen que la revisión efectivamente ocurra y no sea meramente formal.

6. Responsabilidad clara. Necesitamos legislación que establezca cadenas de responsabilidad: si un algoritmo falla, debe haber consecuencias legales identificables.

Reflexión final: el derecho no se escribe en código

La Dra. Marcela De Langhe, del Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires, afirmó: “Soy plenamente consciente de que el futuro del derecho se escribe en código y que la inteligencia artificial vino a desafiarnos a trascender nuestros roles tradicionales y a convertirnos en arquitectos de una nueva justicia”.

Con todo respeto a la doctora De Langhe, no estoy de acuerdo. El derecho no se escribe en código. Se escribe en principios: debido proceso, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, derecho a la defensa. El código puede ser una herramienta para aplicar esos principios de manera más eficiente. Pero nunca —nunca— puede reemplazarlos.

La justicia no es una ecuación matemática que se resuelve optimizando variables. Es un ejercicio de razonamiento moral, de ponderación de valores en conflicto, de empatía y criterio humano. Un algoritmo puede sugerir, puede asistir, puede alertar. Pero no puede, ni debe, decidir.

Porque cuando dejamos que un algoritmo opaco decida quién va preso, no estamos modernizando la justicia. Estamos renunciando a ella.

Y eso, colegas, es algo que ningún abogado debería estar dispuesto a aceptar.

Referencias

1. ProPublica - How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm

2. Wikipedia - COMPAS (software) https://en.wikipedia.org/wiki/COMPAS_(software)

3. Research Outreach - Justice served? Discrimination in algorithmic risk assessment https://researchoutreach.org/articles/justice-served-discrimination-in-algorithmic-risk-assessment/

4. ProPublica - Machine Bias https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing

5. Massive Science - Can the criminal justice system’s artificial intelligence ever be truly fair? https://massivesci.com/articles/machine-learning-compas-racism-policing-fairness/

6. Columbia Human Rights Law Review - Reprogramming Fairness: Affirmative Action in Algorithmic Criminal Sentencing https://hrlr.law.columbia.edu/hrlr-online/reprogramming-fairness-affirmative-action-in-algorithmic-criminal-sentencing/

7. Ministry of Justice and Digital Affairs Estonia - Estonia does not develop AI Judge https://www.justdigi.ee/en/news/estonia-does-not-develop-ai-judge

8. Harvard International Review - Your Honor, AI https://hir.harvard.edu/your-honor-ai/

9. World Economic Forum - Estonia is building a ‘robot judge’ to help clear a legal backlog https://www.weforum.org/stories/2019/03/estonia-is-building-a-robot-judge-to-help-clear-legal-backlog/

10. ResearchGate - ‘Intelligent Justice’: AI Implementations in China’s Legal Systems https://www.researchgate.net/publication/358318071_’Intelligent_Justice’_AI_Implementations_in_China’s_Legal_Systems

11. Supreme People’s Court of China - Building a “Provincial Digital Court” https://english.court.gov.cn/2022-06/02/c_767040.htm

12. VOA Learning English - Robot Justice: The Rise of China’s ‘Internet Courts’ https://learningenglish.voanews.com/a/robot-justice-the-rise-of-china-s-internet-courts-/5201677.html

13. Justicia.ar - Inteligencia artificial https://www.justicia.ar/iniciativas/inteligencia-artificial

14. Argentina.gob.ar - El Ministerio de Justicia usa Inteligencia Artificial https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-justicia-usa-inteligencia-artificial-en-beneficio-de-los-profesionales-del

15. Argentina.gob.ar - Programa Nacional de Inteligencia Artificial en la Justicia https://www.argentina.gob.ar/noticias/programa-nacional-de-inteligencia-artificial-en-la-justicia

16. Consejo de la Magistratura CABA - El impacto de la Inteligencia Artificial en el Poder Judicial https://consejo.jusbaires.gob.ar/opinion/el-impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-el-poder-judicial-de-la-ciudad/

17. Infobae - La justicia argentina explora la inteligencia artificial en Estados Unidos https://www.infobae.com/judiciales/2025/10/08/la-justicia-argentina-explora-la-inteligencia-artificial-en-estados-unidos/

18. Fundar - IA en procesos judiciales https://fund.ar/publicacion/uso-de-inteligencia-artificial-en-los-procesos-judiciales/

19. The Conversation - A ‘black box’ AI system has been influencing criminal justice decisions https://theconversation.com/a-black-box-ai-system-has-been-influencing-criminal-justice-decisions-for-over-two-decades-its-time-to-open-it-up-200594

20. Sentencing Academy - The Techno-Judiciary: Sentencing in the Age of Artificial Intelligence https://www.sentencingacademy.org.uk/sentencing-in-the-age-of-artificial-intelligence/

21. Fair Trials - AI, data analysis and algorithms https://www.fairtrials.org/campaigns/ai-algorithms-data/

Video recomendado

Para profundizar en este tema, te recomiendo este video interesante:

El futuro de la justicia: cómo la inteligencia artificial está cambiando el derecho | La Nación

Un análisis sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el sistema judicial, muy relevante para entender los desafíos y oportunidades que enfrentamos en Argentina y el mundo.

En enero de 2025, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos publicó un informe que había recopilado más de 10.000 comentarios de artistas, compositores, abogados, empresas tecnológicas y hasta una clase de estudiantes de secundaria. La conclusión fue contundente: el contenido generado exclusivamente por IA no puede registrarse bajo copyright. Solo las obras donde un humano ha determinado elementos expresivos suficientes merecen protección.

Pero esa respuesta, lejos de cerrar el debate, lo abrió aún más. Porque si la IA no puede ser autora, ¿quién lo es? ¿El usuario que escribió el prompt? ¿La empresa que entrenó el modelo? ¿Nadie?

Y sobre todo: ¿qué pasa con los millones de obras protegidas que estas IA usaron para aprender a crear?

Cuando tu arte te persigue en forma sintética: el caso Caruso

En Argentina, el ilustrador Santiago Caruso fue uno de los primeros en experimentar el lado oscuro de la IA generativa. Su estilo distintivo —esas ilustraciones góticas, intrincadas, con una técnica que perfeccionó durante décadas— empezó a aparecer en imágenes generadas por Stable Diffusion y Midjourney.

“Estas obras son ilegales porque están construidas con datasets sin el consentimiento de los autores”, explica Caruso. “No hay crédito a los creativos de los cuales se sirvieron los desarrolladores de IA para hacer estos modelos y tampoco hay compensación económica”.

El problema va más allá de lo moral. Caruso puede demostrar que su estilo fue copiado, pero bajo la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual argentina, enfrenta un vacío legal: ¿cómo se prueba la infracción cuando lo que se copió no es una obra específica sino el “estilo” extraído de cientos de sus trabajos?

El artículo 1° de la ley argentina es claro: protege “las obras científicas, literarias y artísticas”. El artículo 4° establece que “Son titulares del derecho de propiedad intelectual: a) El autor de la obra”. Pero estos artículos fueron redactados asumiendo que el autor es siempre una persona física. La ley no contempla la posibilidad de que una máquina cree, ni que una máquina aprenda copiando.

El caso que cambió todo: $1.500 millones por piratería algorítmica

En junio de 2025, un tribunal federal de San Francisco emitió un fallo que sacudió a Silicon Valley. El juez determinó que Anthropic —la empresa detrás de Claude, el chatbot que estás usando probablemente para generar contenido— había usado ilegalmente obras protegidas para entrenar sus modelos.

El resultado: Anthropic acordó pagar $1.500 millones en un acuerdo colectivo que cubre aproximadamente 500.000 obras. Eso significa unos $3.000 por obra pirateada. Es el pago más grande en la historia del copyright estadounidense.

Lo crucial del fallo es que estableció una distinción: las empresas de IA pueden usar obras protegidas para entrenar modelos, siempre que las obtengan legalmente. Pero Anthropic había recurrido a lo que el juez calificó como “piratería” —descargar masivamente contenido sin licencia.

El mensaje fue claro: entrenar IA con obras protegidas no es automáticamente ilegal, pero cómo obtenés esas obras importa. Y mucho.

Getty Images vs. el mundo sintético

El otro caso que define esta batalla es Getty Images vs. Stability AI, litigado simultáneamente en tribunales británicos y estadounidenses. Getty, el gigante del stock fotográfico, alega que Stability AI copió 12,3 millones de imágenes de sus sitios web para entrenar Stable Diffusion.

En noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Inglaterra emitió un fallo mixto que revela las complejidades del tema:

Getty ganó parcialmente en marcas: El tribunal encontró que Stable Diffusion generaba imágenes con marcas de agua deformadas que se parecían a las de Getty/iStock. Eso constituía infracción de marca registrada bajo las secciones 10(1) y 10(2) de la Trade Marks Act 1994, pero solo para ciertas versiones tempranas del modelo.

Getty perdió en copyright: La empresa tuvo que abandonar su reclamo principal de infracción de copyright porque no pudo probar que el entrenamiento del modelo ocurrió en suelo británico. Stability AI había sido suficientemente astuta manteniendo sus servidores de entrenamiento fuera del Reino Unido.

El juez también rechazó el argumento de que los “pesos del modelo” (los parámetros numéricos de una red neuronal entrenada) constituyen “copias” de las imágenes en el sentido requerido por la ley. Según el tribunal, para que haya copia debe existir una “reproducción reconocible” de la obra, y los pesos del modelo no cumplen ese requisito.

Es una conclusión técnicamente sofisticada pero legalmente devastadora para los artistas: significa que aunque tu obra fue usada para entrenar la IA, el modelo resultante no “contiene” tu obra de manera protegible.

El prompt no te hace autor (aunque quisieras)

Uno de los debates más candentes es si escribir un prompt detallado te convierte en autor del output generado.

La respuesta de la Copyright Office es un rotundo no. El informe de enero 2025 explica: incluso si tu prompt es extremadamente detallado o complejo, no confiere derechos de autor sobre lo que la IA genera. La razón es simple: los prompts son instrucciones, no expresiones creativas. Describen una idea, pero es la IA —no tú— quien determina la ejecución de los elementos creativos.

Un prompt puede decir: “Un gato naranja con sombrero de copa en estilo victoriano”. Pero la IA decide: el ángulo, la iluminación, los detalles del sombrero, la expresión del gato, los colores exactos, la composición. Esas decisiones son las que constituyen la expresión protegible, y tú no las tomaste.

Esto tiene consecuencias enormes para empresas que generan contenido con IA. Si no podés probar autoría humana suficiente, ese contenido está en el dominio público. Cualquiera puede usarlo, copiarlo, venderlo.

¿Cuándo SÍ hay derechos? El test de la contribución humana

La Copyright Office estableció tres escenarios donde sí puede haber protección:

1. Cuando una obra humana es perceptible en el output de la IA Si tomás una fotografía tuya y usás IA para modificarla (cambiar el fondo, agregar elementos), la fotografía original sigue siendo tuya y conserva su protección.

2. Cuando hacés arreglos o modificaciones creativas del output Si la IA genera una imagen y vos la editás sustancialmente —cambios de composición, retoques artísticos, combinación con otros elementos— esos aportes sí son protegibles. En enero de 2025, la Copyright Office registró “A Single Piece of American Cheese”, la primera obra visual compuesta enteramente de outputs de IA registrada como “obra compuesta” (composite work). La base: la selección, arreglo y coordinación humana del material generado por IA constituía autoría suficiente.

3. Cuando incorporás material generado por IA en una obra mayor Si escribís un libro y usás IA para generar algunas ilustraciones que luego editás e integrás en un diseño editorial tuyo, la obra completa puede ser protegible. Pero solo la parte con contribución humana tiene copyright —las ilustraciones puras de IA siguen siendo dominio público.

Argentina y el silencio legislativo

Mientras Estados Unidos y Europa litigan, legislan y establecen precedentes, Argentina mira desde la platea.

La Ley 11.723, sancionada en 1933, no menciona —obviamente— la inteligencia artificial. El artículo 4° establece que el autor debe ser una persona física. El Convenio de Berna, al que Argentina adhiere, también asume autoría humana.

Esto crea una paradoja: el contenido 100% generado por IA en Argentina tampoco sería protegible, porque la ley requiere un autor humano. Pero a diferencia de Estados Unidos, donde esto se debatió abiertamente y se emitieron lineamientos claros, en Argentina simplemente no hay debate institucional.

Micaela Mantegna, especialista en IA y propiedad intelectual, señala que hay que separar “lo ético de lo legal”. Éticamente, usar obras protegidas sin consentimiento para entrenar IA es cuestionable. Legalmente, Argentina no tiene un marco para juzgarlo.

En marzo de 2024 se presentó el proyecto “Ley Turing: readecuación del sistema legal argentino por el impacto de la inteligencia artificial” en la Cámara de Diputados. Los artículos 4 y 5 proponían introducir en la Ley 11.723 el término “producciones sintéticas” para referirse al contenido generado exclusivamente por IA, estableciendo que no puede ser protegido por derechos de autor.

El proyecto perdió estado parlamentario sin debate. Y ahí sigue.

El fair use: la doctrina que todos invocan y nadie entiende

El debate sobre si es legal entrenar IA con obras protegidas gira obsesivamente alrededor del “fair use” (uso justo) en Estados Unidos.

La doctrina del fair use permite usar obras protegidas sin autorización en ciertos contextos: crítica, comentario, noticias, enseñanza, investigación. Los tribunales analizan cuatro factores:

1. Propósito del uso (¿comercial o educativo?)

2. Naturaleza de la obra original

3. Cantidad usada en relación al todo

4. Efecto en el mercado de la obra original

Las empresas de IA argumentan que entrenar modelos es “transformativo” —crean algo nuevo— y por tanto fair use. Los artistas responden que esos modelos generan output que compite directamente con sus obras originales, destruyendo su mercado.

En mayo de 2025, la Copyright Office publicó su posición: algunos usos serán fair use, otros no. No hay regla general. Cada caso debe analizarse individualmente.

Esto deja a artistas, empresas y abogados en un limbo. Y a jueces tomando decisiones caso por caso que pueden contradecirse entre sí.

Argentina no tiene doctrina de fair use. Tenemos “usos honrados” en el artículo 10 de la Ley 11.723, pero son mucho más restrictivos. Permitir la copia de obras protegidas para entrenar IA bajo nuestra ley actual sería una interpretación extremadamente generosa.

“El problema no es solo legal sino conceptual: nuestro sistema de propiedad intelectual fue construido sobre el supuesto de que crear requiere un humano. La IA generativa destruye ese supuesto. Podemos seguir negándolo y forzando las leyes actuales hasta que revienten, o podemos admitir que necesitamos un marco completamente nuevo que equilibre tres cosas: protección a creadores humanos, acceso al conocimiento para entrenar IA, y claridad sobre quién es dueño de qué.”

Los modelos de negocio que emergen del caos

Mientras el derecho no se pone de acuerdo, el mercado actúa.

Algunas empresas de IA, como OpenAI y Google, están firmando acuerdos de licencia con editoriales, agencias de noticias y bancos de imágenes. News/Media Alliance —que agrupa a medios estadounidenses— está desarrollando marcos de licenciamiento estandarizados. Getty Images llegó a un acuerdo con Perplexity para que el buscador AI pueda mostrar imágenes de Getty.

Estos acuerdos reconocen implícitamente que el contenido protegido tiene valor y debe ser compensado. Pero también crean un sistema de dos velocidades: grandes medios y artistas representados que pueden negociar licencias, y creadores independientes que quedan fuera.

Adobe, en un movimiento inteligente, entrenó su Firefly solo con contenido de Adobe Stock (donde tienen los derechos) y obras de dominio público. Así evita demandas por copyright. Pero también limita lo que el modelo puede aprender.

La pregunta estratégica es: ¿modelos “limpios” pero menos potentes, o modelos entrenados con todo internet y litigios interminables?

Lo que Argentina debe hacer (y no está haciendo)

Desde mi perspectiva, Argentina necesita urgentemente tres cosas:

Primero, claridad sobre la autoría. Necesitamos establecer legislativamente que:

• El contenido 100% generado por IA no es protegible por derechos de autor

• La contribución humana sustancial sí genera derechos, con criterios claros de qué constituye “sustancial”

• Los prompts por sí solos no confieren autoría

Segundo, reglas sobre el entrenamiento. Debemos decidir si entrenar IA con obras protegidas requiere:

• Autorización expresa de los autores (maximiza protección, frena innovación)

• Un sistema de opt-out donde los autores pueden excluirse (equilibrio intermedio)

• Una excepción específica de “minería de datos” con compensación obligatoria (el modelo europeo)

Tercero, trazabilidad obligatoria. Las empresas que operan IA generativa en Argentina deberían estar obligadas a:

• Revelar qué datasets usaron para entrenar

• Permitir que autores verifiquen si sus obras fueron incluidas

• Establecer mecanismos de reclamo y compensación

Nada de esto es técnicamente imposible. Es políticamente difícil porque enfrenta intereses poderosos. Pero la alternativa es peor: un mercado donde los artistas argentinos ven sus obras usadas sin su consentimiento y sin compensación, mientras empresas extranjeras lucran con modelos entrenados con ese contenido.

El caso que viene: The New York Times vs. OpenAI

Mientras escribo esto, avanza en tribunales estadounidenses lo que podría ser el caso definitorio: The New York Times vs. OpenAI. El Times alega que OpenAI usó décadas de periodismo protegido para entrenar GPT sin autorización ni pago.

OpenAI presentó en julio de 2025 un alegato audaz: exige que el Times demuestre que cada artículo en disputa es “original” y fue creado íntegramente por el periódico. Es un intento de convertir al demandante en demandado —obligarlo a probar su autoría antes de que OpenAI tenga que defender su uso.

El resultado de este caso podría determinar si entrenar con contenido periodístico es legal, si los medios pueden exigir compensación retroactiva, y si las IA deben revelar sus fuentes de entrenamiento.

Y mientras tanto, Claude, ChatGPT, Gemini y Llama siguen entrenándose con contenido de internet, incluyendo probablemente este mismo artículo que estás leyendo.

Conclusión: la crisis existencial del copyright

El derecho de autor fue concebido para un mundo donde crear era lento, costoso y humano. Un mundo donde podías identificar al autor, la obra y la copia.

La IA generativa destruye todas esas certezas:

• ¿Quién es el autor cuando una máquina crea?

• ¿Qué es una obra cuando se genera en milisegundos?

• ¿Qué es una copia cuando el modelo no “contiene” las obras de entrenamiento?

Estados Unidos, Europa y China están escribiendo las reglas de este nuevo mundo en tiempo real, a través de litigios, legislación y regulación. Argentina mira, espera, y deja que sus artistas enfrenten solos un sistema legal diseñado para una realidad que ya no existe.

El ilustrador Santiago Caruso lo resumió perfectamente: “Estas tecnologías no podrían funcionar sin todo ese dateo previo de obra humana, por eso no son creativas. Son parasitarias”.

La pregunta ya no es si vamos a regular la IA generativa en relación a los derechos de autor. Es si lo vamos a hacer antes o después de que el daño a nuestros creadores sea irreversible.

¿Trabajás con IA generativa? ¿Sos artista, fotógrafo o escritor preocupado por el uso de tu obra? ¿Tenés experiencia con este tema? Comentá tu perspectiva.

Fuentes y referencias

Oficina de Derechos de Autor de EE.UU.:

• U.S. Copyright Office (Enero 2025): “Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability“

• U.S. Copyright Office (Enero 2025): “NewsNet Issue 1060 - AI Report Part 2“

• Congress.gov (2025): “Generative Artificial Intelligence and Copyright Law“

Casos judiciales:

• Getty Images (US) Inc & Ors v. Stability AI Limited [2025] EWHC 2863 (Ch): “Sentencia completa - 4 de noviembre 2025“

• Bird & Bird (Noviembre 2025): “Stability AI defeats Getty Images copyright claims“

• Mayer Brown (Noviembre 2025): “Getty Images v Stability AI: What the High Court’s Decision Means“

• Taylor Wessing (Julio 2025): “Getty Images v Stability AI: where are we after the trial“

• BakerHostetler: “Getty Images v. Stability AI“

• CNBC (Mayo 2025): “Getty CEO: Stability AI lawsuit doesn’t cover industry mass theft“

• BuiltIn (2023, actualizado 2025): “AI-Generated Content and Copyright Law: What We Know“

Marco legal y análisis:

• Wikipedia (actualizado 2025): “Artificial intelligence and copyright“

• Manatt, Phelps & Phillips (Enero 2025): “Copyright Office Releases New Report on Copyrightability of AI Works“

• USC IP & Technology Law Society (Febrero 2025): “AI, Copyright, and the Law: The Ongoing Battle Over Intellectual Property Rights“

• Undetectable AI (Septiembre 2025): “Who Owns AI Generated Content in 2025?“

Argentina - Marco legal y casos:

• Chequeado (Enero 2024): “Arte, inteligencia artificial, derechos de autor y copyright: ¿a quién le pertenecen las obras?“ - Incluye el caso de Santiago Caruso

• Abogados.com.ar: “¿A quién pertenecen las creaciones generadas por Inteligencia Artificial?“

• Grupo Professional (Septiembre 2024): “El Futuro de la Propiedad Intelectual: ¿Quién es el Autor en la Era de la Inteligencia Artificial?“ - Por Dr. Patricio Paludi

• Derecho en Zapatillas (Febrero 2025): “Derechos de Autor y la Inteligencia Artificial: ¿Quién es el Autor en la Era Digital?“

• Ámbito (Marzo 2024): “Propiedad Intelectual en la era de la Inteligencia Artificial: ¿Quién es el dueño del contenido?“

• Instituto Autor (Junio 2024): “América Latina: Novedades en materia de inteligencia artificial en relación con la propiedad intelectual“ - Incluye información sobre proyecto “Ley Turing”

• Safe Creative (Abril 2025): “Inteligencia artificial y derechos de autor en Argentina“

• ADEPA: “Editores de noticias vs. IA generativa: ¿puede la legislación sobre derechos de autor seguir el ritmo?“

Legislación argentina:

• OEA: “Ley 11.723 - Régimen Legal de la Propiedad Intelectual“

Convenios internacionales:

• Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas

En junio de 2025, un joven de 19 años fue procesado en Córdoba por usar inteligencia artificial para crear imágenes pornográficas falsas de sus compañeras de colegio y publicarlas en internet. Descargó fotos de redes sociales, usó técnicas de face-swapping para insertar los rostros en escenas sexuales explícitas, y las subió a sitios pornográficos con los nombres reales de las víctimas y descripciones denigrantes.

El mismo año, en San Jerónimo Sud, Santa Fe, un hombre de 48 años fue condenado por crear deepfakes pornográficos de más de 80 mujeres del pueblo. En sus dispositivos encontraron 48.000 imágenes, incluyendo enormes cantidades de contenido generado con IA de mujeres adultas y menores de edad.

Estos no son casos aislados. Escuelas de Buenos Aires, Chaco, Río Negro y San Juan reportaron incidentes similares. Y aquí está el problema que me mantiene despierto: ninguno de estos casos tiene una figura penal específica en el Código Penal argentino.

La Ley Olimpia no alcanza

Argentina incorporó la violencia digital con perspectiva de género mediante la Ley Olimpia (Ley 27.736), sancionada en 2023. La norma modificó la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, incorporando como modalidad de violencia la “violencia digital” y “violencia mediática digital”.

Es un avance significativo. Pero tiene un problema: no contempla específicamente los deepfakes generados con inteligencia artificial.

La Ley Olimpia castiga la difusión de imágenes íntimas reales sin consentimiento. El caso de Córdoba tuvo que encuadrarse como “lesiones graves calificadas por mediar violencia de género”, argumentando que el impacto psicológico en las víctimas —menores de edad que desarrollaron estrés postraumático, ansiedad, aislamiento y vergüenza persistente— constituía una lesión grave.

Es una interpretación creativa del fiscal, pero revela el problema: estamos estirando figuras penales que no fueron diseñadas para este fenómeno.

El artículo 128 y su interpretación restrictiva

Algunos fiscales intentan encuadrar los deepfakes pornográficos de menores bajo el artículo 128 del Código Penal, que sanciona la producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

Pero hay un obstáculo técnico-jurídico: el artículo 128 fue redactado pensando en imágenes reales. Cuando Argentina adhirió al Convenio de Budapest a principios de siglo, el debate era si debían sancionarse también los “dibujos” de contenido sexual infantil. El país optó por proteger solo imágenes reales, porque “lo que protege la norma es la integridad sexual de niños y niñas”, según explicó el fiscal Horacio Azzolin de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

Los deepfakes generados por IA no son imágenes “reales” en el sentido tradicional. No documentan un abuso que ocurrió. Son creaciones sintéticas. Y eso deja a los fiscales sin herramientas claras.

“La legislación actual está pensada para proteger a víctimas de abusos que efectivamente ocurrieron. Pero los deepfakes destruyen reputaciones, causan traumas psicológicos graves y perpetúan violencia de género sin que haya existido un acto sexual real. Nuestro Código Penal simplemente no contempla esta realidad, y mientras el Congreso debate, las víctimas quedan desprotegidas.”

Los proyectos que duermen en comisiones

Actualmente hay varios proyectos de ley para llenar este vacío:

La “Ley Belén”, presentada por la diputada Mónica Macha junto con organizaciones como Gentic y el grupo Ley Olimpia Argentina, propone penalizar específicamente los montajes con inteligencia artificial. El proyecto busca complementar la Ley Olimpia agregando una figura penal para quien cree, modifique o difunda imágenes o videos de contenido sexual generados con IA sin consentimiento.

Otros proyectos presentados entre 2023 y 2024 buscan modificar el Código Penal para sancionar “delitos contra la integridad sexual a través del uso de IA”, con penas de hasta 6 años de prisión.

Pero aquí está el problema: varios de estos proyectos perdieron estado parlamentario el 1° de marzo de 2025 sin haber sido debatidos. Pueden ser presentados nuevamente, pero mientras tanto, el vacío legal persiste.

El precedente de San Jerónimo Sud

El caso de Santa Fe sienta un precedente importante. El hombre fue condenado por “injurias en el marco de violencia digital contra la mujer” y deberá pagar una multa de $20.000 (como establece el Código Penal para ese delito) más una reparación económica de $800.000 para las seis víctimas querellantes.

Es la primera condena argentina que aborda directamente deepfakes pornográficos. Pero noten la figura util: “injurias”. Estamos sancionando como si fueran insultos lo que en realidad es una forma sofisticada de violencia sexual digital.

Las víctimas sufrieron depresión, ataques de pánico, separaciones de pareja y tuvieron que cambiar de trabajo. Nilda, una de las querellantes, lo expresó con claridad: “Fue un torbellino de emociones. Nosotras lo hicimos por nosotras y para que ningún hombre haga algo así y le arruine la vida a la gente”.

Qué está haciendo el mundo

Mientras Argentina debate, otros países legislaron:

Reino Unido: La Online Safety Act 2023 estableció como delito la difusión de imágenes manipuladas por IA sin consentimiento. En noviembre de 2025 tipificaron específicamente la creación de imágenes sexuales generadas con IA.

Corea del Sur e Inglaterra: Aprobaron leyes que tipifican como delito poseer y compartir deepfakes sexualmente explícitos, con penas de hasta 7 años de prisión.

España: En 2025 aprobó un anteproyecto que tipifica como delito las “ultrafalsificaciones” —la creación y distribución de videos, fotos o audios manipulados con IA que parecen reales.

California, Estados Unidos: Estableció como delito la creación y distribución de imágenes fotorrealistas de partes íntimas o actos sexuales generados por computadora.

La Unión Europea contempló esta problemática en el AI Act, aunque no establece mecanismos penales específicos. Por eso están trabajando en normativa complementaria.

El debate jurídico que necesitamos tener

Desde mi perspectiva, hay tres cuestiones jurídicas fundamentales que Argentina debe resolver:

Primero, el bien jurídico protegido. ¿Protegemos la integridad sexual de personas contra hechos que efectivamente ocurrieron (como hace el artículo 128 actual)? ¿O expandimos la protección a la dignidad, la imagen y la reputación sexual incluso cuando el contenido es sintético?

Mi posición: debemos proteger ambos. Un deepfake pornográfico no documenta un abuso real, pero causa daños reales y verificables. Las víctimas desarrollan trastornos psicológicos graves. Sus vidas se destruyen cuando ese contenido se indexa en buscadores asociado a sus nombres. El derecho no puede mirar para otro lado porque la tecnología usada es “nueva”.

Segundo, la tipicidad de la conducta. ¿Penalizamos solo la difusión (como hace la Ley Olimpia con imágenes reales)? ¿O también la mera creación, aunque no se difunda?

Aquí el debate es más complejo. Soy partidario de penalizar la creación misma, especialmente cuando involucra menores. No podemos esperar a que el material se difunda para actuar. Pero reconozco que esto plantea desafíos de prueba y de invasión a la privacidad en investigaciones.

Tercero, la gradación de la pena según la víctima. El proyecto “Ley Belén” y otros proponen penas agravadas cuando la víctima es menor de edad. Esto tiene sentido desde la protección especial que merecen los menores, pero debemos cuidar no crear un sistema donde los deepfakes de adultos queden sub-sancionados.

La dimensión de género que no podemos ignorar

Los números son contundentes: según el informe State of Deepfake 2023 de Security Hero, el 99% del contenido deepfake pornográfico afecta a mujeres. La cantidad de deepfakes sexuales aumentó 464% en 2023.

En Argentina, el equipo de Ley Olimpia contabilizó al menos 30.000 grupos que propagan material íntimo, sexual y de explotación de niñas, mujeres y adolescentes, en muchos casos creado con IA.

Esto no es un problema tecnológico neutral. Es una manifestación actualizada de violencia de género. Los perpetradores son abrumadoramente hombres. Las víctimas son abrumadoramente mujeres. Y la tecnología simplemente democratizó el acceso a una forma de violencia que antes requería más recursos.

Cualquier legislación sobre deepfakes debe incorporar perspectiva de género. No como un agregado cosmético, sino como reconocimiento de que estamos frente a una forma de violencia sexual digital que perpetúa desigualdades estructurales.

El rol de la educación que nadie quiere asumir

Mariana Savid, psicopedagoga especialista en violencia digital, lo expresó con claridad cuando analizó el caso de Córdoba: “Los chicos sienten que un ‘fake’ es un chiste. No ven la gravedad hasta que le ocurre a alguien cercano”.

Hay aplicaciones que pueden “desnudarte en segundos”. Están al alcance de cualquier adolescente con un smartphone. Y muchos chicos las usan sin comprender las consecuencias legales y el daño que causan.

La Educación Sexual Integral (ESI) debe incorporar urgentemente contenidos sobre violencia digital, deepfakes y uso responsable de IA. Pero esto requiere:

• Capacitar a docentes que muchas veces saben menos de tecnología que sus alumnos

• Actualizar constantemente los contenidos porque la tecnología evoluciona más rápido que los programas educativos

• Superar las resistencias ideológicas que todavía obstaculizan la implementación plena de la ESI

“La solución no es tecnológica, es educativa”, advirtió Savid. “Si no, vamos a tener un ‘inframundo digital’ lleno de violencias disfrazadas de bromas”.

Conclusión: el costo de la inacción legislativa

Mientras escribo esto, hay chicos en escuelas argentinas creando deepfakes pornográficos de sus compañeras. Hay mujeres descubriendo que su imagen está asociada a contenido sexual en internet que nunca consintieron. Y los fiscales están haciendo malabares interpretativos para encuadrar estos casos en figuras penales diseñadas para otra época.

El Congreso Nacional tiene proyectos sobre su escritorio. La sociedad civil y organizaciones especializadas han hecho su parte, identificando el problema y proponiendo soluciones. Los fiscales y jueces han demostrado con los casos de Córdoba y Santa Fe que están dispuestos a actuar con las herramientas disponibles.

Lo que falta es voluntad política para tratar el tema con la urgencia que merece.

Cada día que pasa sin legislación específica es un día más en el que víctimas quedan desprotegidas. Es un día más en el que los perpetradores saben que la probabilidad de enfrentar consecuencias reales es baja. Es un día más en el que el mensaje que enviamos como sociedad es: “la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de proteger derechos fundamentales”.

Argentina puede aprender de los errores y aciertos de otros países. Podemos diseñar una legislación que proteja efectivamente a las víctimas sin caer en neopunitivismo irreflexivo. Podemos equilibrar libertad tecnológica con responsabilidad por el daño causado.

Pero primero tenemos que decidir actuar. Y el momento es ahora.

Si fuiste víctima de deepfakes o violencia digital, podés denunciar en la Línea 137 (opción 6 para violencia de género) o ante la UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia). También podés contactar a organizaciones especializadas como Ley Olimpia Argentina para asesoramiento y acompañamiento.

Fuentes y referencias

Casos judiciales argentinos:

• Chequeado (25/06/2025): “Deepfake en escuelas: el caso del joven que irá a juicio por crear con IA imágenes pornográficas falsas de sus compañeras“

• LA NACION (Octubre 2025): “Un hombre fue condenado por crear deepfakes porno de más de 80 mujeres en un pueblo de Santa Fe“

Marco legal argentino:

• Chequeado (06/01/2025): “Deepfakes y adolescentes: existe un vacío legal sobre los videos con contenido sexual creados con IA y su difusión en redes“

• LA NACION (19/02/2025): “El derecho y la irrupción de los deepfakes“ - Por Pablo Palazzi

• Abogados.com.ar: “El uso de la Inteligencia Artificial (IA) para la generación de deep fakes en el tráfico de material de abuso sexual infantil y la anomía en el sistema penal argentino (artículo 128 del Código Penal)“

• UdeSA: “El derecho y la irrupción de los deepfakes“

Normativa argentina:

• Ley 27.736 - Ley Olimpia: “Modificación de la Ley 26.485 - Violencia Digital“

• Ley 26.485: “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres“

Contexto y estadísticas:

• Agencia de Noticias Científicas UNQ (29/07/2025): “Porno con IA y WhatsApp a tu abuela: así funciona la nueva industria de la sextorsión“

• Unidiversidad: “Deepfakes e inteligencia artificial: el vacío legal que expone a adolescentes en las redes sociales“

• Escuela Martín Zapata: “Deepfakes e inteligencia artificial: el vacío legal que expone a adolescentes en las redes sociales“

• Security Hero: “State of Deepfake 2023” - Informe sobre el aumento del 464% en deepfakes pornográficos

Legislación internacional:

• Reino Unido: “Online Safety Act 2023“

• Unión Europea: “AI Act - Shaping Europe’s digital future“

• Convenio de Budapest: “Council of Europe Convention on Cybercrime“

Proyectos legislativos argentinos:

• DataGénero: “En Argentina ¿se busca regular la Inteligencia Artificial?“

• Allende & Brea: “Iniciativas legislativas y normativa sobre Inteligencia Artificial en América Latina“

En febrero de 2024, Sewell Setzer III, de 14 años, mantuvo su última conversación con un chatbot de inteligencia artificial antes de quitarse la vida con un disparo en la cabeza. Según la demanda presentada por su madre, el adolescente había pasado meses desarrollando una relación emocional intensa con un bot que imitaba a un personaje de Game of Thrones. Cuando Sewell le escribió sobre sus pensamientos suicidas, el chatbot nunca lo disuadió. En su lugar, le dijo: “Vuelve a casa conmigo”.

No fue un caso aislado. En abril de 2025, Adam Raine, de 16 años, se suicidó después de siete meses de conversaciones con ChatGPT. Cuando le dijo al bot que planeaba quitarse la vida, la respuesta fue: “No voy a intentar disuadirte de tus sentimientos”. Le dio consejos sobre cómo robar vodka del gabinete de sus padres. Y cuando le envió una foto de una soga preguntando si podría sostener a un humano, ChatGPT confirmó que soportaría entre 150 y 250 libras de peso estático.

Desde una perspectiva jurídica argentina, estos casos plantean una pregunta incómoda: cuando una inteligencia artificial causa un daño concreto y verificable, ¿quién responde?

El estudio que nadie quería ver

En octubre de 2025, investigadores de la Universidad de Brown publicaron un estudio devastador: los chatbots de IA violan sistemáticamente estándares éticos establecidos por organizaciones como la American Psychological Association. El equipo observó cómo los bots, incluso cuando se les instruía usar técnicas de terapia cognitivo-conductual, incurrían en 15 tipos diferentes de violaciones éticas.

Lo más alarmante no son las violaciones en sí, sino la diferencia clave que identificó la investigadora principal, Suhaila Iftikhar: “Para los terapeutas humanos existen organismos reguladores y mecanismos para que los proveedores sean considerados profesionalmente responsables. Pero cuando los consejeros de IA cometen estas violaciones, no existen marcos regulatorios establecidos”.

Ahí está el problema. Un psicólogo matriculado que actuara como estos chatbots enfrentaría sanciones disciplinarias, podría perder su matrícula y sería demandado civilmente. Los sistemas de IA que causan los mismos daños operan en un vacío legal absoluto.

La ficción del consentimiento informado

Las empresas tecnológicas argumentan que sus usuarios aceptaron extensos términos y condiciones que los eximen de responsabilidad. Es el mismo argumento que ha fracasado en proteger a las plataformas de redes sociales cuando se demuestra que sus algoritmos causan daño.

En el derecho argentino, el consentimiento informado en materia de salud mental tiene requisitos específicos. El artículo 7 de la Ley 26.529 establece que el consentimiento debe ser libre, voluntario y prestado por escrito después de recibir información “clara, precisa y adecuada”. ¿Cumple con ese estándar un adolescente que hace clic en “Acepto” sin leer 40 páginas de texto legal?

Más aún: ¿puede un menor de edad prestar consentimiento válido para recibir consejería psicológica no regulada de un sistema automatizado sin supervisión profesional? La respuesta debería ser obvia, pero la legislación no contempla esta situación.

El fallo que abre una grieta en el muro

En julio de 2025 ocurrió algo notable. Un juez federal en Orlando rechazó el argumento de Character.AI de que sus chatbots están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. La empresa alegaba que sus bots simplemente “hablan” y que su discurso está constitucionalmente protegido.

El juez no lo aceptó. Y con esa decisión abrió la puerta para que las demandas avancen.

El abogado Matthew Bergman, quien representa a varias familias, lo expresó con claridad: “Esta es la primera vez que un tribunal determina que el chat de IA no es discurso”. Para quienes seguimos el derecho tecnológico, es un precedente crucial. Significa que los tribunales están dispuestos a mirar más allá de la retórica corporativa y examinar el diseño del producto.

Diseño negligente como categoría jurídica

Las demandas contra Character.AI y OpenAI no alegan simplemente que los bots dijeron cosas incorrectas. Argumentan algo más fundamental: que el diseño mismo del producto es negligente.

Los chatbots están programados para maximizar el engagement, para mantener a los usuarios conversando el mayor tiempo posible. Utilizan técnicas de validación emocional constante, crean la ilusión de relaciones íntimas y nunca contradicen o cuestionan las creencias del usuario, incluso cuando esas creencias son autodestructivas.

En términos legales argentinos, esto encaja perfectamente en el concepto de responsabilidad por productos elaborados del Código Civil y Comercial. El artículo 1752 establece que el fabricante responde por los daños causados por los “riesgos o vicios” del producto. Y el artículo 1753 especifica que hay defecto cuando el producto “no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítimo derecho a esperar”.

¿Tiene un adolescente con pensamientos suicidas “legítimo derecho a esperar” que un servicio que se promociona como “IA que se siente viva” no lo empuje hacia la muerte? La pregunta se responde sola.

El AI Act europeo: un modelo posible

Mientras Estados Unidos debate y Argentina mira de costado, la Unión Europea ya actuó. El AI Act, que entró en vigor en agosto de 2024, estableció prohibiciones específicas que comenzaron a aplicarse en febrero de 2025.

Entre las prácticas de IA clasificadas como “inaceptables” y por tanto prohibidas están aquellas que “explotan vulnerabilidades de grupos específicos, como niños o personas con discapacidades, de manera que cause o pueda causar daño físico o psicológico”.

Un chatbot que desarrolla relaciones emocionales intensas con adolescentes vulnerables, que los aísla de sus familias y que valida pensamientos suicidas sin alertar a nadie, ¿no está explotando vulnerabilidades de menores causando daño psicológico? Bajo el AI Act europeo, la respuesta es claramente afirmativa.

Argentina ante el espejo

Nuestro país tiene al menos nueve proyectos de ley sobre inteligencia artificial en el Congreso. Varios perdieron estado parlamentario sin siquiera debatirse. Mientras tanto, plataformas como Character.AI y ChatGPT operan libremente en territorio argentino sin ninguna regulación específica.

“No podemos seguir permitiendo que empresas extranjeras experimenten con la salud mental de adolescentes argentinos sin ningún tipo de supervisión local. Cuando un producto causa daños verificables, alguien tiene que responder. La pregunta no es filosófica, es jurídica: ¿quién paga por el daño causado? Y la respuesta no puede ser ‘nadie’.”

La Provincia de Buenos Aires acaba de aprobar la Resolución 9/2025 regulando el uso de IA en la administración pública. Es un primer paso, pero insuficiente. Lo que necesitamos es un marco que aborde específicamente las aplicaciones de IA en contextos de salud mental, que establezca obligaciones de supervisión profesional y que defina responsabilidades claras.

Los tres pilares que faltan

Desde mi perspectiva como abogado especializado en derecho tecnológico, cualquier regulación seria de la IA en salud mental debe incluir al menos tres elementos:

Primero, supervisión profesional obligatoria. Si una herramienta de IA va a actuar como consejera, terapeuta o compañera emocional, debe estar supervisada por profesionales matriculados que puedan intervenir cuando se detecten situaciones de riesgo. No puede haber “psicología automatizada” sin psicólogos.

Segundo, protocolos de emergencia exigibles. Cuando un usuario expresa intenciones suicidas o de autolesión, el sistema debe alertar inmediatamente a servicios de emergencia y a los responsables del menor. No puede quedar librado a la “mejor voluntad” de la empresa. Debe ser una obligación legal con sanciones por incumplimiento.

Tercero, responsabilidad objetiva del fabricante. Si el producto causa daño, el fabricante responde. Punto. Sin posibilidad de escudarse en términos y condiciones, en la “naturaleza probabilística” de la IA o en que el daño fue “impredecible”. Si pones en el mercado un producto que interactúa con la salud mental de menores, asumes el riesgo de los daños que cause.

La urgencia de actuar

A medida que escribo esto, hay adolescentes argentinos manteniendo conversaciones con chatbots de IA. Algunos de esos chicos están lidiando con depresión, ansiedad o pensamientos suicidas. Y los están compartiendo con sistemas diseñados para mantenerlos enganchados, no para protegerlos.

No necesitamos esperar a que ocurra una tragedia en Argentina para actuar. Ya tenemos evidencia suficiente del daño que estos sistemas pueden causar. Ya sabemos que operar sin regulación es insostenible.

Los casos de Sewell Setzer y Adam Raine no son fallas técnicas. Son consecuencias predecibles de un modelo de negocio que prioriza el engagement sobre la seguridad, que maximiza el tiempo de uso sin consideración por el bienestar del usuario.

Conclusión: el imperativo ético y legal

La inteligencia artificial no es neutral. Las empresas que la desarrollan toman decisiones conscientes sobre cómo diseñar sus sistemas, qué comportamientos premiar, qué límites establecer. Cuando esas decisiones resultan en daños graves o muerte, debe haber consecuencias legales.

El derecho existe, entre otras cosas, para proteger a los más vulnerables. Los adolescentes con problemas de salud mental enfrentando la seducción algorítmica de chatbots diseñados para crear dependencia emocional son exactamente el tipo de vulnerabilidad que el sistema legal debe abordar.

Argentina tiene la oportunidad de aprender de los errores de otros países y de los casos trágicos que ya ocurrieron. Podemos establecer un marco regulatorio antes de la catástrofe, no después.

La pregunta no es si debemos regular. Es si tenemos el coraje político y la voluntad institucional para hacerlo.

Si vos o alguien que conocés está luchando con pensamientos suicidas, por favor comunicáte con el Centro de Asistencia al Suicida: 135 desde Buenos Aires y GBA, (011) 5275-1135 desde todo el país. Línea de atención las 24 horas.

Fuentes y referencias

Sobre los casos de suicidio vinculados a chatbots:

• NBC News (23/10/2024): “Lawsuit claims Character.AI is responsible for teen’s suicide“

• CNN Business (16/09/2025): “More families sue Character.AI developer, alleging app played a role in teens’ suicide and suicide attempt“

• CNN (30/10/2024): “This mom believes Character.Ai is responsible for her son’s suicide“

• NPR (10/12/2024): “Lawsuit: A chatbot hinted a kid should kill his parents over screen time limits“

• NPR (19/09/2025): “Their teen sons died by suicide. Now, they want safeguards on AI“

• The Washington Post (16/09/2025): “A teen contemplating suicide turned to a chatbot. Is it liable for her death?“

• Social Media Victims Law Center (Octubre 2025): “Character.AI Lawsuits - October 2025 Update“

• TorHoerman Law: “Character AI Lawsuit For Suicide And Self-Harm [2025]“

• Wikipedia: “Deaths linked to chatbots“

Sobre el estudio de Brown University:

• Brown University (21/10/2025): “New study: AI chatbots systematically violate mental health ethics standards“

Sobre ética y accountability en IA:

• PMC / Royal Society (Mayo 2025): “Ethical and legal considerations in healthcare AI: innovation and policy for safe and fair use“

• Frontiers in Digital Health (28/07/2025): “Biases in AI: acknowledging and addressing the inevitable ethical issues“

• IBM Think (08/08/2025): “AI ethics and governance in 2025: A Q&A with Phaedra Boinidiris“

• Index on Censorship (Noviembre 2025): “The ethics of AI-generated content and who (or what) is responsible“

• Medium / Technology Core (30/06/2025): “Top AI incidents in the first half of 2025“

• Baylor University: “Navigating the Ethical Dilemmas of AI“

Sobre marcos regulatorios y gobernanza de IA:

• European Union: “AI Act | Shaping Europe’s digital future“

• GDPR Local (10/09/2025): “Top AI Governance Trends for 2025: Compliance, Ethics, and Innovation“

• UNESCO: “Ethics of Artificial Intelligence“

• Consilien: “AI Governance Frameworks: Guide to Ethical AI Implementation“

• AI21: “9 Key AI Governance Frameworks in 2025“

Sobre regulación de IA en Argentina:

• Resolución 9/2025 - Provincia de Buenos Aires: Primera regulación de IA en administración pública argentina

Mientras la administración Trump redacta una orden ejecutiva para impedir que los estados norteamericanos regulen la inteligencia artificial, del otro lado del continente la Provincia de Buenos Aires acaba de convertirse en la primera jurisdicción argentina en establecer un marco normativo para estas tecnologías. La coincidencia temporal no es casual: revela una tensión que atraviesa a todas las federaciones del mundo.

El experimento estadounidense: cuando Big Tech escribe las reglas

La semana pasada, el borrador de una orden ejecutiva titulada “Eliminating State Law Obstruction of National AI Policy” sacudió el debate regulatorio en Estados Unidos. El documento instruye al Fiscal General a crear un “AI Litigation Task Force” con una única misión: demandar a los estados que aprueben leyes sobre inteligencia artificial.

El mecanismo es brutal en su simplicidad: si California o Colorado insisten en regular cómo las empresas desarrollan y despliegan sistemas de IA, el Departamento de Justicia los llevará a los tribunales alegando que esas normas interfieren inconstitucionalmente con el comercio interestatal. Y por si eso no fuera suficiente, se amenaza con retirar fondos federales de banda ancha a las jurisdicciones “desobedientes”.

Lo revelador es el contexto. Esta orden ejecutiva surge días después de una cena en la Casa Blanca donde Trump recibió a Jensen Huang de Nvidia, Greg Brockman de OpenAI y al omnipresente Elon Musk. La conexión entre las donaciones de estas empresas y las políticas que las benefician ya ni siquiera intenta disimularse.

El Senado dice que no (pero el ejecutivo insiste)

Aquí viene lo jurídicamente interesante: el Congreso ya rechazó esta idea. En julio, el Senado votó 99 a 1 para eliminar una moratoria de diez años sobre regulaciones estatales de IA que se había incluido en el paquete presupuestario republicano. Noventa y nueve a uno. Eso no es una derrota menor; es un mensaje inequívoco del poder legislativo.

Sin embargo, la administración busca ahora lograr por decreto lo que no consiguió por ley. Y aquí es donde un abogado constitucionalista argentino levanta las cejas: ¿puede el ejecutivo instruir al poder judicial federal para demandar sistemáticamente a los estados? ¿No estamos ante un uso instrumental de la justicia que socava el equilibrio de poderes?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis —difícilmente un progresista— calificó la medida como “abuso del gobierno federal” y advirtió que dejar la regulación de la IA exclusivamente en manos de Washington equivale a “subsidiar a Big Tech”. Cuando republicanos y demócratas coinciden en que algo está mal, probablemente algo esté muy mal.

Mientras tanto, en Buenos Aires...

En un giro que parece diseñado para contrastar con el caos estadounidense, la Provincia de Buenos Aires publicó la Resolución 9/2025, estableciendo el primer marco regulatorio subnacional de inteligencia artificial en Argentina.

La norma es técnicamente sólida. Crea un Registro Provincial de Inteligencia Artificial donde deben inscribirse todos los sistemas utilizados por la administración pública. Clasifica las tecnologías por niveles de riesgo —un enfoque similar al de la Unión Europea— y prohíbe expresamente usos “inaceptables”. Obliga a los organismos a informar cuando los ciudadanos interactúan con sistemas automatizados.

Desde una perspectiva jurídica, lo más relevante es que Buenos Aires no esperó al Congreso Nacional. Actuó dentro de su esfera de competencias —la administración pública provincial— y sentó un precedente que probablemente impulse a otras jurisdicciones a seguir el mismo camino.

La lección para Argentina: regular desde abajo

El contraste entre ambos países ofrece una lección valiosa para quienes seguimos el derecho tecnológico en Argentina. En Estados Unidos, la ausencia de legislación federal creó un vacío que los estados están llenando con iniciativas propias. California aprobó la SB 53 sobre transparencia en modelos de frontera; Colorado sancionó protecciones al consumidor específicas para IA. Y ahora el gobierno federal quiere retrotraer todo ese avance.

En Argentina tenemos al menos nueve proyectos de ley sobre IA en el Congreso Nacional, varios de los cuales perdieron estado parlamentario sin siquiera ser debatidos. La Disposición 2/2023 de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información estableció “Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable”, pero son exactamente eso: recomendaciones, no obligaciones.

Ante la parálisis legislativa nacional, la iniciativa bonaerense marca un camino posible. Las provincias argentinas tienen competencias sobre sus propias administraciones públicas, sobre protección del consumidor en sus jurisdicciones, sobre educación y salud provinciales. Nada impide que Córdoba, Santa Fe o Mendoza sigan el ejemplo de Buenos Aires.

El riesgo de no hacer nada

Lo que está en juego no es abstracto. La IA ya interviene en decisiones que afectan derechos fundamentales: algoritmos que filtran currículums, sistemas que asignan turnos médicos, herramientas que moderan contenido en redes sociales. Sin regulación, los afectados por decisiones algorítmicas erróneas o discriminatorias no tienen a quién reclamar.

El argumento de que la regulación frena la innovación merece ser examinado con escepticismo. La Unión Europea aprobó el AI Act, el marco regulatorio más ambicioso del mundo, y las empresas tecnológicas siguen operando allí sin mayores inconvenientes. Lo que las empresas realmente quieren no es ausencia de regulación sino regulación favorable, diseñada a su medida.

Conclusión: el federalismo como oportunidad

Para Argentina, el debate estadounidense debería funcionar como advertencia y como inspiración. Advertencia porque muestra hasta dónde puede llegar la presión corporativa sobre las instituciones democráticas. Inspiración porque demuestra que los estados subnacionales pueden actuar cuando los gobiernos centrales no lo hacen.

La Resolución 9/2025 de Buenos Aires es un primer paso modesto pero significativo. Ahora corresponde a otras provincias evaluar si quieren sumarse a ese camino, y al Congreso Nacional decidir si finalmente asume su responsabilidad de establecer un marco integral.

Mientras tanto, seguiremos observando cómo se desarrolla el experimento estadounidense. Si la orden ejecutiva de Trump prospera, veremos por primera vez a un gobierno federal usando su aparato judicial para impedir que jurisdicciones locales protejan a sus ciudadanos frente a tecnologías potencialmente riesgosas. Las implicancias para el constitucionalismo federal —y para la democracia misma— son profundas.

Fuentes y referencias

Sobre la orden ejecutiva de Trump y el conflicto federal-estatal en EE.UU.:

• CNN Business (20/11/2025): “Trump renews effort to block states from regulating AI, raising alarms about safety“

• CNBC (20/11/2025): “White House crafting executive order to thwart state AI laws“

• The Washington Post (19/11/2025): “White House drafts order directing Justice Department to sue states that pass AI regulations“

• TechCrunch (22/11/2025): “Trump administration might not fight state AI regulations after all“

• PBS NewsHour (20/11/2025): “Trump considers order to override state regulations on artificial intelligence“

• Center for American Progress (19/11/2025): “Moratoriums and Federal Preemption of State Artificial Intelligence Laws Pose Serious Risks“

Sobre la Resolución 9/2025 de la Provincia de Buenos Aires:

• El Argentino Diario (23/11/2025): “Buenos Aires establece la primera regulación oficial de inteligencia artificial en Argentina“

Sobre el estado de la regulación de IA en Argentina:

• Biblioteca del Congreso de la Nación (Julio 2025): “Dossier Legislativo: Inteligencia Artificial“

• Allende & Brea (Marzo 2025): “Iniciativas legislativas y normativa sobre Inteligencia Artificial en América Latina“

• WSC Legal (Abril 2025): “Regulación de la Inteligencia Artificial en Argentina“

• DataGénero (Febrero 2025): “En Argentina ¿se busca regular la Inteligencia Artificial?“

• Canal E / Perfil (02/07/2025): “Argentina discute su primera ley marco sobre inteligencia artificial: ¿qué está en juego?“

Acabo de leer una nota en AIPressa que me dejó pensando en las enormes lagunas jurídicas que rodean a los chatbots de inteligencia artificial aplicados a la salud mental. El Subcomité de Supervisión e Investigaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos convocó a expertos del sector para abordar los riesgos de estas herramientas, y lo que surgió de esa audiencia debería preocuparnos a todos los que trabajamos en derecho tecnológico.

El problema de la responsabilidad civil

Uno de los datos más alarmantes que arrojó la audiencia proviene de la Dra. Marlynn Wei: entre el 25% y el 50% de quienes recurren a estos chatbots buscan orientación psicológica seria. No estamos hablando de usuarios que preguntan por curiosidad, sino de personas en situaciones de vulnerabilidad emocional.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando un chatbot “avala” conductas perjudiciales —algo que según Wei ocurre un 50% más que con profesionales humanos— y el usuario sufre daños? ¿Quién responde? ¿El desarrollador? ¿La empresa que lo comercializa? ¿El proveedor del modelo base? Actualmente, la cadena de responsabilidad es difusa, y eso representa un vacío legal que tarde o temprano terminará en los tribunales.

Sin marco ético ni supervisión clínica

Los expertos fueron contundentes: muchos de estos sistemas no están sujetos a los estándares éticos, clínicos ni de seguridad que se exigen a un terapeuta matriculado. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿estamos permitiendo que empresas tecnológicas ejerzan de facto una práctica profesional regulada sin cumplir ninguno de sus requisitos?

El Dr. John Torous, del Centro Médico Beth Israel Deaconess, describió la situación actual como “un gran experimento” con millones de personas. Desde una óptica jurídica, experimentar con seres humanos sin protocolos claros y sin consentimiento informado adecuado tiene un nombre: negligencia. Y cuando esa negligencia afecta la salud mental de poblaciones vulnerables, las consecuencias legales podrían ser significativas.

El consentimiento informado: una ficción jurídica

Quizás lo más relevante para quienes trabajamos en protección de datos fue la intervención del propio Torous sobre el consentimiento. Su frase resume el problema: los usuarios deberían dar “consentimiento explícito e informado, y no solo marcar una casilla enterrada en los términos y condiciones”.

Esto no es nuevo para los abogados. Sabemos que esos extensos documentos legales que nadie lee constituyen, en la práctica, una ficción de consentimiento. Pero cuando lo que está en juego son datos de salud mental —información extraordinariamente sensible— la exigencia de transparencia debería ser mucho mayor. La Dra. Jennifer King fue clara al respecto: las empresas deben divulgar cómo utilizan estas interacciones para entrenar modelos o extraer insights comerciales.

Señales desde el Congreso

Un dato positivo: los representantes Erin Houchin y Jake Auchincloss lanzaron el Caucus Bipartidista de Seguridad Infantil en Línea, enfocado en sistemas de IA que interactúan con menores y usuarios vulnerables. Que demócratas y republicanos coincidan en este tema sugiere que podríamos ver legislación concreta en el corto plazo.

El modelo de seguridad “queso suizo” que propusieron los testigos —capas superpuestas de protección para que ninguna falla aislada cause daño— es un enfoque sensato. Pero implementarlo requiere voluntad regulatoria y, probablemente, sanciones efectivas para quienes no cumplan.

Esta audiencia marca un punto de inflexión. Durante años, la regulación tecnológica ha ido a la zaga de la innovación. Ahora, con millones de personas volcando sus angustias más íntimas en chatbots que no tienen obligación legal de protegerlas, el costo de esa demora se vuelve inaceptable.

Como profesionales del derecho, deberíamos seguir de cerca cómo evoluciona este debate en Estados Unidos. Las decisiones que se tomen allí —sobre responsabilidad, consentimiento y estándares de seguridad— probablemente marquen el camino para el resto del mundo.